La Profeco tiene un expediente de más de 600 denuncias por alza injustificada de precios y más de la mitad corresponde a grandes cadenas, que encarecen huevo, pollo, embutidos y pan de caja.

Ni en la pandemia se tientan el corazón. Grandes cadenas de autoservicio como Walmart, su filial Bodega Aurrera, Chedraui y Soriana, incrementan precios de algunos productos de la canasta básica de manera arbitraria, lo que ha originado centenares de denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con información solicitada por EMEEQUIS a la institución encargada de la defensa de los derechos de los consumidores, que dirige Ricardo Sheffield Padilla, del 1 de abril al 16 de junio, se han presentado, en sus 38 oficinas de defensa, un total de 602 denuncias contra tiendas de autoservicio por alza injustificada de precios.

Más de la mitad de ellas (358) corresponden a grandes cadenas. La lista la encabeza Walmart de México, junto con otro de sus formatos de negocios, que es Bodega Aurrera; la primera con 134 y la segunda con 101 acusaciones: en suma, son 235.

También Chedraui y Soriana acumulan decenas de acusaciones, con 62 y 61, respectivamente. El resto de las denuncias se distribuye en tiendas de autoservicio regionales.

Estas grandes tiendas han sido impactadas positivamente por efecto del Covid-19. Esta revista digital publicó que las compras de pánico y el incremento de las ventas online por el confinamiento hicieron que sus ingresos aumentaran en dos dígitos.

EL DETALLE Y LAS ACCIONES

De acuerdo con la Profeco, el aumento infundado de precios predomina en algunos productos de la canasta básica, como es el caso del huevo, pollo, embutidos y pan de caja.

Las entidades que concentran 60% de las denuncias son: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Coahuila y Michoacán.

Según la dependencia, se han atendido 90% de las 602 denuncias. Registra que en 46 visitas de verificación sí se detectó violación, por lo cual procedió a colocar sellos de suspensión.

Además, se han hecho 44 apercibimientos, es decir, se les notificó  a las tiendas de una posible sanción. En otros casos, las tiendas se han negado a la verificación de la Profeco. 

En siete ocasiones se inmovilizaron productos, y es que, aparte de encontrar un aumento injustificado en los precios de la canasta básica, también hallaron incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (etiquetado de información comercial) y productos caducos.

Las multas que impone la Profeco, dependiendo de la gravedad, van de los 169 mil pesos hasta los 4 millones 700 mil.

La institución que encabeza Sheffield Padilla indica que, desde el 13 de marzo pasado, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó la declaratoria de pandemia por el nuevo coronavirus, implementó el Programa Especial de Verificación y Vigilancia Covid-19, con vigencia indefinida.

Desde entonces, se han realizado 259 requerimientos de información a las empresas que comercializan o fabrican: alcohol, atún, azúcar, carnes frías, cubrebocas, gel antibacterial, cofias, guantes, antigripales, vitaminas, toallas húmedas, desinfectantes, termómetros, fórmula infantil, cereales, papillas, leche, frutas, legumbres, jugos, maíz, papel higiénico, pastas, harinas, leche en polvo y líquida, frijol, arroz, huevo, jabón de tocador, blanqueador, tortillas y yogurt.

Las empresas de la industria de alimentos y bebidas que se encargan de surtir a las tiendas de autoservicio se han visto favorecidas por la pandemia. De acuerdo con el último “Reporte sobre las economías regionales” de Banxico, en el que se publica una encuesta especial durante mayo a contactos empresariales, 35% de los encuestados de esta industria reportó un impacto positivo en la demanda nacional y 48.3% aumentó los precios de venta.

El reporte indica que, por ejemplo, en marzo, en la región centro, como resultado de la propagación de coronavirus, la demanda se concentró en la compra de alimentos, productos de higiene personal y limpieza para el hogar, tanto en tiendas de abarrotes como de autoservicio.

