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• Conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa
• Para las y los dueños de medios de comunicación en México, queda la tarea de mantener el equilibrio entre la función social de los medios como constructores de la democracia, y el negocio

En un Webinar para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa y organizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, las y los panelistas concluyeron que el periodismo en el país se ha convertido en un campo minado. Para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo, es necesario combatir la impunidad, pero también hay otros pasos pequeños que instituciones internacionales como la Unión Europea (UE) pueden dar para apoyar al gremio. Para las y los dueños de medios de comunicación en México, queda la tarea de mantener el equilibrio entre la función social de los medios como constructores de la democracia, y el negocio.

En el webinar, moderado por la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac) Lucía Lagunes Huerta, participaron la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, colaboradora de la revista Proceso y otros medios, originaria de Chihuahua, y desplazada y exiliada luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea en 2017; Teresa Montaño Delgado, periodista de Toluca con más de 25 años de experiencia y con enfoque en transparencia, fraudes electorales y violencia de género; Fernando Hernández Michi, colaborador de Radio Amilcingo, que sirve a la comunidad indígena en resistencia contra el Proyecto Integral Morelos y que el año pasado perdió el fundador de la Radio, Samir Flores Soberanes.

También participó el abogado y Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Eduardo Espinosa. Las y los participantes coincidieron en que la situación del periodismo en México se ha ido cada vez empeorando. Esta situación fue creada “a través de décadas, los niveles de corrupción son preocupantes. La impunidad permite que las y los políticos no ejerzan bien su trabajo, y que tengan permiso para desplazarnos, ejecutarnos”, opinó Mayorga Ordoñez.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, hubo muchas expectativas por parte de las y los periodistas, de mayor aperturas y de reformas, agregó Montaño Delgado, pero “es un cambio que no se han dado, es meramente aspiracional. Pero no han vuelto a ver los estados”. La periodista definió al Estado de México como el “epicentro de la corrupción en todo el país”, donde se pusieron en práctica esquemas de corrupción, acoso, hostigamiento y control de los medios.

“En el Estado de México quien quiere hacer periodismo de investigación se enfrenta a obstáculos. Todas las fuentes están vinculadas al poder. Es un estado donde las leyes y el andamiaje en torno a éstas están construidas para la opacidad, para que no se llegue a sanciones para quien incurra en corrupción, o la sustracción de recursos“, dijo Montaño Delgado. Coincidió con Mayorga Ordoñez en que los gobiernos de los tres órdenes usan la publicidad oficial en el sentido de discriminar a algunos medios y beneficiar a otros.

Por lo tanto, “tuve que aprender que si quería hacer periodismo centrado en los Derechos Humanos, no podía hacerlo desde el periodismo corporativo. Porque lo que hacen generalmente no es informar, sino que tapan las espaldas de quienes proveen esos contratos publicitarios”. Mayorga Ordoñez también abonó al periodismo independiente: “En este mismo contexto ha florecido un periodismo muy rehúso. No tenemos todo el poder, pero ahí está, y la sociedad tiene que apoyarlo, aprender a leer notas, reconocer las notas falsas”.

Radios comunitarias, en cruce de fuego

El comunicador Fernando Hernández Michi opinó que las radios comunitarias en muchas ocasiones han sido el blanco de diversos intereses, por ejemplo cuando en sus noticias locales se mencionan irregularidades para realizar obras y proyectos: “Puede haber una amenaza desde los propios pueblos indígenas, una amenaza al nivel municipal, nivel estatal, incluso al nivel federal. La percepción que tienen es que en las radios comunitarias se mencionan cosas verídicas, y eso incomoda a ciertos personajes”.

La persecución de estos personajes hacia locutores y locutoras sería un peligro. Una forma de silenciar la radio sería quitar o inhabilitar equipos como antenas, transmisores, computadoras, o celulares, y la otra incluso quitar la vida como en el caso de Flores Soberanes. Hernández Michi recalcó que las radios comunitarias tienen un rol importante para informar sobre todo a las poblaciones indígenas. “Con lo poco que tenemos vamos cambiando mentalidades, que se investigue, que se informe y que saquen su propia conclusión”.

Es lamentable que el alcance de las radios es restringido, “el reto es que se extienda más la señal”, dijo. El papel de las radios comunitarias sería importante “para darle voz y voto a los pueblos indígenas, a las personas que quieran expresar su punto de vista”. Reportó que su radio cooperó en diversos instantes con instituciones de Derechos Humanos, por ejemplo para esclarecer el asesinato de Flores Soberanes.

