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El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Héctor Quiroz García, coincidió con su homólogo de Convergencia, Armando López Campa, en la necesidad de la conformación de un bloque de izquierda; sin embargo afirmó que deberá de darse en condiciones diferentes a las planteadas por el ex candidato naranja.

Observó que los malos resultados obtenidos tanto a nivel local, como nacional obtuvo Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) son el reflejo del hartazgo de la ciudadanía y de su clamor por “caras nuevas y propuestas frescas”, por lo que no concibió a Nora Ruvalcaba y a Vicente Pérez Almanza como candidatos a la gubernatura y a la alcaldía, respectivamente.

“ Creo que no les quedó claro el rechazo a los Alférez, a las Noras, a los López Campas”, expresó, insistiendo en que lo que se necesita es un nuevo proyecto de gobierno.

Aunque insistió en la exclusión que sufrió el PT en la campaña convergente, pese a que formaron coalición, el líder partidista afirmó que su partido estaría dispuesto a analizar una alianza entre partidos de izquierda, obviamente excluyendo de ésta al PRI y al PAN, siempre que ésta de desarrollara bajo reglas y esquemas distintos a los propuestos por López Campa.

Apuntó hacia una alianza en la que la toma de decisiones fuera facultad de todos los integrantes, promotora de la participación de todos sus miembros y llevada a cabo con orden, estructura y propuestas frescas y convincentes, viendo en esta fórmula la posibilidad de ganar diputaciones, presidencias municipales e incluso la gubernatura del estado.

De no conformarse con estas condiciones, señaló, “preferimos solos, que mal acompañados”.

Sobre la imagen de Andrés Manuel López Obrador como apoyo en las pasadas campañas electorales, comentó Quiroz García admitió que el apoyar el proyecto del perredista le atrajo votos a su partido, por lo que lo consideró el factor determinante del crecimiento que el PT tuvo, incluso por encima del mismo Convergencia, Nueva Alianza y Social Demócrata, a nivel nacional.

En ese sentido, criticó que sus aliados “no apoyaron abierta y decididamente“ al ex aspirante a la presidencia de la república, mientras que los petistas fueron congruentes con su propuesta “y ahí están los resultados”.

Tocó el tema de la reciente jornada electoral, a la cual calificó de “amañada”, “llena de vicios y tentaciones por los partidos en el poder”, reiterando las acusaciones que se vienen haciendo desde antes del 5 de julio, en cuanto a la compra de votos.

Por último, expresó que el Partido del Trabajo “está vivo” y que, de cara a la carrera electoral de 2010, buscará -solo o en coalición- ofrecer a los votantes una opción diferente.

Luego de la comparecencia Daniel Karam Toumeh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la Comisión Permanente, en la que se hicieron públicas las listas de las guarderías subrogadas por el Instituto y en la que se exigió una explicación sobre lo ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo que dejó 48 niños muertos; el senador Carlos Lozano expresó que la justificación económica que se plantea para la existencia del sistema de subrogación de guarderías es inaceptable y dijo que dicho sistema debe ser revisado, pues tiene graves irregularidades para atender a los niños.

A este respecto, el legislador Lozano mencionó que actualmente se tiene entendido que funcionan alrededor de 1,570 guarderías subrogadas, y que el esquema de subrogación se estableció y  ha funcionado bajo el criterio de ahorrar costos de operación y costos laborales, en detrimento de la calidad de la atención que los niños reciben, toda vez que en las guarderías del IMSS el costo por niño es de poco más de 4 mil pesos, mientras en las guarderías subrogadas es de 2,458. “Bajo estos criterios, ¿es válido aplicar esta justificación de ahorro cuando se trata de un servicio de atención a menores en la etapa más vulnerable de su desarrollo, en la que mayor atención alimenticia, sicológica y emocional requieren?”, cuestionó el legislador.

Por otra parte, Lozano de la Torre explicó que del lado de los concesionarios se asume este servicio como un negocio que tiene que ser redituable y en esa medida, ante el castigo de los costos, se propicia la simulación, en detrimento de la calidad de la atención que los niños reciben. Por lo que dijo, “se ha sabido que en algunos casos, se infla el padrón de niños atendidos o sea, se registran niños que en realidad no usan el servicio con el fin de obtener más recursos del Instituto.”.

