APRO/Beatriz Pereyra
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por 81 millones de pesos en la aplicación, durante 2019, del programa Educación Física de Excelencia, de la SEP –de donde provienen los recursos con los que opera la Oficina de la Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Beisbol en México (Probeis)–, que derivaron en cinco promociones de responsabilidad administrativa y siete pliegos de observaciones.
Aunque durante el transcurso de la revisión la ASF logró recuperar 63.4 millones de pesos, aún quedan pendientes por aclarar 17.6 millones. De ese dinero deberán dar cuenta los institutos del deporte de Jalisco y Guanajuato, pues fueron los que ejercieron los recursos federales mediante convenios con la SEP.
El caso más grave es el de la Comisión del Deporte (Code) de Guanajuato, que encabeza Isaac Piña Valdivia, donde se detectó que un servidor público adscrito al área de compras de esa dependencia y que llevó a cabo los procedimientos de contratación de los servicios, recibió en su cuenta bancaria 623 mil 300 pesos de dos proveedores. El nombre del funcionario no fue revelado.
Los proveedores vinculados entre sí son: Servicios Corporativos SRP, SA de CV; Speroni, SA de CV, y Experiencias Deportivas Deex, SA de CV.
Asimismo, de acuerdo con lo reportado por la ASF, no se acreditó la realización de uno de los 18 eventos (en Lagos de Moreno, Jalisco) para la detección de talento, por un monto de 1.8 millones de pesos, en donde supuestamente se detectaron jugadores de entre 11 y 17 años para llevarlos a alguna escuela del sistema de la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA).
En entrevista con Proceso, el responsable del Probeis, Édgar González Sabín, refiere que la auditoría es inexacta, pues todos los eventos y servicios contratados se llevaron a cabo.
Asegura que tiene evidencia documental para ayudar a solventar las observaciones a los institutos del deporte de Guanajuato y Jalisco, aunque admite que es un problema la manera en que opera el programa E068-Educación Física de Excelencia, puesto que el dinero sólo puede salir de la SEP mediante los convenios que firme con los estados de la República.
“Todo eso que dicen de que no se hicieron los eventos se va a poder subsanar, porque no se entregó la información correcta para poder comprobar. Les puedo mandar a mi gente para que les ayuden. El problema de mi programa es que no tengo una figura jurídica; entonces yo mando el dinero, los institutos operan algo que no es de ellos y pues no ponen la atención debida. Como no tengo la manera de operar mi programa, no puedo estar vigilando. El estado que recibe el dinero opera como quiere, con quien quiere y cuando quiere”, explica González Sabín.
De hecho, la ASF solicitó que se inicie un proceso sancionatorio porque para la compra de material deportivo por 605 mil pesos (a Servicios Corporativos), así como para la aplicación de todos los recursos que recibieron, los gobiernos de Guanajuato y Jalisco refirieron que los usaron para el programa Probeis y no para el E068.
La ocurrencia presidencial
Y es que por disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio tres deportes fueron separados del resto para darles atención prioritaria: el beisbol, el boxeo y la caminata o marcha.
Para tal fin se crearon tres comisiones que encabezan Édgar González (Probeis), Miguel Torruco (Combox) y Bernardo Segura (Conacam); el último en octubre pasado renunció al cargo desde sus redes sociales. Lo hizo en medio de quejas porque, dijo, no había recibido dinero para la operación de su comisión.
Para el primer año de operación (2019), el presidente destinó 500 millones de pesos para esas tres comisiones. El beisbol ejercería 350 millones y boxeo y marcha 75 millones cada una. Pero al tratarse de una idea de López Obrador se tuvo que crear un nuevo programa presupuestario, el E068- Educación Física de Excelencia, y se le entregó a la Unidad de Administración y Finanzas (UAF, oficialía mayor) de la SEP la responsabilidad del manejo del dinero.
Para empezar, los mencionados 500 millones de pesos se tomaron del Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas) con la justificación de “garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes, adolescentes y personas mediante la promoción de actividades de educación física de excelencia en diversas disciplinas, destacando los talentos identificados”.
Claramente este programa no cumple con dicho objetivo, toda vez que López Obrador ha dicho que su intención es lograr que más jugadores de beisbol lleguen a las Grandes Ligas y que en deportes como el boxeo y la marcha, México recupere la capacidad de generar el número de medallas olímpicas y mundiales de antaño.
Una vez creado el E068- Educación Física de Excelencia, en la UAF, supuestamente se diseñaron lineamientos y manuales de operación para el ejercicio correcto y transparente de los recursos, pero la realidad es que operar este programa ha sido un caos desde su creación.
En ese 2019, los 500 millones de pesos para los tres deportes fueron modificados a 323.8 millones y después a 196.5 millones, que finalmente se ejercieron mediante 21 convenios en igual número de entidades o municipios.
El beisbol se gastó 168.1 millones de pesos en siete convenios con Campeche, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
El boxeo ejerció 28.3 millones de pesos a través de 14 convenios con Chiapas, Coahuila, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán y los municipios de Fresnillo, Zacatecas, y Naucalpan, Estado de México, y las alcaldías capitalinas de Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
Sobre el dinero que ejerció la comisión de marcha no aparece ninguna información en los resultados de la ASF más que la referencia de que en 2019 recibió 1.1 millones de pesos para una competencia en La Coruña, España.
