El director de Seguridad Pública de Zamora, Michoacán, César Iván M., y el coordinador operativo de la corporación, Antonio D., fueron asesinados la noche de este miércoles en la localidad de Churintzio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán, los cuerpos de los servidores públicos fueron localizados en el interior de un Jetta que se encontraba en las inmediaciones de la autopista México-Guadalajara, sobre el tramo Panindícuaro-Churintzio.

Ambos servidores públicos, añadió, presentaban impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Personal del equipo multidisciplinario de la Escena del Crimen de la Fiscalía Regional acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes de fijación, recolección y embalaje de indicios para su posterior análisis.

Tras diligencias, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicó la necropsia de ley.

APRO

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, instó a los países miembros del organismo a abordar cuanto antes los desafíos impositivos derivados de la digitalización de la economía.

En una breve declaración, el directivo mexicano estableció que “todos los miembros del Marco Inclusivo deben seguir comprometidos en la negociación hacia el objetivo de alcanzar una solución global para fin de año, aprovechando todo el trabajo técnico que se ha realizado durante los últimos tres años, incluso durante la crisis del Covid-19”.

Desde su sede en París, Francia, el responsable de la OCDE advirtió que, en ausencia de una solución multilateral, más países tomarán medidas unilaterales, como Estados Unidos, y aquellos que ya las tengan ya no podrán continuar reteniéndolas.

Y esta situación, alertó, desencadenaría disputas fiscales e, inevitablemente, aumentaría las tensiones comerciales.

“Una guerra comercial, especialmente en este momento, donde la economía mundial está atravesando una recesión histórica, dañaría aún más la economía, el empleo y la confianza”, puntualizó.

Gurría reiteró que la OCDE mantendrá su calendario de reuniones para ofrecer a todos los miembros del Marco Inclusivo un lugar en el diseño de un enfoque multilateral.

APRO/Mathieu Tourliere

La disminución del comercio internacional ha afectado momentáneamente los circuitos globales de las drogas ilícitas; sin embargo, a mediano plazo las graves crisis económicas derivadas de la pandemia de covid-19 empujarán a más personas hacia los cultivos de enervantes y su tráfico, mientras que otras se verán obligadas a emigrar hacia países ricos, lo que detonará el tráfico de migrantes.

En ambas problemáticas –analizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y la Delincuencia (ONUDC,) en dos informes recientes– México ocupa un lugar destacado, pues las drogas ilícitas y las personas migrantes comparten a Estados Unidos como destino: las primeras para alimentar al mayor consumidor de estupefacientes del planeta, y las segundas para ganarse la vida y enviar remesas a sus familias.

Si bien un primer informe destacó que las restricciones temporales al cruce de la frontera entre México y Estados Unidos por la pandemia de covid-19 hicieron “más difícil” el tráfico de “todas las drogas”, también planteó que en México “se prevé que el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos y el aumento de los precios de los cultivos ilícitos (por ejemplo, la cocaína y la heroína) harán cada vez más atractiva la pertenencia a un cártel de drogas”.

Aparte, este estudio –titulado “Covid-19 y la cadena de suministro de drogas: de la producción y el tráfico al consumo”– recordó que, a raíz del cierre parcial de los lindes, se están acumulando “drogas y dinero en efectivo a lo largo de la frontera”, en espera de la reapertura para volver a circular; también mencionó que varios cárteles mexicanos aprovecharon la pandemia para “ganarse la buena voluntad de la población local” mediante el reparto de despensa e insumos.

Y estimó que hasta el momento la reducción del comercio internacional afectó a la producción de drogas sintéticas en México –pues dejaron de llegar desde Asia los precursores químicos necesarios para la elaboración de metanfetaminas y fentanilo–, pero dejó intocada la producción de opio y sus derivados, entre ellos la heroína. Ello provocó que el precio de la metanfetamina se multiplicara por entre dos y seis, para llegar hasta 15 mil pesos la onza.

De manera general, explicó que en América Latina se esperan “incrementos de los cultivos ilícitos a largo plazo, debido a la agravación de la vulnerabilidad de los hogares”, y recalcó que en México –el segundo productor de opio en el mundo, muy por debajo de Afganistán– la crisis podría pegar con mayor fuerza que en la región, con una contracción del PIB de hasta 6.5% y la desaparición de entre 5% y 4% de los empleos formales.