Al respecto, denunció, “nosotros nos preguntamos ¿si el IMSS no tiene a la mano los contratos de subrogación que está obligado a publicar, podemos confiar en que realiza una supervisión rigurosa de la operación de las guarderías subrogadas?, ¿cómo lo hace?, ¿quiénes son los funcionarios responsables de hacerlo? Porque no se trata únicamente de descargar la responsabilidad en funcionarios menores a nivel estatal, de buscar ‘chivos expiatorios’ sino que tiene que seguirse con mucha precisión la línea jerárquica que necesariamente llega a las oficinas centrales del IMSS, en ésta y en anteriores administraciones.”

Por otra parte, y al referirse al caso ABC que costó la vida a 48 niños y que aún mantiene hospitalizados a 17 menores, 11 de ellos lejos de su hogar y de sus familias, en hospitales de Estados Unidos o en otros lugares del país, el legislador mencionó que es necesario saber por qué, existiendo esa norma,  no se cumplieron las disposiciones que ahí se establecen en materia de seguridad, como el diseño arquitectónico, ya que la guardería funcionaba en una galera más propia para bodega que para estancia infantil, y tampoco se consideraron medidas de prevención contra incendios, como la capacidad de agua almacenada suficiente para casos de siniestro. 

Finalmente, Lozano de la Torre dijo “entendemos que el doctor Karam llegó al IMSS hace escasos cuatro meses, así que habrá que revisar periodos anteriores a su administración, para conocer con precisión en dónde y en quienes se concentran las responsabilidades en este tema de transparencia relacionado con las guarderías subrogadas, y asumimos que la revisión que se realiza derivará en las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios que no cumplieron o aún no cumplen con lo que establece la Ley”, finalizó.

Después de que el líder de la corriente petista, Unidad Democrática Nacional (UDN), José Narro Céspedes revelara que aportaría aproximadamente 20 mil votos a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el integrante de ese partido, Miguel Bess Oberto aseguró que en la jornada electoral se cumplió con la meta y “hasta se rebasó”.

Entrevistado vía telefónica, aseguró que a pesar de que los votos son secretos pudo extenderse una estructura de promoción del voto a partir de los simpatizantes petistas, consiguiendo entonces en forma piramidal una serie de sufragios que desde su perspectiva aumentó con respecto a los pronósticos que se tenían planteados.

Dijo que en esta jornada electoral se implementó una estructura de promoción del voto consolidada, sin embargo, hubo problemas para que estas personas realizaran funciones de representantes de casillas porque según explicó el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD tenía solamente el presupuesto para el primer propietario, mientras que los segundos propietarios que pondría la UDN no podían permanecer en el cargo por la falta de recursos.

Aun con ello, se lograron ubicar 350 promotores del voto quienes tuvieron entre sus tareas la persuasión de un cierto número de votantes que en su mayoría cumplieron, aseguró.

“No fue falta de voluntad, fue falta de recursos”, subrayando que la lista de compañeros que estarían colaborando como representantes de casilla terminaron promoviendo el voto en las diversas colonias y secciones de la entidad.

Insistió en que la problemática del PRD y su baja votación, que la convirtió en la quinta fuerza política de la entidad también tuvieron mucho que ver con la convocatoria en las elecciones de organizaciones civiles para no acudir a las casillas o asistir emitiendo un voto nulo.

Reiteró que el balance de los votos prometidos fue positivo aun con algunas excepciones donde personal que militaba en el PT no pudo ir por cualquier excusa, sin embargo, a su parecer estos fueron los menos y pudo consolidarse una estructura que aportó para el perredismo de Aguascalientes.

Cuando se le cuestionó acerca de la cifra aproximada de votos que aportara la corriente petista a los candidatos, insistió en que no era posible conocer cuántos habían sido ejercidos por parte de los simpatizantes petistas por el secreto del voto, pero subrayó su postura acerca de que se había rebasado la meta prometida por el dirigente nacional.

A pesar de las declaraciones, el último conteo del Instituto Federal Electoral (IFE) registró un número total de votos para el PRD de 14 mil 032, representando un 4.44 por ciento.

Ante los integrantes del Consejo Consultivo de la Construcción –integrado por constructores, ingenieros y arquitectos-, un grupo de diputados locales presentaron el recientemente aprobado dictamen de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el estado de Aguascalientes.

El pequeño contingente de legisladores estuvo conformado por el priísta Edgar Bussón Carrillo, presidente de la comisión de desarrollo urbano, planeación y obra pública; Vicente Pérez Almanza, vocal de la misma; y el coordinador de la bancada del PRI en el congreso local, Juan Fernando Palomino Topete.

