- Desde la prisión militar #5 en Mazatlán, Sinaloa, el mayor Alejandro Rodas Cobón cuenta en exclusiva a EMEEQUIS que el expresidente Felipe Calderón ordenó la creación del “Pelotón de la Muerte” dentro del Ejército para ejecutar a presuntos criminales en Chihuahua.
EMEEQUIS/Óscar Balderas
En 2008, la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) del Ejército mexicano tenía un nombre secreto, acorde a la misión que realizaba en las sombras durante el Operativo Conjunto Chihuahua: se le conocía como el “Pelotón de la Muerte” y su tarea era secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a presuntos criminales, como parte de la estrategia de la recién empezada “guerra contra el narco”.
Su sede estaba en Ojinaga, Chihuahua, a 400 kilómetros de Ciudad Juárez, que aquel año sería nombrada la urbe más violenta del mundo. De sus instalaciones salía todos los días un grupo compacto de soldados cuya instrucción era exterminar civiles, así como robar botines al crimen organizado y guardar una parte de lo hurtado –las armas y las drogas– para “sembrarlo” a detenidos a quienes no habían podido ejecutar.
“A la mayoría de las personas se les incineraba después de largas torturas. Se usaba gasolina como materia prima del trabajo”, cuenta el mayor Alejandro Rodas Cobón desde la prisión militar #5 en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentra recluido desde hace casi 11 años acusado por el propio Ejército mexicano de pertenecer al “Pelotón de la Muerte”.
La comunicación entre el mayor Alejandro Rodas y este reportero se hizo a través de su abogado con el objetivo de que el militar cuente, de propia voz, quién estaba en lo alto del organigrama de ese grupo de exterminio que abatió, sin distingos, a criminales e inocentes.
“Las órdenes las daba el presidente Felipe Calderón”, acusa sin titubeos para EMEEQUIS. “Él era el mando supremo del ‘Pelotón de la Muerte’”.
La sorpresiva guerra contra el narco
El mayor Alejandro Rodas es un veterano en las Fuerzas Armadas del país. Oriundo de Tapachula, Chiapas, entró al Ejército mexicano en 1984, a los 14 años, a través del Heroico Colegio Militar. A partir de entonces escaló en el directorio de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta llegar a la categoría de Jefe y ganarse una estrella dorada, el símbolo de un Mayor. Antes de ser encarcelado, su reputación era la de un militar de carrera, honesto y eficaz.
En diciembre de 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, lo sorprendió la estrategia de “guerra contra el narco”. Azorado, vio por televisión como el nuevo presidente enviaba 4 mil soldados a Michoacán para asumir las tareas de la policía local, una misión para la cual los militares no estaban preparados.
Un mes más tarde, sería su turno para meterse de lleno a la “guerra contra el narco”. En enero de 2007 fue enviado a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada en Chihuahua, donde el Cártel de Sinaloa peleaba el control de la entidad al Cártel de Juárez.
El estado más grande del país se había convertido en un campo de batalla entre cinco grupos de violentos sicarios, quienes para probar su valor trataban de superar a sus enemigos en sadismo: La Línea, Barrio Azteca, Gente Nueva, Los Mexicles y los Artistas Asesinos estaban en una competencia enloquecida por ser los más sanguinarios.
“Hay que abatir”
Durante todo ese año, el mayor Alejandro Rodas y sus 219 compañeros que integraban “La Tercera” golpearon al crimen organizado sin que se presentara una sola queja contra ellos ante organismos de derechos humanos, asegura. Pero eso cambió drásticamente el siguiente año, cuando el presidente Felipe Calderón ordenó el envío de 2 mil militares al norte del país para iniciar el Operativo Conjunto Chihuahua.
El entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, nombró al general Felipe de Jesús Espitia Hernández como coordinador de ese espectacular operativo ante los medios de comunicación. El general removió a viejos liderazgos en el Ejército para poner a sus subalternos, quienes tenían como instrucción dar resultados a toda costa. “La Tercera” no fue la excepción.
“Se instauró una política generalizada desde arriba. El propio secretario Guillermo Galván Galván reunía a los mandos de regiones y zonas militares y giraba instrucciones precisas: hay que abatir a los miembros del narcotráfico”, recuerda el mayor Alejandro Rodas.
“Siempre se nos hizo hincapié en que esto tenía el visto bueno del presidente. Él encabezaba la cadena de mando. Fue una política perversa. A Felipe Calderón no le importó el sacrificio de vidas con tal de conservar el poder. Para mí, ha sido el más nefasto de todos los mandos supremos que yo recuerde”.