“En el caso de México, la disminución del cultivo de amapola en los últimos años no sólo se ha asociado a una fuerte caída de los precios, causada por el creciente uso del fentanilo en Estados Unidos, sino también a una intensificación de la extorsión y los secuestros perpetrados por los grupos de delincuencia organizada para compensar la disminución de los ingresos”, apuntó.

“El tráfico de drogas se basa fuertemente en el comercio legal para camuflar sus actividades y en individuos que puedan distribuir drogas a los consumidores”, recalcó el informe, y añadió que “las medidas implementadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia de covid-19 afectó inevitablemente todos los aspectos de los mercados ilegales de drogas, desde la producción y el tráfico hasta el consumo”.

En otro informe, titulado “Cómo las restricciones por covid-19 y sus consecuencias económicas probablemente impactarán el tráfico de migrantes hacia Europa y América del Norte”, la ONUDC señaló que las crisis económicas y de desempleo empujarán a muchas personas de Centroamérica y de México a emigrar a Estados Unidos, y recalcó que nueve de cada 10 cruces irregulares de aquella frontera son facilitados por traficantes de personas.

Con base en la experiencia de la crisis financiera de 2008, señaló que en un primer tiempo el incremento del desempleo en Estados Unidos frenaría la llegada de personas a su territorio en busca de trabajo, pues “las estadísticas muestran que cuando el desempleo crece en Estados Unidos, menos personas tratan de cruzar la frontera de manera irregular”.

Sin embargo, el mismo informe indicó que, todavía en la crisis de 2008, se observó que a mediano y largo plazo ciertos países con economías frágiles se hundieron en una espiral de pobreza, que detonó la migración laboral hacia Estados Unidos, como fue el caso de Honduras, país del que cerca de 100 mil personas siguen huyendo cada año, a menudo recurriendo a los servicios de traficantes de personas que operan en México.

Señaló que, al igual que en Honduras, cuando el desempleo ha crecido en México –como es el caso actualmente– las autoridades de Estados Unidos han detenido un mayor número de mexicanos en su intento por cruzar la frontera sin documentos, por lo que sentenció:

“Dados estos padrones, es razonable imaginar que los incrementos futuros en las tasas de desempleo en estos países, producidos por las medidas de confinamiento para reducir la difusión del virus, provocarán un aumento en el tráfico de migrantes de estos países hacia Estados Unidos; aparte, los migrantes de los países más pobres enfrentarán más abusos y riesgos durante sus viajes migratorios, en comparación con otros migrantes”.

Y remató: “De acuerdo con encuestas realizadas con centroamericanos en México durante su viaje hacia Estados Unidos, durante los años posteriores a la crisis económica de 2008, los hondureños fueron los que arriesgaron sus vidas con mayor frecuencia en el viaje y quienes pagaron las cuotas de tráfico más elevadas (4 mil 500 dólares en promedio en 2010)”.

APRO/Gloria Leticia Díaz

Los señalamientos por despidos injustificados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que empezaron a conocerse el lunes 15 en diversas áreas continúan en el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra.

El mismo lunes 15, Gonzalo Cortés Javier, visitador adjunto adscrito al Programa de Agresiones a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, fue notificado de su cese por “perdida de confianza”, luego de diez años y cuatro meses de trabajar en el organismo.

En entrevista, Cortés Javier expresó su sorpresa al recibir la notificación firmada por la directora General y Encargada de Despacho de la Quinta Visitaduría de la CNDH, Elizabeth Lara Rodríguez, toda vez que forma parte del servicio civil de carrera de la institución aunado a que la alegada falta de confianza deriva de supuestas faltas ocurridas en 2017, más de dos años antes de que Piedra Ibarra tomara posesión, así como por un Acta Administrativa levantada por su superior por su actitud “altanera y prepotente”.

El cese del abogado se suma a cuatro ocurridas en el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, otro tanto en la Quinta Visitaduría -donde los despidos iniciaron desde febrero-, en tanto que el miércoles se revirtió el cese del subdirector de Comunicación Social, Lázaro Serranía, luego de que hiciera pública la forma irregular en que le fue comunicada la separación del cargo. Mientras circulan versiones de recortes de personal en oficinas del organismo en algunos estados.

Cortés Javier destacó que los despidos se contraponen con el compromiso que hizo Piedra Ibarra de respetar los derechos laborales de los trabajadores, que fue plasmado en una circular fechada el 16 de febrero, titulada “Lineamientos Generales para la Renovación de la CNDH”.