Tanto los integrantes del consejo como los diputados locales coincidieron en que esta reforma favorece la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dedicadas a esta actividad económica.

En el decreto entregado el pasado 2 de julio al poder ejecutivo para su publicación, entre otras cosas destacaron el cambio al artículo 26, permitiendo que los sujetos de ley puedan contratar obras públicas o servicios relacionados sin someterse al proceso de licitación pública, cambiándolo por uno de invitación restringida, siempre y cuando los contratos no excedan un monto establecido.

De igual manera, destacaron la reforma al artículo 65, en el que ahora se establece que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos se basarán en los informes que realice el Banco de México y el índice nacional de precios al consumidor, siendo la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado la encargada de realizar esta recopilación.

Al respecto, el presidente de la delegación aguascalentense de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Godínez Antillón señaló que esta reforma favorece a las pequeñas empresas, pues permite agilizar la asignación de obras a las pymes, así como tener  un consenso para determinar los valores de los insumos.

Agradeció la disposición y el trabajo de los diputados locales, pues la iniciativa de reforma ya llevaba dos años en la congeladora; a la vez que reconoció que aunque esto no termina de cubrir todo lo que sentían debe hacerse, pues “queda algún pendiente en la parte de capacitación”.

Explicó que hoy día, todo lo referente a la capacitación en el sector productivo está regido por la ley de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “nosotros pretendíamos que se hiciera algo más específico para el sector de la construcción; sin embargo, es algo que lo estamos trabajando y que lograremos quizás en un trabajo en el reglamento”.

Por su parte, el diputado Edgar Bussón comentó que el principal beneficio para las pymes es que “van a poder participar porque los montos de asignación directa o los montos de invitación restringida se amplían”, lo que permite que tengan la posibilidad de obtener un financiamiento para cooncursar.

Agregó que con esto también se les permite participar más en el mercado, fortaleciéndolo y potenciando la amplitud de los montos, a la vez que se transparentan los procedimientos para asignación de obra.

Por último, Palomino Topete señaló que esta reforma se hizo considerando que la construcción es la verdadera rama  que impulsa la generación de empleos en la época de crisis, y que fue un logro de la pluralidad que existe al interior del congreso del estado.

La comisión de asuntos electorales del congreso del estado aprobó la totalidad de los expedientes  presentados por los 54 aspirantes a ocupar los cinco lugares en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), señaló el diputado priista Gerardo Sánchez Garibay, presidente de dicha comisión.

El legislador priísta comentó que en lo general, “todos y cada uno de ellos cumplen con los requisitos”, aunque agregó que todavía estarán sujetos a que los propios diputados hagan una consulta con el Poder Judicial con el objetivo de verificar que los solicitantes no estén enfrentando ningún proceso penal, así como al Poder Ejecutivo en los tres ámbitos de gobierno para verificar que actualmente no se desempeñan como servidores públicos de ninguna índole.

De igual manera, también se consultará al Instituto Federal Electoral (IFE) y al propio IEE para constatar que ninguno de los solicitantes hayan sido candidatos de algún partido político en los últimos cinco años.

Sánchez Garibay señaló que  los tiempos siguen como se había establecido, y que el día de hoy se les ratificará como aptos para el puesto, por lo que podrán acudir al curso que se impartirá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) del 13 al 17 de julio, con la evaluación el 18; “a partir del 21 ó 22, estaremos entrevistando a quienes hayan acreditado esa segunda etapa”.

Por último, confirmó que antes de que termine el mes de julio, “estaríamos ya en posibilidades de subir al pleno los nombres que corresponda para su posterior designación”, agregando que el 31 de julio, fecha de clausura del actual periodo ordinario de sesiones, es el límite para este nombramiento.

La Comisión Estatal de Población en Aguascalientes (COESPO) según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior según datos del 2006, de acuerdo a las matrículas consulares, el nivel de educación más alto de los migrantes aguascalentenses es la secundaria o algún nivel técnico.

Para el registro del nivel de escolaridad de los solicitantes, se tomó en consideración a 6 mil 920 del total de los aguascalentenses matriculado, 149 no tienen estudios, mil 880 tenían primaria con certificado; 3 mil 291 terminaron secundaria; 108 recibieron alguna capacitación técnica; mil 318 con preparatoria terminada; 76 eran profesionales pasantes y 98 titulados.

