Con un año de retraso, publican el Programa Sectorial de Defensa Nacional, que anticipa una etapa difícil para las fuerzas armadas. ¿Modernización y crecimiento? Para otra ocasión.
¿Compras de material aéreo en este sexenio? ¿Una nueva escuadrilla de cazas a reacción para sustituir a los F-5E/F? ¿Más helicópteros rusos Mi-17 para reforzar el Plan DN-III-E? ¿Más drones para vigilancia estratégica? ¿Otra dotación de turbohélices Texan T-6C o entrenadores Grob avanzados? ¿Una nueva flota de C-130 Hércules para reponer los nueve aparatos que dejaron de volar hace algunos años? ¿42 blindados ligeros nuevos para apuntalar a los Regimientos Blindados de Reconocimiento?
No, nada de eso. Solo mantenimiento y una correcta y ceñida administración de recursos. Es lo que habrá en la SEDENA en los próximos cuatro años de austeridad republicana.
Con un año y medio de atraso, el gobierno federal publicó finalmente el Programa Sectorial de Defensa Nacional (PSDN 2020-2024), documento en el que deben estar contenidas las líneas fundamentales que marcarán el desarrollo, innovación y avances del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Documentos de esta naturaleza deben presentar un análisis autocrítico sobre el estado en el que se recibe en la nueva administración a las fuerzas armadas, sus fortalezas y debilidades, sus proyectos alcanzables, los recursos humanos y materiales con los que se trabaja y los objetivos de crecimiento, las metas y caminos para tener un Ejército y Fuerza Aérea más profesionales en todos los sentidos.
Sin embargo, el PSDN 2020-2024 presentado por el gobierno federal, a partir de un documento elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibe para su ajuste de acuerdo con los lineamientos y el proyecto de nación, es un texto pobre, un retroceso que anuncia una etapa difícil para las fuerzas armadas en cuanto a crecimiento, profesionalización y controles democráticos efectivos.
No obstante, la apuesta de López Obrador enfocada a la austeridad republicana como eje de la dinámica que rige ya a las fuerzas armadas puede verse también desde la lógica de una urgencia inaplazable de atender: la pérdida de liderazgo, mando y espíritu de cuerpo entre las tropas.
Estos conceptos doctrinarios, esta columna vertebral que le da sentido a lo militar es lo que hoy está en juego en las fuerzas armadas mexicanas. La degradación del Ejército que alguna vez vaticinó el general Guillermo Galván cuando fue secretario de la Defensa, es un fenómeno real que se traduce en una baja en la moral de la tropa y oficiales.
Por eso el presidente hace un viraje y ordena que el foco de atención esté en la urgente reconstrucción de la cadena de mando, que hoy parece frágil y quebradiza en la SEDENA.
CHEQUEO DE REALIDAD: ADMINISTRAR LO QUE SE TIENE
En comparación con el PSDN 2013-2018 de la SEDENA del general Salvador Cienfuegos, el documento que Hacienda modificó para su aprobación presidencial carece de autocrítica, no presenta una descripción o referencia contextualizada de cómo se encuentran las fuerzas armadas mexicanas al inicio del mandato de López Obrador y no presenta ningún dato estadístico sobre las capacidades bélicas del país, por lo menos en tierra y aire.
Si el PSDN 2020-2024 no cuenta con todo lo anterior, mucho menos menciona planes de modernización y crecimiento real que realmente mejoren e incrementen la operatividad del material humano y físico con el que se cuenta. Ni una palabra, ni una línea sobre inversión, gasto, modernización.
Si el PSDN de Cienfuegos hacía referencia a la situación de las fuerzas armadas, reconocía carencias, desgaste y envejecimiento en lo material para luego plantear proyectos transexenales con un modelo que visualizaba metas alcanzables al 2030, el PSDN del general Luis Cresencio Sandoval –el que le modificó y aprobó Hacienda– no plantea nada a futuro, salvo la necesidad de ajustarse a la austeridad republicana; administrar lo que se tiene, cuidar lo que se tiene, mejorar las condiciones de vida del militar, recuperar el liderazgo y la capacidad de mando sobre la tropa, abatir la corrupción, elevar la moral y coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida de los que menos tienen.
El PSDN del sexenio anterior fue histórico, revelador, de inusitada apertura en tiempos de convulsión creciente por la ola de violencia, por la simulación, los abusos en derechos humanos la corrupción intocada y la incapacidad de un régimen en picada.
El general Cienfuegos intentó ir más allá en cuanto a delinear el camino de una fuerza armada de tierra y aire más o menos ideal, más o menos deseable en lo externo, en lo operativo, aunque criticable, limitada, opaca y siempre en deuda con la vida militar del pueblo uniformado.
El futuro deseable o el más probable para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en un proyecto al 2030, fue abortado en este sexenio con la publicación del PSDN 2020-2024.
SIN LIDERAZGO, SIN DINERO, SIN…
El PSDN 2020-20124 no es un documento del todo desperdiciado. Si bien no plantea crecimiento real ni desarrollo o avances tangibles para el Ejército y la Fuerza Aérea, sí revela carencias y situaciones a las que no se atreve a citar o llamar por su nombre.
