Son 55 familias que luchan por una vivienda digna en la Bondojito. Como Irma, que dio 500 mil pesos de enganche y ahora se enfrenta a un exdiputado influyente que reclama el predio y amenaza con invadirlo. Así es la lucha por unos metros cuadrados de hogar en México.
EMEEQUIS/Alejandra Crail
Irma Noyola siempre había querido una casa propia. Un espacio en algún lugar de la Ciudad de México donde establecer un hogar, reducir sus traslados al trabajo y, sobre todo, tener la posibilidad de heredar un patrimonio a sus hijos.
Años y años de trabajo como comerciante le permitieron, al fin, aspirar a un patrimonio. En 2018 pensó que esos años de renta terminarían pronto. Invirtió sus ahorros en el proyecto que la hizo tocar sus sueños con los dedos: Calle Oriente 107 número 3370, colonia Tablas de San Agustín, en la Gustavo A. Madero. “Un hogar en la Bondojito”.
Irma, de 63 años, se enteró en un día laboral del proyecto que se desarrollaría en ese terreno. Trabajaba como comerciante en el Mercado de Granaditas, cerca de La Lagunilla, cuando recibió un folleto que anunciaba el desarrollo de vivienda a costo accesible en la colonia conocida como la Bondojito, relativamente cerca de su espacio de trabajo.
No fue la única que recibió la promoción. Otros comerciantes de la zona también se interesaron. Su perfil era similar al de doña Irma: personas que llevaban décadas de trabajo, con algunos ahorros, que vivían en la periferia de la ciudad y les tomaba horas trasladarse de un punto a otro. Pero, sobre todo, que no tenían forma de comprobar ingresos, por la informalidad laboral en la que habían vivido toda su vida.
Por eso, cuando este proyecto les ofreció la posibilidad de adquirir un departamento sin este último requisito, dando un enganche y estableciendo mensualidades de pago accesibles y personalizadas para cada uno, no lo dudaron.
Y así, como doña Irma, otras 54 personas decidieron dar el paso. Hubo quienes dieron de enganche 500 mil pesos –como en su caso–, hasta lo mínimo, 80 mil.
Era una pesadilla disfrazada de sueño.
“Fue la oportunidad de hacerme de algo mío. Aquí están los ahorros de toda mi vida”, dice Irma, mientras señala el suelo del predio, un piso de tierra en el que trabajadores de la construcción escarban para, por fin, asentar los cimientos de las viviendas.
A dos años de haber apostado sus ahorros, el proyecto no se ha consolidado. Los permisos están en orden, la compra estuvo en regla, pero los vecinos no duermen en esa casa con la que sueñan: un exfuncionario reclama el predio como propio.
“Desde el 2018 que esto empezó, Édgar Torres Baltazar –exdiputado perredista y dirigente de la asociación Movimiento Alternativa Social (MAS)– se ha dedicado a amedrentarnos y amenazarnos. Nos envía golpeadores y amenaza con invadir el predio”, cuenta doña Irma en entrevista.
Este es sólo uno de los obstáculos que este grupo de 55 familias ha tenido que sortear en búsqueda de una vivienda digna. Como dice Jesús Reyes, otro de los afectados: “Todo ser humano anhela un techo donde vivir, pero hay mucha desigualdad, no todos tenemos oportunidad, no todos podemos vivir igual”.
Por eso él y sus compañeros luchan y, aún en tiempos de Covid, no abandonan ese pedazo de tierra que ven como la única posibilidad de tener un hogar.
Y es que en México hay apenas 32 millones de viviendas, de las cuales 67.9% son habitadas por sus propietarios y el resto son rentadas o prestadas a familias enteras, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.
La tenencia de una propiedad es, sin embargo, producto de una cultura de apoyo familiar, es decir, son las mismas familias las que mayoritariamente facilitan la tenencia de vivienda a sus congéneres a partir de una herencia o de apoyo financiero, mas no porque esto sea producto de un mercado inmobiliario accesible para la mayoría de la población, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esto se ve evidenciado también en la Encuesta Intercensal del Inegi: sólo el 30% de quienes adquirieron una vivienda la compraron ya hecha.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estudiado las causas que obstaculizan el acceso a la vivienda en México y ha concluido que hay una relación directa con la línea de la pobreza.
“En México, más de la mitad de las personas (50.6%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos, lo cual sitúa a la mayoría de los mexicanos en una situación de inasequibilidad económica para satisfacer su necesidad de vivienda”, detalló el Consejo en su Diagnóstico de Vivienda 2018.
El cálculo del Coneval es que México tiene un rezago de más de 14 millones de viviendas y que, en la mayoría de los casos, el ingreso es uno de los principales factores asociados.
La compra de vivienda nueva en el país, declaró la organización Habitat International Coalition, sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados.
A partir de ese dato, el Coneval determinó que son 73.6 millones de mexicanos los que están “prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos”.
Maricruz Calderón es comerciante y madre de dos adolescentes. Hace 15 años tuvo que hacerse cargo de sus hijos por cuenta propia, comenzó vendiendo cosméticos, luego amplió el mercado a la lencería. Juntos, los tres, apostaron por ahorrar para construir un patrimonio para todos.
“Cuando llegó la oportunidad, pensamos: “es lo mejor que podemos hacer por nosotros, no hay nada como un patrimonio”. Y lo tomamos. Este es el sueño de mi vida, también el de mis hijos”.
Actualmente paga 2 mil 400 pesos de renta, sin servicios, cerca del Metro Ciudad Azteca, en el Estado de México. Apostó por vivir allá porque los precios de renta son más accesibles que en la Ciudad de México donde –dependiendo de la Alcaldía– la renta mensual de un departamento para una familia como la de Maricruz puede ir de los 5 mil 500 en la alcaldía Tláhuac, hasta los 43 mil en Miguel Hidalgo.