En relación a los resultados de este estudio, la COESPO calculó la proporción, tres de cada diez migrantes aguascalentenses con matrícula no cuentan con estudios terminados de educación básica; la mitad de esos migrantes tienen como grado máximo la secundaria o algún estudio técnico; dos de cada diez cursaron instrucción media o bachillerato y tres de cada cien cuentan estudios universitarios, con lo que se concluye que los de menor porcentaje son los que tienen un nivel profesional.

En cuanto a los municipios del estado de los que salen la mayor cantidad de migrantes, el primer lugar lo ocupa la capital del estado con 58.86 por ciento y 12.81 de Calvillo con estas cifras; entre estos dos municipios concluyeron que siete de cada diez migrantes de Aguascalientes son de estas localidades.

El tamaño de la muestra nacional de migrantes registrados es de 945 mil 65 efectivos, de los cuales ocho mil 974 son de Aguascalientes, entre los datos proporcionados destaca que el 80 por ciento de los migrantes matriculados han hecho su trámite en 17 de los 48 consulados mexicanos en Estados Unidos. La matrícula consular mexicana es un documento oficial emitido por el gobierno mexicano para registrar a sus ciudadanos en el exterior.

De cada 100 matrículas, 36 fueron otorgados a mujeres y 64 a varones; el consulado con mayor porcentaje de solicitantes femeninos es Santa Clara, California, con el 48 por ciento y el de mayor número de solicitudes masculinas es Raleigh, Carolina del Norte, con el 74 por ciento. Uno de cada tres solicitantes están en la zona de influencia de Los Ángeles o Chicago, Illinois que están dentro de los estados donde más de la mitad de los aguascalentenses hacen sus trámites, también están, Denver, Dallas, Houston y San Bernardino  California.

La directora general del DIF estatal, Adriana Rodríguez Castro, en presencia del notario público núm. 16, Xavier González Fisher, retiró los sellos de clausura de las bodegas de la institución, los cuales se colocaron el pasado tres de mayo como parte del blindaje electoral.

Rodríguez Castro detalló que con esta apertura se reanudan las actividades de todos aquellos programas que se suspendieron temporalmente por el proceso electoral, por lo que ahora se reprogramarán algunas entregas de apoyos.

En este sentido abundó que se comenzarán a repartir despensas a las familias vulnerables, y se apoyará a todos los comedores para los desayunos escolares, que aunque están de vacaciones, ya se tiene todo listo para el inicio de clases.   

Añadió que se restablece la entrega de apoyos masivos, como lo será el evento de inicio de clases, en el que la presidenta del DIF estatal, Carmelín López de Reynoso, realizará una gira por varias escuelas de los municipios del interior del Estado para repartir paquetes de útiles escolares.

Explicó que el DIF estatal cuenta con dos bodegas, una de ellas localizada en ciudad industrial, en la que se almacenan los insumos para la propia operación de la institución, o bien, los artículos que se compran  para diferentes eventos y repartición de apoyos.

La segunda bodega se encuentra en la parte posterior de las instalaciones del DIF estatal de la colonia España, en la cual se guardan todos los productos de los programas alimenticios, como son las despensas.

En cuanto al parque vehicular, informó que durante el blindaje, se tuvieron ciertas restricciones, ya que todos los automóviles se concentraron en las oficinas centrales al término de la hora de las actividades, lo cual no ocurre el resto del año, pues éstos se dejan en los distintos edificios de la institución  para los cuales están asignados.

Por otro lado, en el estacionamiento referido se mantuvieron en resguardo las camionetas que el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, entregó como apoyo a los municipios, por lo que será la próxima semana cuando se regresen a los DIF municipales.

La directora del la institución resaltó que con estas medidas se cumplió cabalmente con las disposiciones que adoptó el gobierno del estado para el blindaje electoral, y como parte de este control, también se asumieron otras medidas de seguridad para la entrega de apoyos urgentes, pues aclaró que no se suspendieron las gestiones emergentes.

Precisó que se tuvieron casos especiales en los que se requirió apoyar a gente de escasos recursos, sin embargo se tomaron  todas las precauciones debidas para que la entrega del apoyo fuera bajo estricta supervisión, esto con el fin de no se tomara como cuestión proselitista.

Desde el año pasado, hospitales particulares de esta entidad se han acercado al instituto de salud del estado (ISEA) para regularizar su licencia sanitaria, ya que debido a la crisis económica y la aparición del seguro popular, su clientela se ha visto disminuida y ante ello han decidido cambiar de giro o ampliar su catálogo de servicios.

Así lo informó el director de regulación y fomento sanitario de la dependencia, Armando González Pérez, atribuyendo esa preocupación también a la intención de ingresar a los programas de subrogación que han lanzado instituciones de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, entre cuyos requisitos se tiene el contar con una licencia vigente.