En los seis grandes apartados que le dan estructura al programa sectorial, el primero es contundente al señalar como “Objetivo Prioritario 1, Impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos, que priorice la disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias”.
Esto revela el relajamiento disciplinario detectado entre la tropa y entre algunos oficiales debido a la carga y exceso de misiones encomendadas desde el sexenio del presidente Felipe Calderón y que se extendieron con Enrique Peña Nieto. El desgaste, la reacción, la inconformidad del pueblo uniformado eran inevitables.
Con López Obrador no hay cambios; al contrario, hay más responsabilidades y presencia militar en el país, tanta como puede darla otro ejército, uno paralelo llamado Guardia Nacional, que ya supera, ya casi duplica, a la Marina y que a final del sexenio deberá tener 150 mil integrantes. La SEDENA tiene hoy un total de 214 mil 157 elementos en sus filas.
A esto hay que agregar el factor del impacto de las redes sociales en la tropa, que no solo han servido como válvula de escape, sino también como evidencia de la realidad que enfrentan los militares día a día mostrando la crudeza de un enfrentamiento armado o una emboscada, dejando ver accidentes fatales, humillaciones por la agresión de civiles que pueden estar o no coludidos con grupos criminales, pero que al final de cuentas terminan imponiéndose en forma violenta a las tropas, corriéndolas de poblados, rancherías y zonas en donde se desarrollan operativos de seguridad.
El Objetivo Prioritario 2 del PSDN es el que se refiera a “Aplicar una política integral de austeridad y erradicar la corrupción, a través del ejercicio de honestidad y transparencia con los recursos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Este punto podría resumir toda la esencia y filosofía de la doctrina lopezobradorista, centrada básicamente en hacer más con menos, con mucho menos, para sacar adelante todas las misiones encomendadas y de paso hacer que la labor militar se vea reflejada en el beneficio de los más pobres. De ese tamaño es la encomienda ordenada en el PSDN por el Comandante Supremo.
El programa sectorial no indica por ningún lado cómo o con cuáles instrumentos novedosos va a reforzarse la rendición de cuentas y la transparencia informativa y administrativa de la Defensa Nacional para acabar con la corrupción existente en la institución, fenómeno que además de estar presente en diversas áreas de la administración militar, también se da todos los días en cuarteles, bases y guarniciones militares en diversas formas.
El Objetivo Prioritario 3 es el de “Contribuir a preservar la Seguridad Nacional y garantizar la Seguridad Interior”, al cual el PSEDN 2020-2024 le dedica escasamente una cuartilla completa para plantear lugares comunes de la complicada y conocida agenda de combate a la delincuencia, como son “…las actividades ilícitas de organizaciones delictivas que trastocan a las instituciones, fenómenos perturbadores ocasionados por el cambio climático, robo de bienes de la Nación, afectación de instalaciones estratégicas y de infraestructura crítica de la información clasificada y los problemas específicos en las fronteras, impactan negativamente la paz, el bienestar social y por consecuencia el desarrollo del país”.
LA AMENAZA DEL NARCO
En el Objetivo Prioritario 4, “Apoyar las acciones gubernamentales en materia de Seguridad Pública, Bienestar Social y Desarrollo Económico en beneficio de la población del país”, se señala que “la principal amenaza que enfrenta la población es la crisis de inseguridad, provocada por el narcotráfico y el crimen organizado y el grave daño del tejido social, por lo cual, la sociedad demanda bienestar, situación que obliga al Estado Mexicano a fortalecer su participación en la prevención de delitos, siendo las Fuerzas Armadas un factor primordial para garantizar la seguridad, el orden interno y el bienestar social”.
Este diagnóstico es válido para cualquier contexto en el que se le quiera acomodar en los últimos 20 o 25 años en la historia de México, es decir, se trata de un problema nunca resuelto, creciente grave y que sí constituye una amenaza a la seguridad del Estado, un tema para el cual el actual gobierno tampoco presenta estrategias reales más allá de la persecución (fallida, coyuntural) de cárteles.
Luego se menciona a la Guardia Nacional, señalando sin ambages que su creación era necesaria como un organismo intermedio que deberá recuperar y preservar la seguridad pública, combatir a la delincuencia, esto por un periodo de cinco años. Es el lapso en que las fuerzas armadas serán usadas para apoyar esta meta, asegura el documento.
El Objetivo Prioritario 5, “Hacer más eficiente la operatividad de las Fuerzas
Armadas de tierra y aire”, se refiere en unas cuantas líneas a que es indispensable “para hacer más eficiente la operatividad de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado, es indispensable llevar a cabo actividades esenciales como la conservación y mantenimiento de los medios materiales con que cuenta el Ejército y la F.A.M”.