“Las rentas te comen. Ahorita estamos ahorcados con lo del Covid porque no podemos trabajar, pero aún así seguimos trabajando por nuestro sueño”, dice la mujer: sabe que comprar una vivienda de otra forma se antoja imposible.
Como ella, Amado Nicolás Galicia, de 39 años, comerciante de frituras y dulces, renta una pequeña casa en Tecamac, Estado de México, por mil 500 pesos mensuales más servicios. También ha empeñado sus ahorros –“el esfuerzo de toda mi vida”, dice– en este proyecto.
Este par de vecinos, junto con otros, se turnan las guardias del predio de la Bondojito que espera convertirse en viviendas. Una noche de ausencia puede significar la invasión del predio a manos del MAS, denuncian.
De la barda que protege al predio 3370 de la calle Oriente 107 sobresale una estructura de madera: una casa improvisada, con apenas un techo y dos paredes.
Desde ahí los futuros habitantes vigilan día y noche el movimiento de la calle. Se turnan semana tras semana, sin importar que llueva, granice, tiemble o los intimide un virus llamado Sars-CoV2. Vigilan.
Observan así al vehículo que lleva 40 minutos estacionado del otro lado de la banqueta y desde el cual una pareja toma fotos. A la señora que pasa 10 veces sin quitarle la vista al predio, al hombre que hace pintas, al grupo que avienta piedras intentando pasar la barda.
Amado y Mari Cruz suben por una precaria escalera de madera colocada sobre una pared a la caseta de vigilancia. Desde ahí supervisan lo que ya sienten suyo. Cualquier anomalía significará pedir apoyo al resto de las familias que están en espera de su vivienda, a alguna autoridad y a la empresa a la que compraron la futura propiedad.
Implementaron esta medida unos meses después de que depositaran todos sus ahorros en la cuenta de la empresa Banco Ve Por Más, S.A. De pronto, cuando los trabajadores comenzaban con los primeros movimientos en el predio, un grupo de más de 50 personas llegó a agredir a los trabajadores y a algunos de los que invirtieron en la propiedad; reclamaban el predio como suyo.
Junto a ellos llegó Édgar Torres Baltazar, exdiputado de la Ciudad de México y miembro de la Comisión de Vivienda, también fue diputado federal. Los futuros habitantes, narran que Torres Baltazar trató de convencerlos de que les habían estafado y se presentó como el verdadero dueño del predio, acompañado de personas agremiadas a su asociación, quienes le habían pagado cuotas también con el sueño de poder hacerse así de una vivienda.
Entonces armaron equipos: aquellos que como Amado prefieren prestar ojos y cuerpo para defender físicamente el predio y aquellos que pueden apoyar con las gestiones en las instituciones gubernamentales.
Así investigaron por todas las vías y descubrieron que habían invertido bien. Que la empresa Banco Ve Por Más, S.A., con la que habían hecho el trato, había adquirido el predio en 2018 y que esto había quedado estipulado de forma legal ante el Registro Público del Comercio.
También descubrieron que los permisos para realizar la obra estaban dados, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) había dado luz verde a la obra y que en ningún documento se hacía referencia a algún conflicto o a la supuesta propiedad del predio que presumía el ex diputado.
“Él no mostró ningún documento y nuestra indagatoria nos hizo ver que habíamos hecho una buena inversión. Por los conflictos, la empresa nos ofreció regresarnos el dinero o darnos otro proyecto, aunque más caro y más lejos. Dijimos que no. ¿Por qué si hicimos una buena inversión tenemos que irnos porque un señor abusa de su poder?”, reclama Jesús Reyes, 40 años, administrador del negocio familiar de jugos, tortas y licuados.
Gina Montes, una de las afectadas que está llevando la parte legal, explica que el rastreo del predio muestra que Edgar Torres, exdiputado por el PRD, sí intentó comprar el predio en 2005, pero nunca lo pagó.
Como funcionario había conseguido apoyo económico del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para desarrollar la vivienda para familias de la zona que durante años le habían dado cuotas mensuales para lograr este fin.
Sin embargo, pese a haber estado etiquetado el dinero, este nunca llegó y Édgar Torres, por medio de su asociación MAS, perdió la oportunidad de obtener el predio, incluso en instancias legales.
Sin embargo, en 2015 el INVI ingresó un par de billetes de depósito ante el Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para garantizar el pago correspondiente del predio.
“Fue injustificado e inexplicable el movimiento del INVI, porque ya un juez había determinado que la compra no podía llevarse a cabo. En 2019, ya con la venta consolidada para nuestro proyecto de vivienda, se les solicitó retirarlos, porque ya no hay lugar, no lo han hecho. Nos preguntamos por qué, si es en realidad la corrupción interna lo que nos ha obstaculizado”, detalla Gina.
Según lo que explican, Torres Baltazar presume de sus vínculos con el Instituto y en la misma institución se les ha indicado que no retiran los billetes por los nexos entre el exdiputado y Rodrigo Chávez Contreras –suplente de Martí Batres en la LXII Legislatura– quien es el actual director ejecutivo de Operación del Instituto.
“Nos prometieron no más corrupción y seguimos viendo lo mismo. Hasta que esos billetes de depósito no sean retirados, las amenazas de invasión van a seguir”, reclama Gina.
Mientras esperan, estas 55 familias aún sueñan con el sueño de más de 73 millones de mexicanos: tener un hogar.
“Yo ya no doy para más. Todo lo que construí en mi vida está invertido aquí. Ojalá pueda llegar a verlo y poder tener así mi hogar en la Bondojito”, recalca doña Irma.
@AleCrail
