- Contratos simulados que esconden relaciones laborales, accidentes y abandono… así trabajan los 40 mil repartidores de Rappi en México, la aplicación que más creció con la pandemia. “Sin nosotros no serían absolutamente nada”, señala un activista y repartidor.
EMEEQUIS/ Alejandra Crail
Era 2018 cuando María se detuvo en un supermercado a comprar botellas de licor y un par de refrescos. No iba a una fiesta: era el trabajo que aún conserva como repartidora de una aplicación móvil.
Aquella noche, María, con el pedido en la mochila de Rappi, conducía de Avenida Santa Fe –en la Ciudad de México– rumbo a Interlomas, cuando, de pronto, bajando de un puente, otra moto a una gran velocidad se estrelló con ella.
Recuerda que las botellas se rompieron. La salpicadera y llanta de su motocicleta –su herramienta de trabajo– se dañaron seriamente y ella estaba adolorida. Llamó inmediatamente a soporte de Rappi, su centro de trabajo. Les contó lo que había pasado y que el pedido se había dañado.
Nunca preguntaron por su estado físico, tampoco le ofrecieron ayuda. En cambio, Rappi le descontó el costo del pedido de sus ganancias de la semana.
Pese al riesgo de su actividad, la precariedad en la que la empresa tiene a sus trabajadores y la falta de reconocimiento a sus derechos, María no ha encontrado un mejor empleo.
Antes de trabajar en Rappi tuvo empleos de jornadas largas y pesadas en salones de belleza, con sólo un día de descanso a la semana, por un sueldo semanal de 900 pesos.
Entonces Rappi apareció prometiendo lo contrario: libertad de horarios, descansos a modo, presuntas altas ganancias. Parecía un sueño, un oasis en medio del desierto mexicano de la precariedad, donde la oferta a la mayoría de los menores de entre 15 y 29 años sólo les permite elegir entre un trabajo informal, uno mal pagado con jornadas extenuantes o el desempleo.
“En una semana puedo ganar hasta 2 mil 500, todo depende del tiempo que le dediques, si te avientas más horas, si agarras más pedidos; te cae que puedes hacer esos 900 que eran de una semana en un solo día”, dice la joven de 24 años, que ingresó a la plataforma en 2016, un año después de su lanzamiento en México.
Saúl Gómez, repartidor de aplicación y activista del movimiento #NiUnRepartidorMenos, explica que, con beneficios engañosos, plataformas como Rappi captan a jóvenes sin reconocerles sus derechos laborales.
“A veces estos chicos, sin saberlo, se autoexplotan y tienen esta idea de que mientras tengan dinero, su moto y su bici, están bien, lo demás no importa. Pero el problema se viene cuando lo demás se hace presente: cuando te atropellan, cuando te roban, te hacen un fraude y la aplicación te abandona, o sea, no es que se haga la desentendida: te abandona”, dice Gómez.
Esta es una de las principales críticas a estas aplicaciones que van en crecimiento, a costa de los derechos de los repartidores que hacen las entregas, a quienes sólo reconoce como usuarios asalariados.
“Rappi se basa en una conexión entre los comercios, prestadores de servicios y los usuarios, a través de los repartidores independientes conocidos como Rappitenderos (quienes también son usuarios de la aplicación). Rappi no funciona como un empleador”, apunta la empresa como respuesta a la pregunta de EMEEQUIS sobre la relación laboral que existe con sus repartidores
Gómez, uno de los activistas que aboga porque se reconozca la relación laboral, es enfático al decir que “en México, sin nosotros, no serían absolutamente nada”.
En una reciente entrevista, realizada por los periodistas Alejandro Medina y José Caparroso, los dueños de Rappi, los colombianos Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, que ampliaron su proyecto con ayuda del inversor SoftBank, reconocieron que la firma tiene un capital global de 1,391 millones de dólares y que en México tiene presencia en 31 ciudades, con una bolsa de 40 mil repartidores.
Pese al crecimiento exponencial que la empresa ha vivido desde su lanzamiento a finales de 2015, con un amplio mercado en México, no ha mejorado las condiciones de sus empleados.
Simulan contratos para evadir responsabilidad
Salvador es un repartidor de 31 años, originario de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México hace 10 años, se dedicó al comercio, pero las ganancias eran insuficientes, así que, tras informarse, entró a laborar como repartidor en Uber y en Rappi. Primero anduvo en bici y luego en bicimoto.
“En cuestión de prestaciones estamos en ceros, no nos beneficia en nada y aparte esos impuestos que nos están cobrando nos están perjudicando mucho y más en estos tiempos de la pandemia, está peor la situación”, cuenta el joven técnico electricista, quien no ha podido hallar otra fuente de empleo.
