APRO/Gloria Leticia Díaz
Estigmatización, violación a los derechos humanos a la reunión pacífica, a la integridad personal, a no ser torturada o sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a vivir una vida libre de violencia, son algunas de los agravios que han sufrido miles de mujeres que han decidido ejercer su derecho a protestar en contra de la violencia feminicida que invade México, resalta el informe “La Era de las Mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan”, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento es el resultado del trabajo de la organización internacional con colectivas de mujeres que se han manifestado en México en contra de la violencia feminicida, advertida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de 2015 a noviembre de 2020 reportó 4 mil 451 carpetas de investigación por feminicidio.
Del contacto directo con mujeres que han participado en 10 protestas llevadas a cabo en 2020 en todo el país, así como entrevistas con funcionarios, organizaciones civiles y solicitudes de información a instituciones públicas, Amnistía Internacional determinó que cuerpos policiales de distintas ciudades del país, han violentado a mujeres, niñas y adolescentes que participaron en manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género, en tanto a que “han comenzado a ser estigmatizadas como violentas”, a pesar de que la mayor parte de las movilizaciones han sido pacíficas.
“El estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, se basa en y refuerza estereotipos contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres”, destaca el documento presentado este miércoles por las directoras de Amnistía Internacional para México y América Latina, Tania Reneaum y Érika Guevara.
Durante la investigación, Amnistía Internacional fue alertada de que los cuerpos policiales que participan en la contención de las manifestaciones son acuartelados “durante periodos prolongados antes de las manifestaciones, sin que se provean condiciones dignas de alojamiento y comida”, o bien cubren manifestaciones “tras jornadas extensas de trabajo sin descanso”, en tanto que se tuvo información de que mujeres policías “sufren formas de violencia de género al interior de las agencias policiales y que no son abordadas por las instituciones para prevenirlas o removerlas y que, aunque muchas veces son parte de equipos integrados exclusivamente por mujeres, la cadena de mando no incorpora ninguna mujer”.
La organización documentó que en el contexto de la represión a las manifestaciones, ocurrieron diversas formas de violencia sexual ejercida por corporaciones policiales contra manifestantes, detectando al menos cuatro casos de tocamientos sexuales sufridas por dos adolescentes en León, Guanajuato, y otra adolescente y una mujer en Ecatepec, mientras que en Cancún, Quintana Roo, una mujer denunció haber sido víctima de violación sexual, y se tuvo conocimiento de que otra mujer detenida habría sido sufrido es delito.
Avances mínimos
La organización lamentó que pese a que hace dos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, hay “avances mínimos en la adopción e implementación de medidas específicas y efectivas frente a la violencia de género contra las mujeres, incluyendo contra los diversos tipos de violencia sexual, en el contexto de manifestaciones”.
Entre sus conclusiones, Amnistía concluyó que por el nivel de violencia contra las mujeres y niñas que impera en México, “se configura una situación de riesgo particular para las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género”.
De acuerdo al análisis, la caracterización impuesta a las mujeres en México “genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra”.
Entre los discursos estigmatizantes están aquellos que consideran que las mujeres “deben quedarse en casa” o que por ser mujeres no tendrían que pintar consignas, romper cristales o intervenir monumentos, sin contar con que se justifican las violaciones a derechos humanos de que son víctimas como resultado de sus actividades de protesta.
Amnistía Internacional resaltó que, en la represión de las protestas, hubo manifestantes de entre 12 y 18 años, “por lo que las autoridades lejos de garantizar el interés superior de la niñez, restringen sus derechos humanos”, y que se evidenciaron “sesgos discriminatorios entre las autoridades” que tienden a considerar “sospechosas” a las mujeres que se cubren el rostro incluso con cubrebocas como medida sanitaria.
“Si bien las autoridades del Estado podrían justificadamente imponer ciertas restricciones para prevenir daños a la propiedad pública y privada, no deben tomar medidas que restrinjan indebidamente los derechos humanos e impidan manifestarse a quienes lo hacen de forma pacífica. Incluso, si un grupo de quienes participan en una protesta, utilizan la violencia, las autoridades tienen la obligación que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo, sin que puedan utilizar los actos violentos como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos de las demás personas que se manifiestan”, consideró Amnistía Internacional.
Contrario a sus obligaciones internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, las corporaciones policiales recurrieron al “encapsulamiento para acordonar grandes cantidades de mujeres manifestantes en la Ciudad de México, lo que resultó en la vulneración de los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente, e hicieron uso arbitrario de la fuerza letal -al que solo se debe recurrir en última instancia cuando hay riesgos inminentes de muerte o lesiones para una o varias personas- para dispersar una manifestación realizada el 11 de noviembre en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dejando tres persona heridas”, resalta Amnistía Internacional en su informe.
Detenciones arbitrarias
La organización internacional documentó la práctica de “detenciones o aseguramientos preventivos”, consistentes en detenciones arbitrarias “a quienes desean participar en manifestaciones o por ‘sospechas’ de querer realizar un delito”, práctica que llevó a cabo la policía de Culiacán, Sinaloa, al detener a tres mujeres que pretendían participar en una protesta el 9 de septiembre de 2020, y que los agentes “sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad”.