AHORA, TODO BIEN, DESPUÉS… NO SE SABE

En el primer trimestre del año, estas grandes tiendas de autoservicio tuvieron ingresos como nunca, pues las ventas atípicas impulsaron su crecimiento. En el caso de Walmart, 13%; de Chedraui, 14%, y de Soriana 10%. Aunque el curso del año es incierto, toda vez que no saben cuáles serán las afectaciones de la pandemia.

Walmart destaca una volatilidad en los indicadores económicos, una depreciación del peso mexicano, limitaciones en la movilidad de las personas, pérdida de empleos y por consiguiente una reducción en su capacidad de generar ingresos.

“Sin embargo, dada la naturaleza dinámica de este brote, la medida en que el virus COVID-19 impactará los resultados de la Compañía dependerá de su desarrollo futuro y, en buena medida también de las acciones que adopten los diferentes gobiernos de los países en los que operamos”, indica Walmart de México.

Si bien los efectos son inciertos, percibe que el impacto podría resultar en la pérdida de poder adquisitivo de las personas y la consiguiente disminución del consumo. También puede haber interrupciones en la cadena de suministro, con impactos en el abasto de mercancía en las tiendas. Incremento en gastos operativos, por apoyos adicionales al personal, y diversas medidas de seguridad e higiene.

La empresa, que dirige Guilherme Loureiro en México y Centroamérica, apunta que no se ha tenido un impacto financiero. No obstante, cabe recordar que el 25 de mayo pasado anunció el pago de poco más de 8 mil millones de pesos de obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esto se verá reflejado en sus resultados consolidados del segundo trimestre del año.

Mientras que Soriana dijo que no le era posible aún cuantificar los efectos que se pudieran generar en los estados financieros consolidados, pues iba a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses.

“Es de destacar que al pertenecer Soriana al sector de tiendas de autoservicio y ofrecer productos de consumo de primera necesidad al público en general, esperamos que pueda ser un factor que ayude a mitigar el posible impacto negativo que tenga la compañía por este hecho”.

Ambas empresas dieron estas perspectivas a finales de abril pasado, en su reporte anual correspondiente a 2019, que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores.

Y mientras siguen las denuncias de ciudadanos por alza de precios injustificados ante Profeco, Bodega Aurrera, formato de negocio de Walmart de México y Centroamérica, presumía en abril pasado su iniciativa “Los esenciales”, que describió como un plan de apoyo que ofrece 125 artículos básicos al precio más bajo y sin cambios para cubrir las necesidades esenciales de los mexicanos.

Minutos después de la conferencia de López Obrador de ese lunes 20 de abril, vecinos de una colonia de Tijuana encuentran un cadáver calcinado. Así continuaría la jornada hasta completar 114 homicidios, bajo la guardia de Alfonso Durazo.

“Asesinan a ocho civiles en la Sierra de Guerrero.”

“Matan a dos en Tepito; se presume que eran narcomenudistas.”

“Tablean y dejan abandonado a un joven cerca de una iglesia en Santa Fe, Culiacán.”

“Ejecutan a una familia en Las Hilamas, Guanajuato; una estaba embarazada.”

“Asesinan a Axel Tiessen, destacado científico del Cinvestav.”

Con esas noticias se terminaba el 19 de abril de 2010. Sobre una pila de cuerpos, aquel domingo se había erigido como el día más violento en la historia reciente del país. En el reporte diario de homicidios que hace el gobierno mexicano se contabilizaron 105 asesinatos, una cifra histórica nunca antes vista desde 1997.

Pero en un país como México, que va de tragedia en tragedia, ese récord no duraría ni 24 horas. El día siguiente, el 20 de abril, se convertiría, ahora sí, en el día más violento de la historia de México: ahora serían 114 homicidios.

Así fue el día más rojo de nuestro país en lo que va del siglo.

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A las 07:18 de la mañana de ese lunes 20 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en el templete del Salón Tesorería de Palacio Nacional para su conferencia matutina, más tarde que lo usual, porque se alargó su reunión con el gabinete de seguridad.

Días antes habían circulado en redes sociales imágenes de sicarios entregando despensas a nombre del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima y Los Zetas a damnificados por la crisis económica que ha generado la pandemia.

“Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir ‘estamos entregando despensas’, ¡mejor bájenle!”, exige el mandatario.

