Hace 60 años, la mujer mexicana hizo valer por primera vez su derecho al voto, precisamente en la elección de los integrantes de la entonces XLIII legislatura mexicana.
Para muchos, el primer gran avance en el reconocimiento a un derecho y el comienzo del camino a la igualdad de género para la administración pública y la iniciativa privada.
Se aceptó así que México no puede construirse por unos cuantos. Desde entonces se admitió que este país requiere de todas las manos, ideas y esfuerzos para crecer y transitar hacia mejores estándares de vida, aunque aún en los hechos no se ha cumplido con eficacia.
Incluso hasta el final de la disposición se evidenció la resistencia para admitir la capacidad de la mujer y su importante papel en la comunidad. Es por eso, que el reconocimiento a su derecho de votar se dio en octubre de 1953 pero fue hasta el 3 de julio del año de 1955 cuando se hizo efectiva su participación en las urnas.
Su colaboración en la vida democrática ha pasado en este más de medio siglo, de la sumisión a la decisión libre. La primera experiencia electoral fue apática, aunque la historia juzga que obedecía a la tradición que imperaba en esa época.
Y no se olvida la gran barrera del empoderamiento del varón en la mayoría de los hogares, que llegó a reprimir e imponer su decisión incluso sobre cómo ejercer el voto.
Fue en los años sesentas, con los movimientos identificados como feministas, que se comenzaron a exigir los espacios que legítimamente les corresponden. Y con ello surgió también un mayor ánimo por elegir y demandar a sus autoridades el cumplimiento de sus deberes.
Decía la activista estadounidense Elizabeth Cady que el lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. Y es su ilustración en la que coincidimos que a nuestro país aún le falta cumplir un largo trayecto sobre el reconocimiento absoluto de su participación en todos los ámbitos.
México cuenta con un creciente compromiso de las mujeres en la construcción de mejores comunidades. Nos han dado ejemplo de su lucha para la aceptación de sus convicciones y la satisfacción de sus necesidades, que siempre tienen que ver con el beneficio de sus hogares.
Actualmente, el 52 por ciento del padrón de más de 83 millones de electores en México está conformado por ellas. Esto representa que cuentan con el peso suficiente para definir los gobiernos a los que todos aspiramos y con la fuerza para bien orientar las políticas públicas de una nación, un estado o un municipio.
Los resultados de la pasada elección electoral, refieren a un decremento cercano al cuatro por ciento en la participación de las mujeres para elegir a los integrantes de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, con relación al proceso electoral del año 2012.
Es entendible su desconfianza y desánimo contra la clase política. Su hartazgo por los malos gobiernos que en vez de responder a sus requerimientos y los de sus familias, sólo ha provocado el desencanto y el enojo.
Es aquí donde se cuenta con el reto de contar con liderazgos de verdadera representación, pero sobre todo, con un compromiso serio en trabajar de forma honesta y decidida para alcanzar la justicia social en el país.
En la historia del presidencialismo mexicano sólo 23 mujeres han encabezado alguna secretaría de estado de relevancia. En este momento, la Cámara de Diputados está conformada por un 37 por ciento de mujeres y en la de Senadores apenas representan el 32 por ciento.
La tendencia es que siga escalando posiciones, que si bien se da a paso lento por todas las trabas legales y los estigmas sociales, se está dando con seguridad y con una huella imborrable en la memoria de la democracia.
Siempre es valioso entender los anhelos de las mujeres y respaldar ese poder que muestran a través de su decisión en una elección o en un plan de gobierno; porque indudablemente lleva consigo la sensibilidad para responder a las necesidades de las familias y con ello participar en el desarrollo de este país.
Estoy convencido de que pensar en la democracia plena es suponer una sociedad sin exclusiones y con absoluta libertad para ejercer sus derechos y desenvolverse con estilo de vida donde prevalece el respeto a los demás.