Usted llame, nosotros torturamos
La estrategia de terror, recuerda el mayor Alejandro Rodas, partía de la supuesta atención a las quejas ciudadanas. Los militares recorrían el estado animando a la población a denunciar anónimamente a miembros del crimen organizado mediante una línea telefónica segura. Cuando llegaba una pista, los militares se trasladaban hasta el punto, verificaban la información y, si se topaban con algún delito o la sospecha de la comisión de un delito, arrestaban a quienes estuvieran cerca, muchas veces sin órdenes de cateo o de aprehensión.
“Este método de la denuncia ciudadana en general fue utilizado por los mismos delincuentes para incriminarse uno a otros y parte de la población lo usó para vengarse por motivos personales hasta de sus vecinos”, recuerda el mayor Alejandro Rodas.
Los detenidos, responsables o no de un delito, eran usualmente torturados para obtener más información sobre criminales de la zona, según el expediente 15/2010 de la justicia militar que confirma la existencia del “Pelotón de la Muerte”. Algunos arrestados sobrevivían con el cuerpo destrozado; otros morían guardando los secretos del cártel o asegurando que eran inocentes y sus restos eran convertidos en cenizas con bidones de gasolina que salían de las instalaciones militares.
“Por comentarios de oficiales que actuaban en Ciudad Juárez en aquellos años se sabía que el propio general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien también era el comandante de la Quinta Zona Militar de Chihuahua, torturaba personalmente y desaparecía a ‘integrantes del crimen organizado’ en Ciudad Juárez. Eso se permitía.
“Así es el Ejército: cuando se da una orden y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado legalmente a cumplirla. Pero cuando las órdenes vienen desde un mando supremo, como el de presidente, en ningún caso puede ser cuestionada”.
Aliados de “La línea”
El mayor Alejandro Rodas sostiene que nunca participó ni fue testigo presencial de una ejecución extrajudicial. Pero sí tenía conocimiento de que en “La Tercera” operaba un grupo de exterminio que, además, tenía tratos con viejos miembros del grupo armado La Línea, del Cártel de Juárez, para que les filtraran datos que permitieran hacer detenciones y millonarios decomisos que les aplaudían desde la Ciudad de México.
Ese grupo estuvo detrás de la ejecución, entre otras personas, de Esau Samaniego, José Heriberto Rojas y Erick Valenzuela, presuntos miembros del crimen organizado, cuya participación en grupos delictivos nunca fue confirmada por un juez. De otros detenidos e incinerados, inocentes hasta que se demuestre lo contrario, se cree que aún son buscados por sus familiares que los dan por desaparecidos.
La suerte del mayor Alejandro Rodas se torció el 25 de junio de 2009, cuando un teniente coronel de “La Tercera”, Juárez Ramírez, quiso ser detenido por policías municipales de Ojinaga por supuestamente circular a exceso de velocidad. El militar no se detuvo cuando le marcaron el alto por temor a ser asesinado, pues se rumoraba que los policías estaban en la nómina del crimen organizado.
El teniente siguió manejando hasta un campo de futbol, donde sabía que había militares jugando. Cuando los policías quisieron arrestarlo, los soldados lo defendieron. Aquello se volvió un enfrentamiento campal que concluyó con un militar apuntándole con su arma de cargo al presidente municipal de Ojinaga, César Carrasco Baeza, quien se había presentado a la cancha de futbol para defender a los policías.
“Le voy a llamar a mi primo”
La afrenta no fue ignorada por el alcalde, quien días después se quejó de los militares con su primo, José Reyes Baeza, el gobernador de Chihuahua. Él, a su vez, se quejó con el secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, de los militares de “La Tercera” y amagó con revelar la existencia del grupo de exterminio, si no se encarcelaba a los mandos de aquella unidad militar, según el relato del mayor Alejandro Rodas.
Pero no había forma de que desde la Ciudad de México se avalara el encarcelamiento de los integrantes del grupo de exterminio. Sus resultados eran los que más brillaban en los medios de comunicación: espectaculares fotografías de decomisos de armas, drogas y un número sin precedente de detenidos que posaban para las cámaras con los rostros hinchados por los golpes y andanzas lastimosas por los toques eléctricos en los genitales. La narrativa era poderosa y útil a la “guerra contra el narco”.
“Así que mandaron a prisión a chivos expiatorios, como yo. Tenían que mantener intocada la cadena de mando de la que fue parte importante el general Felipe de Jesús Espitia. Siempre, recalco, con las órdenes del presidente”.