Pero los cárteles ese lunes no atenderán al presidente y su “mañanera”.

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Unos minutos después de que terminó la conferencia matutina del presidente, a las 09:30 de la mañana, vecinos de la calle Angostura en la colonia Campestre Murua, en la ciudad de Tijuana, encuentran un cadáver calcinado.

Está frente a un terreno baldío que colinda con el número 15791: en posición fetal, con la boca abierta, quemado desde la cabeza hasta las piernas, tan maltratado que solo una prueba genética podría revelar su identidad.

Dos horas después, en la misma ciudad fronteriza, otro cuerpo será hallado en el fraccionamiento Cañadas del Florido: un joven, de entre 20 y 25 años, que fue torturado y asesinado. Sus restos están abandonados junto a un bote de basura.

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A las 10 en punto, la cuenta en Twitter de la Guardia Nacional da cuenta de lo que están haciendo sus elementos, encargados de combatir al crimen organizado: reparten cubrebocas en el municipio de Cacalchén, Yucatán.

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El juez de paz en el municipio poblano Palmar de Bravo, Guadalupe Piletas, llega puntual a su cita de las 11 de la mañana con el presidente municipal Hilario Vicente Martínez y otros jueces para abordar un tema que los mantiene ocupados: el poder creciente de los huachicoleros en la zona y la pandemia.

Cuando la reunión termina, el juez de 35 años anuncia por teléfono su regreso a casa y sube a su camioneta, una Chevrloet S10. A los pocos minutos, hombres armados interrumpen su camino y le disparan con rifles de alto calibre.

Los vecinos de la colonia Flores de Soledad en Palmar del Bravo descubren su cuerpo dentro del vehículo: está recostado de su lado derecho y con el celular en la mano. Creen que murió intentando avisar a su familia que lo estaban emboscando.

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A las 3:30 de la tarde, Roberto, de 47 años, espera sobre la calle Antonio Díaz, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, a que abra el negocio de su cuñado para comprar el material de construcción necesario para reparar su taller mecánico.

Mientras aguarda, un vehículo se detiene a su lado y el copiloto saca por la ventanilla una arma calibre 9 milímetros. Roberto quiere correr, pero seis disparos avanzan más rápido que él y le impactan al instante.

Cuando elementos de la Fuerza Civil llegan hasta él en la colonia Emiliano Zapata, ya no hay nada que hacer: murió en los brazos de su hijo, quien estaba a su lado cuando le dispararon.

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Cerca de las 4 de la tarde, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, tienen una videoconferencia con gobernadores de Acción Nacional, en el cual “dialogaron sobre temas de interés estatal y nacional”.

Un día antes, Olga Sánchez Cordero estuvo muy ocupada en su oficina en Bucareli, al centro de la Ciudad de México, preparando un apercibimiento público contra Televisión Azteca por los dichos del conductor Javier Alatorre contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

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Un hombre y una mujer entran sin registrarse cerca de las 5 de la tarde al fraccionamiento Villa Fontana Acqua en Tlajomulco, Jalisco. No dejan sus credenciales ni dan sus nombres, porque van con el objetivo de matar a un inquilino del edificio 25C.

Cruzan la avenida principal de la residencial, ubican el edificio, suben al tercer piso y a patadas abren la puerta. Su víctima es sorprendida en la sala, tratando de entender quiénes son esas personas y por qué han entrado así a su casa.

Suenan disparos. Unos vecinos dicen que dos, otros que cinco. Cuando los paramédicos de la Cruz Verde llegan hasta la sala, salen tan rápido como entraron: no hay forma que alguien con tantos disparos en la cabeza, y con tanta sangre vuelta un charco, pueda sobrevivir.

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Alicia sabía que la querían asesinar. Una semana antes, durante una fiesta en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, un violento narcomenudista de la zona conocido como “El Bagui” le puso un arma en la cabeza y le dio un ultimátum: o se iba de la colonia Ejército de Oriente o la mataría.

