- A pesar de que hay seis personas sentenciadas, las madres de las víctimas llevan casi una década exigiendo la reparación del daño. ¿Ocurrirá por fin en el sexenio de la 4T? Dos mamás hablan con EMEEQUIS.
EMEEQUIS/Nurit Martínez Carballo
Maru y Nayeli aconsejan estar atentos a los “focos rojos” que podrían indicar abuso sexual en niños.
“A veces uno piensa que es por otra situación, cuando en realidad están pasando por algo muy feo. Por ejemplo: el que no quieren ir a la escuela, el que se hagan del baño (en la ropa), el que tengan miedo. Que los papás estén alertas en esas situaciones, porque no sabemos cómo manejarlo”, detalla Maru.
Por su parte, Nayeli coincide y dice que no advirtió que la conducta había cambiado porque era víctima del abuso sexual, que sus rabietas, no querer comer y aislarse, por muy insignificantes, pueden indicar que algo malo está ocurriendo.
“Se hacía pipí, lloraba cuando entraba a la escuela, gritaba mucho en las noches a la hora de dormir. Creo que esos serían los focos rojos”.
Son dos madres de menores de edad víctimas de abuso sexual ocurrido en el kínder Andrés Oscoy de Iztapalapa (2011), que no quieren que más personas pasen por este proceso que les ha tomado casi 10 años en la búsqueda de justicia y reparación del daño.
Piden ayuda a López Obrador
En entrevista con EMEEQUIS, a la que accedieron con la condición de no revelar sus identidades, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador agilizar y resolver la demanda que tienen desde hace casi una década de reparación del daño por la agresión a 26 niños, incluidos sus hijos, ocasionada por el conserje, en complicidad silenciosa con la directora y otros cuatro miembros del personal.
Acusan que hasta ahora “no se ha resuelto nada”, han sido muchos los años que pasaron y los funcionarios que han intervenido no han podido llegar a una reparación integral por el abuso sexual en el preescolar.
Lo que sí encontraron fue “mucha negligencia por parte de las autoridades, en la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, porque en principio buscaron que las familias se desistieran en su denuncia y no se quiere reconocer que fueron responsables de brindar un mal servicio por parte del Estado.
El escándalo por los abusos sexuales estalló el 15 de junio de 2011, a la puerta del kínder ubicado en Santa Cruz Meyehualco, mientras agentes del Ministerio Público detenían al conserje del kínder y los papás de unas hermanas difunden lo ocurrido meses atrás.
En el reportaje Abuso Sexual en el Kínder. Ordena juez que gobierno mexicano pague 400 MDP y la investigación sobre Los 6 titulares de la SEP que desoyeron la denuncia de abuso sexual en el kínder, de EMEEQUIS y la Sexta W, se dio a conocer que hace casi una década, en el año 2011, se descubrió que un grupo de menores de edad fue agredido sexualmente por el conserje, con la silenciosa complicidad de la directora, maestros y trabajadores del plantel.
El 30 de mayo de 2018, tras una sentencia judicial en el octavo tribunal colegiado, la SEP fue emplazada por la defensa a reparar el daño cometido durante la prestación del servicio educativo, dentro del proceso 72/2011.
El fallo del juez, ratificado por mayoría de ese tribunal colegiado estableció como precedente en el país que el Estado Mexicano debería proceder a “la reparación del daño de manera solidaria”.
Debido a que la SEP argumentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales de la Ciudad de México no ser parte del juicio penal entablado ante la entonces Procuraduría General de la República, las víctimas y la defensa emprendieron un largo camino en contra del Estado Mexicano, que en este momento tiene el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo análisis del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Sentencias ejemplares, pero…
Como resultado de la publicación del reportaje se reiniciaron ante la Secretaría de Gobernación, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los trámites para que les considere como víctimas del Estado mexicano y puedan acceder a la indemnización por la agresión de los servidores públicos.
El argumento legal se encontró en el Artículo 32 fracción VII del Código Penal Federal al señalar que el Estado está obligado a reparar el daño de manera solidaria, “por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones y, subsidiariamente, cuando aquéllos fueron culposos”.
Mientras que en el caso de los seis responsables del abuso sexual, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también se sentó una condena sin precedentes en el país: el conserje, quien fue condenado a purgar una pena de 467 años y 3 meses de prisión, más el pago de un millón 233 mil 953 pesos y la inhabilitación en el servicio público por 202 años, al ser encontrado culpable de los delitos de violación equiparada, pederastia y corrupción de menores.
La directora, María de la Luz “N”, fue sentenciada a 88 años. Además de ella, fueron sentenciados José “N”, a pasar 81 años en prisión; Sergio Osvaldo “N” estará 68 años; el mismo periodo de 68 años fue aplicado a Daniel Aníbal “N”; y, la asistente de servicio y mantenimiento, Martha Leticia “N”, lo hará por 36 años.
La indemnización pendiente
Según el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018, conocido como Acta de Entrega-Recepción o Libro Blanco, al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoce que, de confirmarse la demanda, la SEP estaría obligada a indemnizar a cada uno de los niños afectados con 17 millones 225 mil 800 pesos. Sin embargo, a casi una década de la agresión las familias no han recibido apoyo.