Caso Guanajuato
La Code Guanajuato pagó 4.9 millones de pesos a una persona física (no se menciona el nombre) para detectar talentos deportivos de entre 11 y 17 años. Según el programa, asistieron 533 niños y 30 fueron detectados, pero la ASF no recibió evidencia de sus registros, evaluaciones ni de que fueron canalizados para ser acreedores a una beca en la NCAA.
Asimismo, la Code Guanajuato pagó 2.9 millones de pesos a Eventos de Occidente Los Generales, SA de CV, para la capacitación de 267 entrenadores en cuatro módulos de 15 horas presenciales, pero no proporcionó evidencia de los lugares (Guanajuato, León e Irapuato) donde presuntamente se llevó a cabo, ni de los servicios de transporte, hospedaje y alimentación de los capacitadores (exjugadores de Grandes Ligas).
Tampoco se demostró qué actividades llevaron a cabo ni que se les pagaron sus honorarios, no hay evaluaciones de los participantes ni los temas sobre los cuales fueron capacitados.
“La evidencia fotográfica proporcionada corresponde a menos participantes y no a la capacitación referida”, concluyó la ASF.
Para habilitar una escuela regional de beisbol, la Code Guanajuato firmó un contrato por 12.9 millones de pesos con la empresa Speroni, que tenía la obligación de habilitar un espacio para 120 alumnos, 60 de los cuales recibirían hospedaje y alimentación y recibirían clases de secundaria y preparatoria de parte de la SEP estatal, así como equipo y material deportivo.
El 31 de marzo de 2020 se firmó el acta de entrega-recepción sin que los trabajos estuvieran concluidos. Así lo corroboraron los auditores durante una visita. En este estado, la ASF presume un daño patrimonial por 7.8 millones de pesos.
Caso Jalisco
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del estado (Code) Jalisco, que dirige Fernando Ortega Ramos, efectuó pagos por 41.9 millones de pesos al amparo de dos contratos que fueron adjudicados de manera directa, una orden de servicio y cuatro convenios de colaboración para cumplir con un proyecto que consistió en crear una escuela élite de verano (mejor conocida como Liga de Prospectos), detectar talento, capacitar entrenadores y habilitar una escuela regional de beisbol.
Para la llamada Liga de Prospectos, Jalisco contrató a la misma empresa que en el caso de Guanajuato, Speroni, para proporcionar el servicio y suministro de personal administrativo, equipo deportivo, capacitación, staff, tecnología de campo, renta de equipo para operar, lavandería, clases de inglés (186 mil 700 pesos), ampáyeres, premiación y personal para el evento.
Por estos servicios se le pagaron 15.3 millones de pesos. No obstante, según indica la ASF, no se demostró que se hayan llevado a cabo en su totalidad.
Entre los pagos destacan cantidades como los 5.8 millones de pesos para la transmisión de 68 juegos de beisbol, lo que significa que la producción de cada uno costó más de 90 mil pesos, cuando su precio real no debería rebasar los 30 mil.
Asimismo, por concepto de lavandería para los integrantes de cuatro equipos la empresa cobró 340 mil pesos. “No se proporcionó evidencia de la capacitación, aun cuando se proporcionaron los listados de asistencia a clases”.
Édgar González explica que las clases se impartieron en el hotel sede todos los días después de los juegos.
El Code Jalisco firmó un convenio de colaboración con el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara para llevar a cabo la misma Liga de Prospectos. El Code transfirió para tal fin 12.7 millones de pesos.
La ASF detectó que, a su vez, el fideicomiso le transfirió ese dinero a la empresa Servicios Corporativos, es decir, que subcontrató los siguientes servicios: transportación aérea y terrestre, hospedaje (7.4 millones de pesos por 84 personas durante 30 días), alimentación y renta de salón, box lunch y costo operativo.
“Quedó pendiente de demostrar la prestación de servicios por 4.9 millones de pesos que corresponden a la transportación terrestre, renta del salón, alimentación y box lunch.”
El Code Jalisco también celebró un convenio con la asociación civil Todos somos Charros ya que “era la única que contaba con la infraestructura, personal y capacidad de dar proyección a la promoción del beisbol”. Para tal fin le entregó 997 mil pesos para los servicios de audio e iluminación, limpieza y recolección de basura, asesoría para solicitud de recursos (80 mil), clases de inglés (133 mil 400 pesos), gasolina, campo, alimentos y bebidas, staff de anotación, diseño e imagen, pirotecnia y papelería y credenciales.
“No se demostró en qué consistieron los servicios de asesoría por los cuales se pagaron 80 mil pesos y para acreditar los servicios del curso de inglés se proporcionaron los mismos listados que presentó la empresa Speroni. Todos somos Charros sí presentó evidencia fotográfica de las citadas clases y de la entrega de material, soportada con la firma de los alumnos”.