Las y los periodistas también hablaron del impacto personal de la violencia y el desplazamiento en la vida de las periodistas. “Es un impacto brutal. No sabes si vas a regresar, no sabes si vas a recuperar tus bienes, tu tierra, tu casa”, contó Mayorga Ordoñez, quien acaba de cumplir 3 años en el exilio. Insistió en el impacto diferenciado en las mujeres: “Las mujeres somos responsables de hijos y papás. También es más fácil que te calumnien, se crean rumores y que se lo crea la sociedad porque es machista. Te califican de prostituta, y eso para muchos es lo peor que se puede decir de una mujer. Es un dolor inmenso por los hijos. Te responsabilizan, dicen, ¿por qué no haces tacos? Es un problema de una sociedad machista, junto con la corrupción, y la impunidad”.

De la periodista con quien compartía informaciones, y quien fuese asesinada el 23 de marzo, 2017, contó: “Miroslava Breach era mujer tremendamente empoderada. Tenía una claridad muy aguda, de para qué quería el periodismo y los medios donde estaba. Era muy ruda, una personalidad fuerte, y eso, en la Sierra, en una sociedad ultra machista donde puso el foco de la narco política, fue incomodando. Cómo una mujer va venir a desnudarnos”.

No existen planes de retorno para periodistas desplazadas

Una medida para garantizar la seguridad de las periodistas, y con ellas y ellos la información que llega a la población, sería combatir la precariedad en el gremio, dijeron las panelistas. Sería más bien el periodismo independiente, el que saca a la luz prácticas corruptas. Las instituciones públicas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no gozan de la completa confianza de las y los periodistas.

En el Mecanismo de Protección, por ejemplo, habría “muchos cabos sueltos”, según Montaño Delgado. Junto con Mayorga Ordóñez lamentó que los asesinatos no se investiguen como labor periodística como primera línea de investigación, y las amenazas anteriores, ni se verían. Para las y los periodistas desplazados, no existe un plan de retorno: “Les conviene que estemos fuera, que no retornemos”. Las periodistas y el investigador confían más en el poder de instituciones internacionales como la UE, para poner la Libertad de Expresión en la agenda del gobierno mexicano y empujar reformas.

Los representantes de la Delegación de la Unión Europea, Jean Pierre Bou y Jerome Poussielgue, expresaron que la UE tiene un compromiso importante con la Libertad de Expresión, y que apoyan varios proyectos y organizaciones en este ramo, entre ellas Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, y CIMAC. Poussielgue dijo que se apoya en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la unidad de prevención, y los procesos de solicitud de licencias para radios comunitarias indígenas, pero que querían ver en qué otros rubros podrían fortalecer la Libertad de Expresión en México.

Sonia Gerth|Cimacnoticias 

• La pandemia significó un reto para el periodismo; sin embargo, no todas las empresas tomaron las medidas para proteger la salud de sus reporteras y reporteros
• Periodistas decidieron renunciar priorizando su salud, debido a que no tienen garantizada su seguridad física, económica ni mental

La pandemia por Covid-19, sumado a la violencia y a las precarias condiciones laborales, es un frente más que las y los periodistas deben sortear para garantizar el derecho a la información

El 31 de marzo el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Salud, publicó el listado de actividades consideradas esenciales, es decir, que se mantendrían durante la contingencia sanitaria por Covid-19, entre ellas, las realizadas por los medios de información. 

La pandemia significó un reto para el periodismo; sin embargo, no todas las empresas tomaron las medidas para proteger la salud de sus reporteras y reporteros, quienes desde antes, en su mayoría, ya trabajaban sin derechos laborales. 

En la mesa de diálogo “Reportear en tiempos de Covid-19”, organizada por Cencos, la reportera Neldy San Martín comentó que algunos medios tomaron medidas como permitir el trabajo desde casa, pero hubo quienes no tomaron previsiones y además exigieron a las y los periodistas permanecer en calle recopilando testimonios, audios o imágenes.  

San Martín también advirtió que hubo empresas mediáticas que ante la crisis económica redujeron el salario del personal un 25 o 30 por ciento; y en algunos casos pidieron firmar un documento donde se dice que el recorte solo será solo durante el mes de mayo. 

A su vez la fotoperiodista Sashenka Gutiérrez coincidió en la mesa de debate en que unos medios ofrecieron medidas, por ejemplo, protocolos de seguridad ante la pandemia, aprovechando la experiencia de otros países, con recomendaciones básicas como usar telefoto para no acercarse a las personas o les entregaron caretas y gel antibacterial. 

En este contexto, hubo periodistas que decidieron renunciar priorizando su salud, debido a que no tienen garantizada su seguridad física, económica ni mental; otros que decidieron continuar su trabajo con sus propias medidas y mujeres periodistas que tomaron la oportunidad de trabajar en casa y asumir las tareas de cuidado de hijas e hijos y de limpieza del hogar. 

La falta de seguridad social para periodistas durante esta pandemia se hizo presente el 25 de marzo, cuando en conferencia de prensa el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández Ávila, anunció un permiso de incapacidad para los afiliados al IMSS. 