En entrevista para EMEEQUIS y la Sexta W, Nayeli, pseudónimo de esta mamá, dice: “Siento como que se han olvidado de nosotros, porque se han parado muchos las cosas, no sé si sea parte (de la estrategia) del gobierno. No sabría decirle”.
En compañía de Maru, también madre de otro de los niños, demanda al presidente poner atención en las escuelas, en la contratación del personal académico y administrativo que está en los planteles, a fin de evitar que la historia de abusos sexual y acoso a los estudiantes se repita.
Exige “que hubiera más sensibilidad ante esos niños que sufren y padecen cuando son abusados, que hubiera más vigilancia y que la SEP se hiciera responsable de lo sucedido”.
Respuesta afirmativa de López Obrador
La entrevista con las mamás ocurre en las Oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos, mientras se esperaba la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tras presentarles la publicación del reportaje.
Dos semanas después, la respuesta llegó el 27 de febrero: “Vamos a asumir nuestra responsabilidad como Estado mexicano y se van a reparar los daños, esto es lo que se acordó. Vamos a atender esta demanda, nosotros no vamos a ser omisos”, contestó el presidente en la mañanera.
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que sólo estaban esperando la confirmación de la sentencia para proceder a la reparación del daño.
Tuvieron que pedir prestado
Nayeli y Maru acuden en representación de todas las familias. Es la primera vez que lo hacen en todo el proceso, se movilizaron públicamente hace casi 10 años cuando cerraron la vialidad inmediata a la escuela para que escuchara su denuncia y detuvieran a los responsables, exigían justicia. Hoy piden resguardar sus identidades, cuidan la integridad de sus hijos, ya adolescentes.
Maru explica que acceder a la reparación del daño en un delito como este “debería de ser un poco más fácil para las víctimas y los familiares, que las autoridades no lo hicieran tan largo porque es muy desgastante: yendo aquí, yendo allá; a veces con dinero, a veces pidiendo prestado, a veces sin comer, a veces mojándonos, a la intemperie. Debería de ser menor el tiempo en los procesos en estas situaciones”.
La justicia se cumplió al momento en el que los responsables recibieron su castigo, una sentencia sin precedentes porque procesó a funcionarios públicos por abuso sexual, pero queda pendiente atender las secuelas y las consecuencias en los niños, así como mejorar los protocolos de atención.
“Se perdió el trabajo, tuvimos carencias económicas, estar yendo cuando los niños están mal, que al psicólogo, que al psiquiatra, (comprar) medicamentos, lidiar en las escuelas porque ya pegó, ya hizo esto, lo otro, por las crisis que les dan a los niños”.
Maru es madre soltera, como otras más de este grupo, y afirma que han sido más de nueve años desgastantes, porque durante este tiempo se han enfrentado a las carencias económicas por haber perdido el trabajo o enfrentar los problemas familiares de ver el impacto de la agresión en los niños.
Como reparación del daño, Maru exhorta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que nos pidan una disculpa pública, porque creo que se merece saber la verdad de lo que realmente pasó. Claro, sin afectar a nuestras familias, sin decir nuestros nombres, ni el de nuestros hijos. Simplemente que se hizo la justicia que se pedía, nada más”.
Nayeli está de acuerdo, “que nos pidieran una disculpa pública sin etiquetarnos y que hubiera más reformas educativas” para evitar el abuso.
Maru exige que los funcionarios se sensibilicen, que los apoyen y no repitan lo que les dijeron en el pasado: que “la agresión sexual había sido mentira”.
Más cuidado en la contratación
Por esa razón Nayeli pide al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que “se hagan responsables de lo que ocurrió (en el kínder). A nuestros niños los llevamos a una escuela segura y desafortunadamente dañaron a muchos niños. Yo les pediría que se hicieran responsables. Que tuvieran más capacidad para emplear a los maestros, conserjes; porque a veces nada más se les da la planta por ser familiar del conserje y el maestro”.
“Han sido 10 años de subir y bajar y todavía lo estoy padeciendo, me frustra ver que en la actualidad todavía tenga que estar padeciendo por el abuso que sufrió”.
Al presidente, “le pediría que tuviera personal especializado, porque no puede volver a ocurrir algo así, no nada más en el kínder; hay muchos casos que desafortunadamente (sucden) por personas que no tienen la capacidad, de evaluarlos como debería de ser. Yo le pediría que los analizaran más pediátricamente, psicológicamente y hubiera cámaras de seguridad en las escuelas”.
Explica que el futuro de los niños no depende ni del monto de indemnización que se pudiera fijar, ni de las acciones que haga el gobierno, pero sí les ayudaría para enfrentar las crisis que aún llegan a tener; les ayudaría a tener servicio médico, acceso a asesorías o tratamientos que les permitan construirse como “personas de bien”.
Mientras espera que ahora sí se atienda su caso, Nayeli se pregunta: “¿Qué seguridad les están dando a nuestros niños dentro de las instituciones escolares?”.
@nuritmc