En realidad, esto significa que la operatividad de las tropas de tierra y aire se verá limitada a lo esencial, centrando su movilidad en aquellas misiones que beneficien a la población civil. Se señala además “que la cantidad de recursos disponibles en esta Secretaría de Estado, así como la política integral de austeridad actual, hacen necesario asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas internos que incrementan las capacidades de la institución para la obtención de resultados y con esto, responder a las exigencias de la sociedad”.
Por ello, “es indispensable adecuar los procedimientos de actuación del Ejército y de la F.A.M. a la normatividad vigente, no solo en el ámbito administrativo, sino en el operativo lo que permitirá el correcto desempeño de las tareas y misiones que se le asignen a esta institución”, lo cual significa racionar lo que se tiene para hacer más con menos, con mucho menos.
Finalmente, en el Objetivo Prioritario 6, el de “Fortalecer las relaciones civiles-militares basadas en el diálogo, apertura, transparencia y respeto”, se reconoce la necesidad de fomentar una mayor apertura hacia la sociedad, fomentar el diálogo con sus representantes para que se entienda de la manera más amplia posible cuáles son las funciones y misiones de los militares, todo en un marco de apertura y rendición de cuentas del que nunca se dan detalles, no se mencionan posibles mecanismos o instrumentos alternos para darle contrapeso a las dinámicas que desarrollará la SEDENA para cumplir con este objetivo.
Además, se reconoce el distanciamiento entre militares y sociedad precisamente en el marco de operativos en los que los enfrentamientos han incrementado en heridos en los dos frentes. Se destaca la necesidad –una vez más– de que el personal militar se comporte en estricto apego a los derechos humanos, todo esto basado en el principio del Plan Rector del gobierno de López Obrador que señala: “Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”.
Esta parte del PSDN precisa que bajo este precepto se reforzarán los mecanismos para “incrementar la confianza de la población civil hacia las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel como parte de la sociedad.
Sobre los enfrentamientos entre soldados y población civil, se indica en el programa sectorial que “la interacción con la población civil en algunos casos ha generado situaciones provocadas por la falta de empatía con la labor que llevan a cabo las Fuerzas Armadas; la pérdida de valores cívicos y sociales; así como otros factores, que han generado un detrimento del convencimiento de la ciudadanía en las actividades que realizan sus instituciones”.
Todo esto, sostiene el documento, “representa una oportunidad para mejorar las relaciones civiles – militares basadas en el diálogo, apertura, transparencia y el respeto, por lo que el cambio esperado se reflejará en el respaldo a esta institución por parte de la población…”.
ESTRECHAR RELACIÓN CON EL PUEBLO
Al retomar la relevancia de cada uno de los seis objetivos prioritarios se señala, por ejemplo, en el primero de ellos, que un trato digno y justo “acrecentará la confianza de los subordinados y se preservará la disciplina”.
En el objetivo prioritario 2 se destaca que como parte de las medidas para combatir y erradicar la corrupción y eficientar la administración de la SEDENA, se continuará capacitando al personal perteneciente a la Sección Novena (S-9, Investigaciones de Mercado y Compras Gubernamentales), creada en la anterior administración.
Más allá de los enunciados en cada uno de los seis objetivos prioritarios del PSDN 2020-2024, la parte medular del documento está al inicio y se centra en el fortalecimiento y preservación de la disciplina militar, para darle cohesión al cumplimiento de las misiones generales; el fortalecimiento de la cadena de mando para asegurar el cabal cumplimiento de lo que se ordene y la prohibición de privilegios o exclusividades contrarias a la disciplina militar y que han generado quejas e inconformidad entre el personal castrense, advierte el texto.
El resto de las medidas y líneas de acción planteadas se encaminan a fortalecer la moral de las tropas y de sus familias mediante recompensas, ascensos, reconocimientos y apoyos que deberán ser otorgados por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
La estrategia lopezobradorista con la SEDENA se enfocará a llevar adelante una nueva fórmula que busca resolver diversos retos en la administración de recursos para una Secretaría que históricamente ha estado relegada en las asignaciones presupuestarias, pero que desde 2007 comenzó a recibir atención debido a la orden presidencial de combatir al narcotráfico a sangre y fuego.
El presidente López Obrador llevará adelante su plan para dotar de recursos al Ejército y Fuerza Aérea a mediano y largo plazo mediante el control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La empresa en cuestión se llamará AIFA S.A de C.V. y de acuerdo con la estructura administrativa que tendrá, será encabezada en su Consejo de Administración por el Subsecretario de Defensa, el general André Georges Foullon van Lissum, mientras que los consejeros serán los secretarios de Comunicaciones y Transportes (Javier Jiménez Espriú), de Hacienda y Crédito Público (Arturo Herrera), de Turismo (Miguel Torruco), al igual que el director del Banjército (general Ricardo Flores González), el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (general Manuel de Jesús Hernández) y el director general de Administración de la SEDENA.
En el camino, la SEDENA construirá tramos de obra ferrocarrilera, juzgado, oficinas bancarias, sucursales del bienestar y toda clase de obras que cumplan dos objetivos centrales: estrechar la relación de la milicia con la población y allegarle recursos a la Secretaría para reducir la carga presupuestal de la federación en la era de la austeridad republicana.