Señaló que actualmente buscan la regularización alrededor de ocho nosocomios: dos de Rincón de Romos, uno de Calvillo y el resto del municipio capital, aunque admitió que hay hospitales públicos y privados que por cuestiones como éstas o hasta por un cambio en el nombre operan con licencias que ya no son válidas.

El funcionario explicó que, si bien el documento no tiene una vigencia definida, “la licencia se otorga muy específicamente para el tipo de servicio que van a ofrecer”; al modificar dichos servicios, “la licencia no lo dice; entonces, necesariamente las estructuras del hospital tendrán que modificarse”.

Precisó que su trabajo en cuanto a regulación consiste en vigilar “estructuras, mobiliario y personas”; es decir que, para obtener la acreditación, la construcción del inmueble coincida con el programa médico (especialidad) bajo el cual se pretende operar la clínica, pues debe contar con el tamaño y la distribución adecuada de las diferentes áreas, así como con el mobiliario suficiente y el personal debidamente capacitado para garantizar la buena atención del paciente.

Del personal se revisa el grado de especialidad, a través de su cédula profesional; de las instalaciones, principalmente que las áreas estén distribuidas de modo que no se junten sitios de alta contaminación, como salas de espera, con otras completa asepsia, como son los quirófanos.

Ejemplificó con el supuesto de que una unidad materno-infantil deseara convertirse en un hospital general, debería realizar adaptaciones físicas, como contar con un área de urgencias con área choque, además de tener los espacios para las cuatro ramas básicas de le medicina: pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía, lo que implicaría un crecimiento de las instalaciones al triple del tamaño actual. Además de ello, deberá aumentar el personal, las camas (mobiliario) y los servicios para cubrir la demanda que atenderá.

González Pérez enfatizó que son las clínicas quienes tienen la obligación de solicitar la licencia y concluyó que no solamente debe modificarse en caso de un cambio de nombre, giro o servicio, sino también en caso de existir la necesidad de realizar cualquier adaptación al lugar.

Por instrucciones del alcalde, Gabriel Arellano Espinosa, y ante un panorama cada vez más alarmante por el deterioro del medio ambiente, motivado, entre otros factores, por el incremento del índice de población concentrado en las ciudades y el aumento en el uso de vehículos automotores para satisfacer las necesidades de movilidad social, el municipio de Aguascalientes, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología (SSPyE), participa en el estudio “Hacia Ciudades Competitivas Bajas en Carbono” como representante de la región centro, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro de Transporte Sustentable (CTS-México), el cual se llevará a cabo con fondos del Strategic Programm Fund, administrado por la Embajada Británica.

EL titular del IMPLAN, Netzahualcóyotl López Flores, detalló que la primera etapa de este estudio consiste en desarrollar, conjuntamente con las autoridades municipales, un proyecto piloto para probar la metodología propuesta por el CTS-México, para bajar los índices de carbono, bajo la aplicación y corrección de los siguientes ejes rectores: integración de desarrollo urbano y transporte, recuperación de espacios públicos, integración de las redes de transporte público, transporte no motorizado, restricciones al uso de automóvil y combustibles y vehículos menos contaminantes. Luego de los primeros resultados del proyecto, se trabajará en la implementación y evaluación de políticas públicas que promuevan un crecimiento urbano denso, compacto, conectado y bajo en emisiones de carbono.

Esta iniciativa, pretende desarrollar y poner a prueba estos instrumentos y políticas para promover ciudades con mejor calidad de vida y menores emisiones de carbono; mitigando la contribución de las ciudades mexicanas al cambio climático, al mismo tiempo que eleva su competitividad a nivel internacional.

Por ello, con el firme propósito de contribuir en este estudio y luego de haber sido seleccionado por unanimidad como el municipio para representar a la zona centro.

Representantes del IMPLAN y de la Secretaría de Servicios Públicos y Ecología del municipio, firmaron el convenio de colaboración, con el cual se suma a las ciudades de Culiacán y Mérida, las cuales fueron seleccionadas  para  participar en esta primera etapa de este importante proyecto.

La apuesta es iniciar con paso firme para revertir el uso irregular e inmoderado que se hace de los recursos naturales del país, a fin de concientizar a la población y motivar un cambio de conducta para la suma de todos a esta tarea de cuidar el  municipio y la calidad de vida; por ello el interés de participar en este tipo de iniciativas.