De acuerdo con el documento firmado por Piedra Ibarra, al que tuvo acceso Apro, el planteamiento era “entablar la reingeniería institucional que permita hacer de la CNDH una institución más eficiente y menos costosa. Sin burocratismos, pero respetando siempre los derechos laborales de sus empleados y trabajadores”.

Al ofrecer “un periodo de transición de 180 días”, que vencerían en agosto próximo, la ombudsperson se comprometió en su escrito: “No habrá despidos entre operativos y profesionales, salvo aquellos derivados de un análisis personalizado, acordado con los empleados, en cuyo caso recibirán justa compensación por su antigüedad”.

Asimismo, ofreció garantizar “los derechos humanos de las y los empleados de la CNDH, de manera especial se prevendrá y sancionará el acoso y los malos tratos al personal, promoviendo en su caso la denuncia y los procedimientos administrativos eficaces, transparentes y justos, para su sanción y erradicación”.

Incongruencia 

No obstante, cuatro meses después de ese mensaje, las denuncias de despidos injustificados proliferan, uno de ellos es el caso del abogado Gonzalo Cortés Javier de 54 años, quien hasta el lunes 15 se desempeñó como visitador adjunto, de acuerdo al oficio de cese firmado por la directora General de la Quinta Visitaduría, Elizabeth Lara Rodríguez.

De acuerdo con el oficio CNDH/QVG/173/2020, fechado el 15 de junio y referido a la “Notificación de Cese”, Lara Rodríguez -quien habrían sido recomendada por el sacerdote Alejandro Solalinde para ocupar la presidencia de la CNDH- le informa a Cortés Javier que a partir de esa fecha termina “su relación laboral con este organismo, toda vez que s ele ha perdido la confianza, como consecuencias de haber incurrido reiteradamente en actos y omisiones”.

El documento de 13 fojas al que este medio tuvo acceso, hace referencia a presuntas situaciones de “inactividad y dilación” en la tramitación de seis expedientes de queja, la primera de ellas ingresada en 2017; tres más iniciadas en 2019 antes de que tomara posesión Piedra Ibarra, y las dos restantes abiertas en la actual administración.

Se adjunta un acta administrativa levantada por el responsable del Programa de Agravio a Periodistas, Carlos Rosales Camacho contra Gonzalo Cortes Javier, a quien acusó de haber tardado dos meses en calificar una queja presentada en contra de la presidenta de la CNDH, situación que el visitador negó al asegurar que antes de llegar a sus manos, la queja pasó por otros dos visitadores y que contaba con pruebas de ello.

En el documento también se hace mención de otro folio de queja, del que Cortés Javier reconoció que se lo había llevado a su domicilio por error, pero que presentó más tarde. En tanto que el jefe inmediato se quejó de que el visitador no había respondido a sus llamadas, a lo que el visitador adjunto señaló que no tenía registro de las llamadas de su superior y que ofrecía como prueba un registro de la compañía telefónica que le daba el servicio.

Sobre las acusaciones de actitud “altanera y prepotente”, Rosales acusó a Cortés de levantarle la voz, situación que el visitador adjunto reconoció haber hecho, luego de que su jefe le gritara.

El acta administrativa fue firmada también por el visitador adjunto Pedro Flores López, dos directores de la Quinta Visitaduría, Javier Tapia Urbina y Marco Antonio Rivera López, así como por Luis Rivera Ortiz, representante de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos.

El documento de cese incluye un acta circunstanciada del 15 de junio, en la que se asienta la negativa del abogado Gonzalo Cortés Javier a recibir la notificación de cese, y en cambio pide ser puesto a disposición de personal.

La ley nos protege 

“Para quienes formamos parte del servicio civil de carrera no nos aplica el término de ‘falta de confianza’ como motivo de despido, menos aún por hechos que dicen que ocurrieron antes de que ellos llegaran ni siquiera es suficiente un acta administrativa; hay un Estatuto y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que nos protegen”, dice Cortés.

En el artículo 35 del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la CNDH establece las condiciones por las que trabajadores podrán ser separados del Servicio Civil de Carrera, entre ellas “en caso de no obtener calificaciones aprobatorias en dos evaluaciones semestrales consecutivas, sin perjuicio de sus derechos laborales”, aunado a que “en casos excepcionales”, podrían contar con un periodo adicional de seis meses para acreditar la evaluación inmediata, “en cuyo caso se podrá reincorporar al Servicio”.

