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Recientes eventos de inseguridad en el país y, por tanto, quebrantamiento de la paz pública, muestran el equilibrio inestable en que se debate la seguridad ciudadana. Entre tales sucesos de violencia armada, con efectos letales tanto para civiles como para personal policial y del Ejército mexicano, destaca el llamado “operativo fallido” de Culiacán, Sinaloa (octubre 17/10/2019). Nota en síntesis. Ataques coordinados por parte de civiles armados, una llamada de Ovidio Guzmán López para “parar todo” y un intento de soborno al comandante de la fuerza de intervención fueron algunos de los momentos que se vivieron durante el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, del pasado 17 de octubre realizado por la Guardia Nacional para cumplimentar una orden de aprehensión y extradición contra el hijo de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán. (Fuente: Expansión Política. Lidia Arista. @Lidstelle. México. Amenazas, un intento de soborno… el minuto a minuto del operativo en Culiacán. El operativo para cumplimentar la petición de Estados Unidos. Mié 30 octubre 2019 12:48 PM. https://bit.ly/2N6aePe ).

Hechos violentos que desafían abiertamente el Estado de Derecho, cabe la responsabilidad constitucional de los poderes y gobierno en sus tres órdenes instituidos, y nos remiten inequívocamente a la facultad esencial de la fuerza coactiva del Estado que, desde luego toca directamente el cuarto grado constitucional de mandato que es el régimen de gobierno -objeto, por cierto, de la Cuarta Transformación pretendida-.

A partir de ese momento coyuntural y sintomático de confrontación con un notorio cártel protagónico del crimen organizado, como es el sinaloense, se sigue debatiendo en la opinión pública y publicada la pertinencia o no de un error táctico que no estratégico, en voz del Ejecutivo federal. Turbulencia, agitación o inquietud de la seguridad pública que nos lleva a reflexionar acerca de la exigibilidad de la activación de la fuerza coactiva del Estado, en sus modalidades diferentes de actuar, sean: negociación, disuasión, contención, repeler/o rechazo, represión y el punto límite de la aniquilación.

Este continuum que gradúa o escala el modo de intensidad de aplicación de la fuerza pública resulta de crucial importancia a la hora de actuar. En efecto, la autoridad pública esta investida por Ley para ejercer racionalmente -es decir bajo tácticas y estrategia explícita- ese gradiente de acciones en forma proporcional y coherente ante los distintos tipos de fuerza restringente a los que se enfrenta. En el caso que comentamos, la fuerza pública interviniente se vio asediada e incluso en algunos sitios emboscada bajo fuego, por lo que hubo de repeler dichos ataques bajo enfrentamiento armado. Lo que trazaría una trayectoria consecutiva del rechazo a la represión e inevitablemente de ésta a la aniquilación del agresor. Pero tal dirección no se dio.

En cambio, del acto de repeler, por interpósitos mediadores en el proceso del conflicto se regresó el avance en el gradiente de fuerza pública a los momentos de persuasión y negociación. Es decir, a la franca desactivación del operativo de aprehensión del sujeto indiciado, recurriendo a la disuasión del ejercicio de agresión armada por los delincuentes a la liberación negociada del sujeto retenido, a cambio de cesar la puesta en riesgo de población civil inocente e incluso de personas familiares de los activos policiales y militares intervinientes.

Las explicaciones, en gran medida inéditas de los comandos de la tarea de fuerza, y rendidas públicamente por los medios de comunicación se han centrado en la distinción entre la estrategia “de guerra” o exterminio de anteriores Administraciones y la presente de opción por la paz y la desactivación de la violencia armada. Distinción que es comprensible como prosecución de una finalidad ético-política diferente, pero no justificable desde la soberanía del Estado, amenazada por grupos beligerantes de interés espurio contra la sociedad.

Es decir, no puede el gobierno en el poder claudicar a un principio de interés general a la nación, en aras de una opción que en los hechos sea retirada franca, simple y llana, ante una fuerza agresora coyunturalmente avasallante. Lo que, desde mi punto de vista, implica la inmediata restauración de la capacidad de la tarea de fuerza presente en dicho territorio o jurisdicción, como presencia efectivamente disuasiva ante y contra energías restringentes del crimen organizado en ese preciso espacio, por un lado. Este elemento del análisis, yo lo veo ya parcialmente cubierto, con el envío de un comando de fusileros paracaidistas que se integran en Culiacán a las fuerzas del orden.

Por otro lado, no se trata de trabar una dialéctica y una retórica justificativa de la acción recesiva de la fuerza pública -lo que llevaría a un despeñadero de la seguridad ciudadana-, sino de aplicar con moderación y prudencia, sí, pero de manera inequívoca un nuevo gradiente de opciones alternativas de control y mando sobre los probables nuevos brotes de violencia armada. En esto no es posible ni aceptable claudicar. En donde, la contención, el frontal rechazo, y eventualmente la represión de los agresores de la ciudadanía, no son un mero desiderátum, sino una vía proporcional de respuesta a su beligerancia activa. En este punto, el orden y respeto del Estado no son negociables.

Para tratar de entender y comprender mejor la trascendencia de estos principios constitucionales, es oportuno recuperar y reflexionar acerca del papel importantísimo que debe ser ejercido por la propia ciudadanía.