En este último evento, se detuvo a ocho personas, siete mujeres, de las cuales dos fueron heridas en la cabeza durante la detención ilegal y arbitraria, sin que se les prestara atención médica. Las ocho personas fueron acusadas por la Fiscalía General del estado de “daños”, fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía y después a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, “ni que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica”.
Amnistía documentó lo hechos ocurridos el 22 de agosto del año pasado en León, Guanajuato, donde la policía municipal “detuvo ilegal y arbitrariamente a nueve de 23 personas”, tras una manifestación, en la que las personas detenidas “no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna”, en tanto que los agentes no se identificaron con las detenidas ni les indicaron los motivos de la detención, ejerciendo un uso excesivo de la fuerza.
El informe contempla los hechos ocurridos en Ecatepec, Estado de México, del 10 de septiembre, en que personal de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, “desalojó con uso excesivo de fuerza, a las mujeres que ocupaban la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM) en un acto de protesta pacífica”, remitiendo a mujeres, niñas y niños al Atizapan de Zaragoza, a 30 minutos de Ecatepec, a altas horas de la madrugada. Un día después, cuando se desarrollaba una manifestación para exigir la liberación de las personas detenidas, personal de la Fiscalía “hizo uso innecesario y arbitrario de la fuerza contra personas que se manifestaban, arrojándoles objetos pesados para disgregarlas y persiguiéndolas aún cuando ya se habían dispersado”.
“Durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal basado en estereotipos de género (…), como una forma de aleccionamiento por atreverse a salir a manifestarse, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género”, que obligan a las mujeres a quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”.
De acuerdo a los testimonios recabados por Amnistía Internacional, las mujeres detenidas “sufrieron un intenso miedo a ser víctimas de desaparición forzada”, por la forma arbitraria en que fueron detenidas, “con uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que las y los integrantes policiales se identificaran debidamente, así como la incomunicación a la que fueron sometidas varias de las manifestantes, los traslados por rutas no usuales, sin conocer el sitio a donde iban a ser llevadas, y en algunos casos sin que fueran presentadas a autoridad competente”.
Violencia sexual
El documento alertó sobre las “diversas formas de violencia sexual” que sufrieron las manifestantes por parte de cuerpos policiales, como “amenazas de violencia sexual, comentarios de índole sexual, acoso sexual y omisión de tomar medidas frente al acoso sexual ejercido por otros detenidos, así como exámenes médicos realizados en presencia de personal distinto al de salud sin consentimiento de las manifestantes”.
La organización detectó cuatro casos de tocamientos sexuales contra dos adolescentes en León, Guanajuato, así como una adolescente y una mujer en Ecatepec, en tanto que, en Cancún, Quintana Roo se denunciaron dos casos de violación.
Ante la violencia contra las mujeres imperante y las agresiones de autoridades, la organización consideró que las manifestantes feministas y que se pronuncian contra la violencia de género, se encuentran en “una situación de riego”, por lo que urgieron a las autoridades “adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacífica, el derecho a estar libre de violencia y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que participe este tipo de personas”.
La organización recomendó a las autoridades “abstenerse a hacer declaraciones estigmatizantes” contra las mujeres que se movilizan en contra de la violencia de género; reconocer el legítimo derecho de las feministas a manifestarse, entre ellos su derecho de libertad de expresión, como lo son “pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos”, asimismo que se garantice el derecho de participación en protestas a personas que deciden cubrirse el rostro.
Amnistía emplazó a las autoridades a tomar “medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios o asesinatos de mujeres en razón de género, y las diversas formas de violencia sexual”, y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a quienes han sufrido violencia de género.
El informe presentó consideraciones sobre la tortura y violencia sexual, como fortalecer a través del presupuesto necesario el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres; investigar de forma imparcial e independiente las denuncias de violencia sexual; dar valor probatorio al testimonio de las víctimas de tortura sexual y reforzar los “exámenes forenses compatibles con el Protocolo de Estambul, asegurando un trato sensible en cuanto al género de las sobrevivientes”.
La organización recomendó investigar de forma exhaustiva las denuncias por uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y establecer responsabilidades individuales de los policías, así como de los integrantes de la cadena de mando; evaluar y capacitar en materia de derechos humanos a los cuerpos policiales, monitorear la actuación de las corporaciones a través de “mecanismos especializados, externos e independientes” y garantizar el acompañamiento interinstitucional de las manifestaciones.
Amnistía Internacional pidió a las autoridades no realizar detenciones en manifestaciones pacíficas y liberar “inmediata e incondicionalmente” a las personas detenidas por ejercer sus derechos a la liberta de expresión o de reunión, y en caso de ser necesario ejecutar una detención, que los integrantes de los cuerpos policiales informen las razones de privación de libertad y los derechos que asisten a las personas detenidas.