La comerciante creía que podía arreglar ese problema. Solo necesitaría unos días más para encontrarle solución. Así que el lunes se queda en su casa, con su hijo Sócrates, a buscar una salida a ese enredo. En algún momento de la tarde, les da hambre y madre e hijo salen a comprar pan y leche.

Mientras Alicia elige las piezas de pan dulce, un estruendo la estremece. Corre a la calle José Rodríguez, donde Sócrates la espera al volante en el auto blanco de la familia. Y ahí lo encuentra: a su hijo lo acababan de asesinar con 15 disparos.

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El subsecretario Hugo López Gatell aparece, como todos los días, en el Palacio Nacional para su conferencia vespertina. “La misa de 7”, le llaman. Hay un anuncio especial: por primera vez, América supera a Europa en los casos confirmados del nuevo coronavirus.

Luego, López Gatell hace el recuento acostumbrado: a los muertos por la violencia, México debe sumar 26 nuevos fallecimientos por Covid-19 para un total de 712 fallecidos y 2 mil 965 casos activos.

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A las 7:20 de la noche, tres tiros sobresaltan a los vecinos de la calle Obregón, en la colonia Centro, de Temixco, Morelos. Los valientes que salen a calle en este municipio, donde lo más habitual es cerrar los ojos y la boca cuando suenan balazos, ven a un hombre tendido cerca del mercado.

Tiene unos 35 años, zapatos negros, pantalón de mezclilla y una playera roja que se hace guinda a medida que la sangre le sale a borbotones.

El homicidio causa el enojo de un vecino: el cuerpo ha quedado tan cerca de su negocio, una mueblería, que tendrá que cerrar una hora más temprano, porque ningún cliente querrá comprar un sillón, mientras ve un cadáver sangrante tirado en la calle.

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Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, pasa la noche revisando el discurso que dará al día siguiente para los cadetes de primer año de la Universidad Naval.

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Un hombre esconde un arma corta debajo de su camisa, mientras espera de pie en una esquina del parque de la avenida Las Margaritas en Cancún, Quintana Roo. Lleva todo el día buscando por la Región 259 del Caribe mexicano a ese hombre que debe asesinar antes de la medianoche.

Cerca de las 9 de la noche, lo observa salir de unas oficinas. Lo sigue hasta que Pedro, chofer de 36 años, se sienta en una banca del parque a fumar un cigarro. Entonces, el sicario le dispara en seis ocasiones y huye.

Su esposa, embarazada, recordará horas más tarde que un hombre tenebroso tocó a su puerta por la tarde y preguntó por Pedro. Ella, sin saber que era un pistolero, le dio la dirección de su trabajo.

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Cinco minutos antes de que acabe el lunes 20 de junio, un comando armado ataca a tiros a un grupo de hombres reunidos en la calle Benito Juárez de la colonia Apatzingán en Irapuato, Guanajuato.

Cuatro de ellos alcanzan a perderse en la oscuridad, pero uno trastabilla al intentar huir y cae cerca de un vehículo pequeño, azul, que sirve como paredón a los pistoleros.

Los sicarios le disparan en varias ocasiones y alcanzan a dejar sobre su cuerpo un mensaje cuyo contenido textual no fue revelado por la policía local. Sólo dijeron a la prensa que se trata de un episodio más en la guerra por el Bajío.

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El día termina y las actividades en el día más violento en la historia del país de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, son privadas. En Twitter no registra otra actividad que no sea un retuit a la conferencia matutina de su jefe, el presidente.

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Al día siguiente aparece un nuevo reporte diario de homicidios elaborado por el gobierno mexicano: 114 homicidios, de los cuales 16 ocurrieron en Guanajuato.

Jalisco y Michoacán registraron, ambos, 11. Guerrero y el Estado de México tuvieron 9 cada uno. En Sonora hubo 7. Y Baja California, Chihuahua y Puebla empataron con 5.

Veracruz, Sinaloa y Ciudad de México contaron 4 asesinatos en cada entidad. Zacatecas, Colima y Oaxaca, 3. Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, 2. Y uno en Baja California, Chiapas, Hidalgo, y Tamaulipas.

Y, de nuevo, a contar los homicidios nuestros de cada día.