En su participación, el funcionario preguntó cuántos periodistas tenían seguridad social y se sorprendió al ver que menos de 30 por ciento de los presentes la tenían. Además, llamó a reclamar esta prestación porque “el periodismo es una ocupación de resigo: ustedes están en sitios concurridos”, dijo. 

Las directrices de atención a la pandemia de Naciones Unidas reconocen que la salud humana también depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a la familia y a la comunidad. 

El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas, expone Naciones Unidas.

Sin embargo, durante la contingencia el periodismo sigue enfrentando violencia. Durante la fase 1 y 2 de la epidemia de Covid-19 se registraron 29 casos de violencia contra mujeres periodistas, 7 de ellos relacionados directamente con la cobertura de la crisis sanitaria. 

El Programa de Libertad de Expresión y Género, de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), documentó que las periodistas han sido atacadas y estigmatizadas por indagar sobre el actuar de las autoridades de salud en la atención de la pandemia. 

El análisis de Cimac muestra que entre marzo y el 21 de abril, durante la fase 1 y de la 2 de la emergencia, los estados donde se registraron más ataques fueron la Ciudad de México con 10; Veracruz con 4; y Puebla y Oaxaca con 3 cada uno.

Los organismos internacionales aseguran que es esencial que los gobiernos y las empresas de internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable y difundiendo mensajes públicos sólidos. 

Sin embargo, en abril la Red Puebla de Periodistas expresó su preocupación por la iniciativa presentada por la diputada Nora Merino Escamilla y el diputado Gabriel Biestro Medinilla, para reformar el artículo 165 del Código Penal del Estado, y sancionar a las personas que difundan noticias falsas, lo que podría generar censura o sanciones desproporcionadas.

En esta pandemia una prensa libre siempre es esencial, por eso Naciones Unidas ha declarado que en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias; por otro lado defensores de la libertad de prensa agregan que las personas encargadas de investigar e informar también deben ser protegidas de la violencia.

Anayeli García Martínez 

• Sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpla con las medidas de no repetición de la tortura

A 14 años de los operativos policiacos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, donde 11 mujeres fueron víctimas de violación sexual, no hay resultados concretos en la investigación penal, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en diciembre de 2018.

A más de 16 meses de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana por este caso de tortura sexual, no se ha avanzado de manera sustancial en los procesos de justicia y las medidas de no repetición, afirmaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil).

Las organizaciones advirtieron en un comunicado de prensa que el caso de las “Mujeres de Atenco”, como se conoce, y muchos otros más documentados desde ese entonces muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a Derechos Humanos en México.

Las organizaciones señalaron que aunque existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de tortura sexual, aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de México, cuyas serias deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por la CoIDH.

Recordaron que la Corte también ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación, fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Al encontrar responsable al Estado mexicano, el organismo internacional también ordenó crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales en lo federal y del Estado de México.

Respecto al Mecanismo contra la tortura sexual, las mujeres de Atenco y sus representantes señalaron que durante meses participaron en reuniones con las autoridades, aportando propuestas e insumos para la ruta de fortalecimiento. 

Sin embargo, dicho proceso se suspendió de facto desde octubre de 2019, cuando las instituciones informaron que tenían que revisar la propuesta construida. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado este proceso para avanzar en la propuesta.

Respecto a la creación del observatorio independiente del uso de la fuerza, el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde que le fue notificada la sentencia en diciembre de 2018. Las organizaciones representantes, dijeron, también que han aportado insumos para impulsar esta medida, sin resultados.

Si bien México atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia que originó el Covid-19, las organizaciones consideraron que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia.

Señalaron que el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; pero las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar el cumplimiento en este plazo.

El Centro Prodh y Cejil manifestaron que como ha ocurrido desde que sucedieron los hechos, hace 14 años, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura, represión social y encarcelamiento injusto, por medio de la campaña nacional “Rompiendo el Silencio”.

Con esta campaña, para promover las liberaciones de varias de las mujeres víctimas de tortura sexual y acusadas de delitos, han mostrado la práctica de las detenciones arbitrarias y acusaciones falsas y ha servido para que las mujeres del caso Atenco puedan combatir la violencia estatal desde una lógica de solidaridad, organización y denuncia pública.

El Centro Prodh y Cejil dijeron que sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpla con las medidas de no repetición de la tortura, por lo que llamaron a cumplir las medidas fundamentales dentro del plazo previsto.

Cimacnoticias

• La OEA publicó una guía con enfoque de derechos ante el Covid-19 en las Américas, la cual tiene un análisis de la situación desde cada grupo y recomendaciones de cómo puede implementar políticas públicas y que se garanticen sus Derechos Humanos

Mujeres, niñez, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas, personas de la comunidad LGBTTIQ, personas con discapacidad, son distintos entre sí, pero a la vez tienen en común que son grupos que suelen estar en desventaja, excluidos, segregados y discriminados.