Recientemente, un automóvil arrolló su bicicleta cuando iba a hacer una entrega de Parque Delta a la colonia Algarín. Alcanzó a saltar antes de que el coche le pasara también a él por encima.
“En una comida llevas tu vida, no sabes qué se te va a atravesar, un carro o qué loco se te va a atravesar. No te respetan, porque ellos traen un carro y tú solamente una bici, te ven como insignificante”. Su experiencia fue la misma que la de María: la aplicación no respondió y le cobraron el pedido que nunca pudo entregar.
Reconoce perfectamente las carencias laborales, que no hay un contrato que le reconozca los derechos que debería tener, que no tiene prestaciones y que no hay nadie que cuide su vida. Pero no hay más, dice.
“El Comisionista (repartidor) reconoce que presta el Servicio por cuenta y riesgo propio y libera al Consumidor de cualquier responsabilidad que pudiera surgir durante la prestación del servicio”, dicen los términos y condiciones de Rappi, lo que a decir del abogado especialista en derecho laboral, Alejandro Avilés, enmarca la forma en la que la empresa busca evadir sus responsabilidades patronales.
Según explica, al establecer un contrato de mandato –enmarcado en el derecho mercantil– se establece un vínculo breve entre el consumidor que da una instrucción y el repartidor que la ejecuta a cambio de una remuneración; sin embargo, Rappi se deja a sí mismo fuera de la ecuación, pese a que recibe recursos económicos a partir del trabajo que desempeñan sus repartidores.
Esto pone en extrema vulnerabilidad a los repartidores, que asumen todos los costos de realizar este trabajo: riesgo de accidentes, ponen sus herramientas de trabajo (bicicletas, motocicletas o su propio cuerpo) y, en suma, no hay posibilidades de que puedan tener acceso a las prestaciones que les garantizarán una vida digna, el acceso a la salud, entre otras cosas.
“La Ley Federal del Trabajo establece que trabajador es aquel que ofrece un servicio subordinado a cambio de un salario. Este contrato mercantil es una simulación, porque a todas luces se desprende un vínculo laboral, que existe por el hecho de la subordinación a cambio de un salario”, detalla el abogado.
Para el activista de #NiUnRepartidorMenos, Saúl, esto es parte de las consecuencias de la Gig Economy. “Aquí eres desechable, no cuentas. Pero nuestras vidas valen, valen más que sus ganancias”.
Recientemente, el 8 de octubre, los repartidores de México se unieron a un paro global que se replicó en cuatro continentes, porque así como en este país, en todos lados han visto decaer, no sólo sus ingresos –que antes era el único atractivo de trabajar para estas empresas–, sino también en sus derechos.
Entre las demandas más presentes están el aumento de la tarifa pagada. Edgar, un repartidor de Rappi, reporta que cuando entró a trabajar, por cada pedido podía ganar hasta 90 pesos; en cambio, ahora el monto máximo es de 25 pesos.
Así como los otros entrevistados, Edgar también ha sido víctima de accidentes y, en todas las ocasiones, el joven que se traslada en motocicleta ha cubierto los daños y terminado por pagar los servicios que no llegaron a su destino. Por eso se suma a la demanda de que se les otorgue un seguro de vida y de gastos médicos por el riesgo que implica su labor.
Sobre esta demanda, Rappi contestó a EMEEQUIS que “los repartidores cuentan con un seguro de gastos médicos, un seguro de vida y otro de responsabilidad civil, siempre que estén conectados a la aplicación”. Sin embargo, en un sondeo realizado entre trabajadores de esta aplicación, encontramos que, aunque todos habían tenido algún accidente, la aplicación nunca les ofreció ayuda de ningún tipo.
Algunas demandas “extras” son, en realidad, derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo: días de descanso con sueldo pagado, licencia por enfermedad, vacaciones y, sobre todo, el pago puntual de las remuneraciones.
Actualmente hay tres campos de batalla abiertos, según cuenta Saúl. Primero, acciones conjuntas en redes sociales de repartidores en todo el mundo. Segundo, apelar a que en la Cámara de Diputados se discutan iniciativas que beneficien a los trabajadores. Y, por último, una estrategia legal para lograr la restitución de los derechos que les han negado.
Estas aplicaciones se volvieron una alternativa para los jóvenes menores de 29 años, que fueron los más afectados con la pandemia. Uno de cada seis perdió su empleo, el resto lo conservó, pero con reducciones a sus ingresos y la precarización de sus derechos.
@AleCrail