La detención
El 26 de agosto de 2009, el mayor Alejandro Rodas fue detenido en un centro de adiestramiento militar en Ensenada, Baja California. Tres agentes de la entonces Policía Judicial Militar lo rodearon y sin mostrarle orden alguna lo trasladaron por aire hasta el Campo Militar #1 en la Ciudad de México.
Ahí supo que, junto con él, 30 militares estaban acusados de homicidio, secuestro, tortura, robo, acopio de armas y encubrimiento. Aquel viaje fue una formalidad para simular que su juicio había comenzado en un territorio imparcial como la capital del país. Al día siguiente, el 27 de agosto, fue regresado por aire y tierra a Ojinaga, a “La Tercera”, donde lo encerraron en una cabaña por 25 días, incomunicado con su familia.
Ahí, el mayor Alejandro Rodas experimentó los horrores del grupo de exterminio. Lo golpearon hasta casi matarlo, lo asfixiaron con bolsas de plástico, le dieron toques eléctricos hasta que perdió el conocimiento varias veces. Para humillarlo más, le despojaron el uniforme militar. Todo para obligarlo a firmar una declaración, sin su abogado presente, de que él era el verdadero mando del “Pelotón de la Muerte”.
En habitaciones contiguas, otros militares sufrían las mismas torturas. Sus propios compañeros les exigían firmar, sin leer, supuestas confesiones en las que admitían haber asesinado a civiles por órdenes del mayor Alejandro Rodas.
Cuando ninguno pudo resistir más torturas, el 13 de septiembre de 2009, el Ejército envió un avión a Chihuahua que aterrizó, con ellos a bordo, en Sinaloa. Desde entonces, el mayor Alejandro Rodas duerme en el Área de Procesados de la prisión militar #5, desde donde se comunica con este reportero.
Once años sin sentencia
El tiempo le daría la razón al mayor Alejandro Rodas, pero no justicia.
Las declaraciones de uno de sus acusadores principales, el sargento Andrés Becerra, sería desechada luego de comprobarse mediante el Protocolo de Estambul que había sido obtenida mediante tortura. Lo mismo pasó con los dichos incriminatorios del militar Gabriel Roque Bernardino, quien fue absuelto luego de que se comprobó que su confesión se extrajo a golpes y amenazas.
Otras irregularidades en su caso están en el lugar donde supuestamente se hallaron los restos óseos incinerados de sus víctimas: Según un peritaje en poder del abogado del mayor Alejandro Rodas, no se desenterraron huesos de personas, sino de “animales mamíferos de mediano a gran tamaño, no humanos”.
“Estamos en prisión para aparentar que se hizo justicia en las violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas en Chihuahua. Lo hacen para no llamar a cuentas a la cadena de mando, así que encarcelan a los jefes y oficiales de menor rango.
“Algunos que pudieran atestiguar lo que digo siguen encarcelados, como el general Manuel de Jesús Moreno en la prisión militar #1. Otros están muertos. Es el caso del general de división Jorge Juárez Loera, a quien mataron poco tiempo después de dejar su último cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional”, se queja el mayor Alejandro Rodas.
Faltan solo unos días para que cumpla 11 años en prisión preventiva, es decir, no tiene sentencia. Ningún juez ha encontrado elementos para declararlo culpable de lo que le acusa el Ejército mexicano y, pese a ello, sigue recluido.
“La propia Secretaría de la Defensa Nacional ha cabildeado con los jueces de Chihuahua para que no haya avance en mis causas penales. No me permiten cerrar mis expedientes y contar ya con una sentencia. Mis causas penales están estancadas con la complicidad de los jueces”.
“Soy la voz de muchos militares”
Desde que está en la cárcel, su vida es una rutina tras otra: leer, hacer deporte, trabaja en los talleres. Pero, principalmente, pasa sus días planeando cómo salir absuelto de los delitos que le acusan.
A pesar de que su familia no lo visita tan seguido como él quisiera por razones de trabajo, el mayor Alejandro Rodas asegura que se siente animado por su esposa e hijos para conseguir su libertad.
“¿Quién soy? Soy una persona que, como muchos, ingresó a las Fuerzas Armadas por vocación de servir a la patria. Soy un padre de familia que ama intensamente y soy alguien que lucha día a día para salir de esta difícil prueba.
“Soy también la voz de muchos militares que sostenemos que había un escuadrón militar que cometieron atrocidades terribles bajo estrictas órdenes y obediencia que venían del hoy expresidente Felipe Calderón”.
@oscarbalmen