Cortés destacó que, si bien los empleados de la CNDH se rigen por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y son considerados como “trabajadores de confianza”, están incorporados al sistema civil de carrera, al que se accede mediante concurso, “contamos con protección especial, considerada por al SCJN”.

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la SCJN en 2016, “los trabajadores de confianza con plaza incorporada al Sistema aludido sí tienen derecho a estabilidad y permanencia en el empleo y, por ende, a recibir una indemnización en su aspecto más amplio en caso de despido injustificado”.

A quien incumpla con el pago de derechos de agua o instale tomas clandestinas en la entidad se le sancionará, a partir de este jueves, con hasta nueve años de prisión bajo el delito de “defraudación fiscal en materia de agua”.

De acuerdo con el paquete de reformas aprobado en el Congreso local –con 19 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones–, la persona física que no pague el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado será encarcelada de tres meses a tres años, pena que para dueños de establecimientos comerciales aumentará de tres a nueve años de prisión.

Por lo que hace a servidores públicos que faciliten la evasión del pago, se les aplicará una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de mil a 3 mil unidades de medida y actualización (UMA). Los organismos operadores del agua deberán presentar las querellas ante el Ministerio Público.

El endurecimiento de las medidas fue propuesto por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el pasado 30 de abril, luego de detectar adeudos millonarios por parte de distintas firmas internacionales, dueños de hoteles, grandes empresas e incluso particulares de elevado nivel socioeconómico.

Desde hace un mes el gobernador morenista reportó auditorías a diversos usuarios, y tan solo en la ciudad de Tijuana se detectó que los adeudos ascienden a más de mil millones de pesos. La cifra podría ser mayor, sin embargo, la legislación vigente hasta antes de las reformas permite el cobro de cinco años de adeudo.

Dentro de las reformas aprobadas se amplía el plazo a 10 años de cobro y una medición a partir de la media de consumo.

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Las modificaciones incluyen la tipificación de tres nuevos delitos, uno de ellos fiscal, al que los diputados nombraron: “defraudación fiscal en materia de agua”. Es el más elevado y aplicable a quien incumpla el pago de derechos o instale una toma clandestina. En este caso se faculta a los organismos operadores del líquido a presentar las querellas ante el Ministerio Público. Es decir, tendrán facultades de investigación.

El delito de defraudación fiscal incluirá a quien sin autorización instale tomas de agua o derivaciones de ésta, a quien proporcione dolosamente datos falsos sobre el consumo, a quien ofrezca datos falsos sobre la clasificación de uso de agua, quien diga que consumió un volumen menor al real o se reconecte mientras el servicio está suspendido.

Además del delito fiscal se crean dos nuevos de tipo penal, aplicables “contra la prestación de los servicios públicos del agua”.

El primero se adjudicará a las personas físicas –o servicio doméstico–que “sin autorización de la autoridad competente o sin el pago de los derechos use, aproveche o se beneficie de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado”. La multa irá de tres meses a tres años de prisión.

Para las personas morales, es decir quienes sean dueños de establecimientos comerciales, fábricas, escuelas privadas, centros de salud privados, etcétera, la sanción va de tres a nueve años de cárcel.

Y los servidores públicos que faciliten los delitos anteriores recibirán la sanción penal y la pecuniaria.

Otro cambio relevante es el aumento en los años para establecer el cobro a quien se descubra consumiendo agua potable sin el pago correspondiente, siempre y cuando no sea de uso doméstico. Antes de esta reforma, la ley establecía que el cobro máximo sería de cinco años, aunque el usuario tuviera 20 o 15 años sin pagar el agua.

Ahora se autoriza a contar “desde la fecha en que el organismo operador mediante dictamen identifique que el usuario tuvo acceso al servicio y, en caso de que no fuere posible determinar la fecha, la estimación se realizará hasta por un máximo de 10 años”.

Las modificaciones también incluyen multas económicas a quienes hagan “derivaciones” de las tuberías generales o ramales o de las cajas de válvulas para surtir a un predio o establecimiento.

Por ejemplo, si el ramal es para uso doméstico, la multa será de 10 a 100 unidades de medición diarias vigentes; si es para uso comercial, industrial u otro que implique lucro, será de 100 a 500 UMAS.

