- Tan sólo entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año, Pemex otorgó 35 contratos de atención médica, todos por adjudicación directa. La pésima atención de un hospital particular derivó en la muerte de una persona y una recomendación de la CNDH
EMEEQUIS/Patricia Tapia
La atención médica subrogada de Pemex ha puesto en peligro la salud de sus empleados y en ocasiones ha costado vidas. Trabajadores activos y jubilados de la paraestatal han señalado fallas y omisiones en los servicios contratados con particulares.
La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado anomalías en estos contratos, por falta de control y supervisión.
No obstante, estos servicios médicos y de medicamentos se siguen dando al por mayor. De acuerdo con los registros de Pemex, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año, se otorgaron 35 contratos para el servicio de atención médica subrogada a trabajadores, jubilados y derechohabientes en diferentes localidades en el país.
Apenas el 17 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, por la violación al derecho humano a la protección de la salud: un hombre de 70 años falleció en un hospital particular subrogado por la petrolera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En la queja que fue remitida a la CNDH consta que el hombre fue ingresado con malestares al hospital subrogado por Pemex el 2 de mayo de 2017, pero el médico en turno de urgencias sólo lo inyectó y no informó a los familiares qué medicamento le suministró.
Hasta el 4 de mayo le hicieron estudios de laboratorio y le recetaron ocho medicamentos que no se le dieron porque el nosocomio dijo no tenerlos. Finalmente, el 6 de mayo fue ingresado con un paro cardiorrespiratorio y a minutos de ser intubado falleció.
En los contratos revisados por EMEEQUIS, resalta que todos fueron por adjudicación directa y el monto máximo de estos suman 294.3 millones de pesos.
En 2015, la ASF detectó que la empresa productiva del estado recurre a esta figura con el argumento de ser casos fortuitos. Sin embargo, en algunos casos no acreditó la realización de investigaciones de mercado, ni se fundó y motivó el “caso fortuito”, por lo que dichos procedimientos debieron realizarse por licitación pública.
Los ganadores
El contrato con el monto máximo más alto es para Operadora de Hospitales Ángeles –del Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña–. La adjudicación fue por 37.3 millones de pesos, para el servicio en localidades adscritas a la Coordinación Médica Zona Mérida.
Ese no es el único contrato para Operadora de Hospitales Ángeles: también se le otorgó otro por un millón 197 mil pesos para localidades de la Coordinación Médica Zona Guadalajara, pero en ese mismo procedimiento sólo se consideró solvente la propuesta de la empresa para las partidas 33,34,35 y 36. Desecharon su proposición para la 72 y 75.
En 2017, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó a Pemex buscar y dar a conocer todos los contratos con Operadora de Hospitales Ángeles en Puebla, ante un recurso de revisión de un particular, a quien la empresa productiva del estado le entregó información general, pues este solicitaba conocer los alcances de la prestación de servicios.
En general, la transparencia en el alcance de los servicios es nula. En las 35 adjudicaciones subidas por Pemex sólo se encuentra el fallo de adjudicación, pero no se detalla qué tipo de servicios son los que brindará cada uno de los ganadores.
La empresa, propiedad de Vázquez Raña, es vieja proveedora del Gobierno Federal. De acuerdo con la plataforma Quienesquien.wiki, desde la administración de Felipe Calderón hasta la fecha arroja 546 resultados de contratación de servicios médicos con dicha empresa por parte de diversas instituciones federales. Además de Pemex, aparecen: el IMSS, el Issste, Nacional Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, entre otros.
Otro de los contratos que rebasa el monto máximo es el de Sanatorio Palmore, A.C. por 34.2 millones de pesos, para la localidad de Chihuahua, adscrita a la Coordinación Médica Zona Monterrey y contempla seis partidas para 2020-2021.
En noviembre del año pasado, Sanatorio Palmore fue señalado por no brindar la atención a empleados de Pemex, incluso la CNDH recibió cinco quejas contra Pemex por incumplimiento o intermitencia del servicio médico, en Ciudad Juárez y Chihuahua. El Heraldo de Chihuahua documentó este caso de trabajadores que tuvieron problemas de acceso a los servicios médicos.
Responsabilidad de Pemex
En la recomendación de la CNDH del 17 de septiembre, resultado del fallecimiento del hombre de 70 años, se determina que a pesar de que los actos del personal de salud que laboraba en el hospital subrogado resultan ser actos de particulares, tuvieron su origen en la obligación en materia de seguridad social a cargo de Pemex de proporcionar atención médica, de manera directa o a través de servicios subrogados, a sus trabajadores en activo, jubilados y sus derechohabientes, de conformidad con su normatividad.
“La Comisión Nacional acreditó una responsabilidad institucional en materia de derechos humanos por parte de PEMEX pues, aunque no proporcionó de manera directa la atención médica al enfermo, fue ese Organismo el que llevó a cabo la contratación del proveedor de seguros de salud y era responsable de supervisar y vigilar los servicios de salud que proporcionaba de manera indirecta”, refirió la CNDH.
Explica que su normatividad interna contempla en todo caso la supervisión ordinaria y extraordinaria de esos servicios por parte de personal adscrito a Pemex, dentro de la cual se incluye la verificación de la existencia y suministro de medicamentos, es por esto que la petrolera conserva la responsabilidad de garantizar que los bienes o servicios contratados cumplieran con los estándares de calidad, accesibilidad y disponibilidad.
El hombre de 70 años había sido diagnosticado con “anemia y fiebre tifus”, por lo que le prescribió ocho medicamentos. En la farmacia del hospital subrogado indicaron que no contaban con los mismos.
La CNDH ha solicitado a Pemex que genere los mecanismos legales que obliguen contractualmente a los privados a cumplir con su responsabilidad de respetar derechos humanos, para esto debe incluir en todos los contratos públicos que celebren en materia de salud la “cláusula obligacional de respeto a derechos humanos” e incorporar sanciones o penalizaciones contractuales en caso de incumplimiento.
Un problema de antaño
Las anomalías en los contratos de subrogación de servicios médicos y medicamentos otorgados por la empresa productiva del estado han sido cuestionadas desde hace algunos años. En 2015 la ASF realizó la revisión de 20 contratos y halló que no algunos no se llegaron a formalizar, otros fueron dados de manera directa indebidamente y se otorgaron recetas médicas sin autorización.
Entre lo que encontró la ASF es que no se formalizaron tres contratos de servicios médicos subrogados, realizados en 2015, con un presupuesto ejercido de 116.9 millones de pesos.
También se determinó que 16 mil 916 recetas, por 4.7 millones de pesos de pesos, no contaron con la firma del médico o no se correspondió con la registrada en los documentos de firmas de médicos autorizados para la emisión de recetas. En 3 mil 911 recetas, por 836 mil pesos, se halló que fueron firmadas por médicos no autorizados.
Y por la adjudicación directa de un contrato de medicamentos en 2015, por 14.7 millones de pesos, Pemex no fundó ni motivó el caso fortuito, por lo que el procedimiento debió realizarse por licitación pública.
@ptcervantes