Me refiero a señalamientos de un autor como Alberto Manguel, argentino, quien apunta: “Y sin embargo, en todos los casos, es el lector quien interpreta el significado, es el lector quien atribuye (o reconoce) en un objeto, un lugar o un acontecimiento cierta posible legibilidad; es el lector quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo. Todos nos leemos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. No podemos hacer otra cosa que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función primordial”, (“Una historia de la lectura”, traducción de Eduardo Hojman. Ed. Joaquín Mortiz 2005. Original “A History of Reading, 1996. Argentina. La última página. P. 21).

Después de hacer una convincente apología de la lectura, el autor concluye magistralmente: “Leer en voz alta, leer en silencio, guardar en la mente bibliotecas íntimas de palabras recordadas, son habilidades asombrosas que adquirimos mediante métodos inciertos. Antes de poder utilizarlas, el lector tiene que aprender la técnica elemental de reconocer los signos comunes que la sociedad ha escogido para comunicarse; en otras palabras, un lector tiene que aprender a leer. (…) Los métodos con los que aprendemos a leer no sólo encarnan las convenciones de nuestra sociedad particular en lo que respecta a la lectura y la escritura –la canalización de información, las jerarquías de conocimiento y de poder-, sino que también determinan y limitan las maneras en que utilizamos esa capacidad de leer” (Alberto Manguel. Opus cit., Aprender a leer. P. 81).

Y profundiza. El punto relativo al establecimiento de jerarquías de conocimiento y de poder, a causa del saber leer, es crucial para comprender que nuestras sociedades contemporáneas, provenientes de mil y un ensayos de esquemas societales del pasado remoto y mediato, tiene fundamento en la capacidad de los ciudadanos para interpretar y asimilar el peso, el sentido y el significado que tiene un pronunciamiento político –del gobierno

bajo el cual está sujeto- sobre su vida cotidiana, sus intereses patrimoniales, de familia o profesionales, e incluso más importante aún del impacto sobre los propios derechos humanos de los que somos titulares originarios e inalienables. No atinar a entenderlo así, deviene en abusos y extralimitaciones del poder en turno y, por tanto, en la alienación que inicia por nuestra conciencia y concluye con nuestro bienestar o calidad de vida a los que tenemos irrenunciable derecho. Luego, endereza una sólida invectiva contra la ideologización del aparato de poder vigente:

Me parece que al día de hoy, en nuestra vida cotidiana, se introduce un huésped incómodo y nocivo por donde se le vea, que es la cínica retórica política que se agazapa detrás de cadenas lingüísticas supuestamente técnicas, entiéndase tecnocráticas, para imponer sistemas o modalidades de políticas públicas impúdicamente alienantes no tan sólo de las conciencias, sino de las condiciones y posibilidades mismas de desarrollo personal y social. Afrontar esta insidioso daño a nuestra esperanza de mejoramiento, de acceso al perfeccionamiento técnico, científico, cultural y de disfrute de la vida tal como debiera ser, un destino natural o artificial que provienen causalmente los modos de producción y distribución rectamente orientados al beneficio de la población mundial, en general, implica un conocimiento informado, inexcusable de ser rectamente entendido y comprendido por la ciudadanía, en su conjunto.

Finaliza apuntalando un apotegma difícilmente refutable: Leer no es un expendable/desechable. El empoderamiento resultante del ciudadano frente a su gobierno, entonces, no es graciosa o gratuita componenda, sino derecho irrestricto de reivindicación, que nace del principio de equidad social y de la justicia distributiva rectamente entendida y aplicada.

De manera que la lectura o re-lectura del evento aquí analizado, desde el empoderamiento de la conciencia ciudadana, se derrama una cascada de luz sobre el castillo negro de la impunidad y la corrupción. Acaso si se ha mencionado, pero sobre el Poder Judicial local y la Procuración de Justicia se cierne un gran ciclón de animadversión y protesta ciudadana, con justa indignación. La duración interminable de juicios tortuosos, costosos, truculentos, pasmosamente lentos, irresponsables para con las víctimas, procuradores excesivos hasta lo frenético del supuesto “debido proceso”, por encima de la veraz, valiente y acertada jurisprudencia, emitida justo a tiempo y con 0 errores. Un sistema de justicia oneroso para la sociedad y que pone en riesgo el patrimonio de las familias y corroe desde dentro la paz ciudadana y la convivencia armoniosa, debe ser erradicado y transformado sin mayor miramiento.

El consecuente espacio lógico a ser activado es la SEGURIDAD CIUDADANA y la CONVIVENCIA PACÍFICA. De manera que las políticas particulares y explícitas de Seguridad Pública deben ser claras, precisas, contundentes, sin ambages. Su precisa y determinada ejecución pasa por todos y cada uno de los tramos de mando. Su acción es la más pura e inequívoca lealtad a la preservación de la salud, el bienestar y la vida misma de las y los ciudadanos, sin epítetos. No existen términos medios o de cómoda conveniencia. No se trata de llevar el cuartel a la ciudad, sino de acuartelar al que infringe la ley y rompe la paz ciudadana, punto.

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