Si la toma sale de un uso doméstico y va hacia una o más tomas domésticas, la multa va de 10 a 20 UMAS; si es de un predio doméstico a un uso comercial o industrial, de 100 a 500 UMAs; si es de una toma comercial a otra comercial o industrial, de 50 a 200 UMAS.

También se incluyen multas pecuniarias a quien viole los sellos, cause daño intencional al aparato medidor, impida a servidores públicos el examen del aparato, a quien tenga un medidor pero que no registre el consumo, retire transitoria o definitivamente un medidor, o haga cambios en los ramales de las tuberías de distribución.

Igualmente será multado el propietario, encargado, arrendatario, familiar, allegado, dependiente familiar o cualquier otra persona que no permita la inspección de las instalaciones, y a quienes sin causa justificada se nieguen a proporcionar la información que les solicite el organismo operador de agua.

Se multará con 20 a 50 UMAS diarias a los funcionarios que concedan licencias de construcción sin que se les presente el comprobante oficial de haber quedado instalada la toma de agua en el predio en el que se vaya a construir.

Otra medida coercitiva será que, tratándose de giros mercantiles o industriales, podrá ordenarse la clausura del negocio o suspensión del servicio de agua cuando no paguen las cuotas por un mes o más, o cuando no paguen los derechos de conexión, o por falta de pago de las obras de introducción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

En cuanto a los organismos operadores de agua de cada municipio, se propone otra estructura para reducir en un 30% la burocracia.

Los delitos antes descritos podrán ser sobreseídos si se paga el agua.
Las reformas son al Código Fiscal para el Estado de Baja California, a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California y al Código Penal del estado.

Desde su arribo al gobierno del estado, Bonilla ha sostenido que la Comisión Estatal de Servicios Públicos del estado ha sido utilizada como caja chica para financiar campañas electorales por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

Además, ha dado a conocer auditorias que al momento suman adeudos detectados por más de mil millones de pesos, tan solo en la ciudad de Tijuana, y se han recuperado poco más de 400 millones de pesos. Aún faltan las auditorias en Tecate, Ensenada y Mexicali, pero ya hay 298 establecimientos detectados con posibles irregularidades en el cobro de agua.

Entre las auditorias han surgido evidencias de centros comerciales o industriales que desde 1997 no pagaban el líquido, pero sólo se les ha podido cobrar por cinco años atrás.

La Secretaría de Salud determinó clausurar el miércoles el Congreso de Nuevo León, precisamente un día antes de que los diputados votaran el castigo que debiera imponerse al gobernador Jaime Rodríguez, por haber desviado recursos públicos para su fallida campaña presidencial.

Los sellos fueron impuestos en las puertas de la sede legislativa, cuando los diputados se aprestaban a proponer un castigo que podía ser la destitución del mandatario, junto con su secretario General de Gobierno, Manuel González, por haber sido hallados culpables por el fraude conocido como broncofirmas.

La semana pasada, los diputados sesionaron, y aunque González interpuso un recurso para alegar que el mismo inmueble debía estar cerrado a causa de la pandemia, su argumento no prosperó, aunque al final de ese día, los diputados no se pusieron de acuerdo y la votación fue pospuesta.

Luego de que se detectaran en el congreso local cinco contagios, hasta ayer, incluido el de un diputado, personal de Salud acudió por la noche para imponer los pegotes en las puertas y, hasta cerca de la medianoche la misma dependencia difundió un comunicado en el que aclaraba que actuaba “con el objetivo de salvaguardar la salud de todas las personas que laboran en la sede del poder legislativo”.

El espacio será abierto, aclaró, cuando sean completadas las 200 pruebas para detectar coronavirus programadas entre legisladores y personal administrativo, para descartar más contagios.

Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano condenó “la flagrante violación a la soberanía del Poder Legislativo por parte del gobierno del estado al clausurar la sede del Congreso local en la víspera de la votación que definirá la sanción contra el gobernador, Jaime Rodríguez, y el Secretario General de Gobierno, Manuel González”.

Consideró que la clausura es una intromisión de la Secretaría de Salud, que dirige Manuel de la O, al trabajo legislativo para evitar que sean aplicadas las sanciones al gobernador y al secretario general de gobierno por el desvío de recursos públicos, delitos por los que ya fueron encontrados culpables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).