Si esto ocurre en lo cotidiano, lo mismo sucede en una crisis. Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) detectaron la necesidad de sugerir medidas incluyentes para atender con enfoque de Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Como especialista en Discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la OEA, Pamela Molina, mujer sorda, chilena, explicó en entrevista cómo surgió esta iniciativa: “Muchas generaciones nunca habíamos vivido una situación como esta, pero empezamos a ver que en las Américas, los estados miembros de la OEA estaban respondiendo ante la emergencia de diferente manera, algunas veces no tan buena, pero ninguna inclusiva de los grupos en situación de vulneración”.

“Incluso algunos sin enfoque de Derechos Humanos, muchos derechos están siendo vulnerados en esta situación. Entonces, empezamos a ver las necesidades de orientar a los Estados para que den respuesta, una política inclusiva, interseccional ante la emergencia, incluyendo las mismas políticas públicas en enfoque desde los Derechos Humanos en grupos en situación de vulneración. Esto implica mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendiente, pueblos indígenas, niños y niñas, migrantes, refugiados y desplazados”, señaló Molina.

La OEA publicó el 7 de abril la “Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas”, la cual tiene un análisis de la situación desde cada grupo, recomendaciones de cómo puede implementar políticas públicas y que se garanticen sus Derechos Humanos.

A través de diferentes expertas y expertos elaboraron esta guía como parte de la experiencia interna de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Pamela Molina, detalla cómo debe darse la interseccionalidad en la atención de la emergencia por el Covid-19: “Políticamente con una mirada interseccional hacia la persona humana, resolvemos un tema, pero no los otros que son parte de la identidad de un mismo ser humano. Entonces, las mujeres con discapacidad somos mujeres y también somos personas con discapacidad.”

“Incluso voy a decir que tenemos otros conjuntos de identidades en una misma persona, yo por ejemplo: soy mujer, soy persona sorda, soy migrante, soy heterosexual, en ese lado tengo un privilegio, pero podría serlo, si no lo fuera tendría una barrera más, todo esto dentro de mi identidad de persona con discapacidad. Entonces, cuando yo quiero beneficiarme de una política pública y necesito acudir a programas de los Estados frente a la emergencia, a mí me exigen decidir qué soy más, ¿Soy mujer o soy persona con discapacidad a dónde voy?¿ Soy más migrante que mujer? Y no soy ni más ni menos que esas cosas, la intersección no está siendo abordada. Que una persona quede aislada de otro grupo es algo que le pasa a las mujeres con discapacidad.”

“Entonces, las mujeres con discapacidad cuando hablamos de género, ellas son invisibilizadas, dentro de los movimientos feministas incluso muy pocas veces piensa en incluir a las mujeres y niñas con discapacidad. Los movimientos de personas con discapacidad no incluyen mujeres y los movimientos de mujeres no incluyen mujeres con discapacidad, entonces necesitamos ser incluyentes entre todos, no somos interseccionales. Las mujeres con discapacidad sufren las mismas discriminación que las mujeres, pero todavía más acrecentada por la desigualdad, la violencia y la discriminación.”

De no sumarse una respuesta inclusiva e interseccional, es decir, que incluya todas las diferentes condiciones de una persona, hay mayor riesgo de que estos grupos sean afectados por la pandemia de Covid-19, advirtió la experta.

Lo que ahora ocurre con el Covid-19 con prácticas erróneas o poco incluyentes de parte de los Estados, es algo que antes se repitió en otras crisis como en los temblores. Por ello, Pamela Molina realizó las siguientes recomendaciones para el sector de las mujeres:

“A mí me tocó escribir el capítulo sobre personas con discapacidad, también recopilé y coordiné la elaboración de la Guía, la edición de la misma también. En relación a las mujeres se hace mucho énfasis en torno al aumento de la violencia de género en caso de cuarentena y toque de queda, y hay necesidad de que los Estados tomen medidas de prevención, de fiscalización, de protección de las mujeres. Otra cosa también muy importante, se recomienda que todas las medidas que los Estados están implementado tanto de trabajo y de educación a nivel virtual deben ser inclusivas y accesibles para personas con discapacidad de todo género. Las respuestas que hasta ahora se están dando no están considerando las condiciones específicas de estos colectivos”.

La experta enfatizó que debe darse una mirada transversal, es decir, aquella que incluye a las diferentes poblaciones en situación de vulneración en las diferentes políticas públicas que son para todas las personas: salud, educación y trabajo, protección social, etc. De no incluirse una mirada interseccional y transversal como explicó la experta Pamela Molina, lamentablemente la discriminación podría agudizar la desigualdad y las condiciones de pobreza en la que viven estos grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres con discapacidad.

Priscila Hernández Flores | Cimacnoticias