El 29 de enero del 2020, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso la eliminación del tipo penal de feminicidio del próximo Código Penal Nacional por la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo, y aseguró que para la procuración de justicia a las víctimas era más conveniente mantener el tipo de homicidio y sólo enlistar en esa figura una agravante con las causales que le corresponden al feminicidio.
Grupos feministas y algunas diputadas federales consideraron este planteamiento como un retroceso y dieron un rotundo no a la propuesta del fiscal. Días después, la FGR intentó componer la postura de su titular, y a través de un comunicado en su página web informó que se analiza proponer que TODOS los asesinatos de mujeres sean clasificados como feminicidios, con la pena más alta, de 40 hasta 70 años de prisión “todo ello en favor de las mujeres que son víctimas; para que cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad”.
Sin embargo, la postura del Gobierno de México, al menos en la firma de convenios, fue reconocer el feminicidio como un grave atentado a las mujeres, por lo que buscó la prevención y erradicación del feminicidio a través de la Iniciativa Spotlight en mayo del 2019, que fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con la ONU.
La Iniciativa Spotlight involucra a los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil organizada; se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género, poniendo énfasis en cambios culturales y erradicación de estereotipos, señala el comunicado de la fecha.
En la conferencia mañanera del 29 de mayo del 2019, Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, declaró que el presidente “ha dicho que la prioridad de su gobierno es atender a las personas más pobres y excluidas, nos ha mandatado a no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Y esto no es un capricho ni un beneficio irracional a su favor, es una cuestión de justicia, porque las personas más pobres y con menos oportunidades en México son mujeres, mujeres indígenas”.
Mlambo-Ngcuka señaló que la corrupción afecta la vida de las mujeres directamente; “de cada tres pesos que ingresan en los hogares más pobres del país liderados por mujeres, uno se destina a pagos irregulares a cambio de servicios básicos, la sobrecarga de responsabilidades de cuidado y los trabajos del hogar agobian el día a día de las mujeres sin descanso, sin reconocimiento”.
También participó en la conferencia María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien destacó que los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, de la interculturalidad y de la perspectiva de género e insistió en que la iniciativa es base de un modelo ecológico que involucra diversos actores en el combate a la violencia de género y se sustenta en la teoría del cambio, haciendo énfasis en los cambios culturales y en el cambio de estereotipos.
López Obrador cerró el ciclo de participaciones al subrayar que su gobierno busca que “cada vez más haya participación de las mujeres en todos los campos de la vida pública. Participación, garantía de sus derechos sin titubeos, evitar la violencia contra las mujeres, el maltrato, la discriminación. Ese es un distintivo de nuestro gobierno”. Enlistó los nombres de los programas que atienden a las mujeres del país, indígenas y campesinas, y enfatizó el compromiso de “seguir protegiendo a las mujeres, de evitar homicidios a mujeres, maltrato a mujeres. Y es para nosotros una prioridad el que haya igualdad, protección y defensa de las mujeres”. No mencionó la palabra feminicidio.
En julio del 2019, LJA.MX entrevistó a Javier González, oficial nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del Programa de Naciones para el Desarrollo, que participó directamente en la fase preparatoria de la Iniciativa Spotlight, misma que reproducimos a continuación al considerar pertinente en medio de la discusión de la propuesta del fiscal de eliminar la figura penal de feminicidio del Código Penal Nacional:
En Aguascalientes, gobiernos, medios e iniciativa privada, hablemos de Spotlight
El 30 de mayo del 2019, el Gobierno de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) presentaron la Iniciativa Spotlight, enfocada a prevenir y erradicar el feminicidio en el país, con una duración de cuatro años y que será implementada por seis Agencias de la ONU en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec y Naucalpan. La iniciativa destaca que los medios de comunicación tienen una labor primordial en el cambio de normas sociales, formas de pensamiento y conductas para prevenir la violencia, particularmente en el ámbito de la comunidad, por lo que, al pertenecer este tema a su agenda periodística, LJA.MX ha asumido la responsabilidad de compartir con la sociedad, pero especialmente con los gobiernos municipales y estatal, la iniciativa privada, la academia, así como con los demás medios de comunicación, una entrevista con Javier González, jefe de la Unidad de Gobernanza Efectiva y Democracia del Programa de Naciones para el Desarrollo en México, que participa directamente en la fase preparatoria de la propuesta, y aunque este programa no se implemente en el estado, abonar en la prevención, atención y protección de la vida de las mujeres en Aguascalientes.
Tania Magallanes (TM): Unos de los pilares de Spotlight es la promoción de leyes y políticas públicas en el combate a la violencia de género, sin embargo, en México existen ya múltiples de éstas que no han dado resultados, ¿cómo será el trabajo para que estas leyes se ejecuten?
Javier González (JG): Afortunadamente el marco jurídico ha avanzado en México, sin embargo, sí podemos decir que hay un reto frente al marco normativo, es necesario garantizar en los estados la estandarización del tipo penal de feminicidio en todos los códigos penales, que se identifique y conceptualice debidamente en todo el país; hay que respaldar la estandarización de las leyes estatales relacionadas con el combate a la violencia contra niñas y mujeres, así como atender la persistencia de cláusulas de artículos discriminatorios, todavía tenemos muchas leyes en las que hay que hacer una revisión exhaustiva para los ajustes correspondientes.
En relación con lo que hace falta hacer para que las leyes actuales se implementen, uno de los pilares centrales de Spotlight, en el Plan de Trabajo, el número dos, tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones responsables de prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, en especial el feminicidio, pues ellas tienen un papel fundamental en términos de poner en marcha estrategias para fortalecer capacidades de los servidores públicos que son responsables, de la atención, de la investigación, del trato con las víctimas, una serie de mecanismos instituciones que son necesarias fortalecer con una perspectiva de derechos humanos y un enfoque de género, esas son áreas fundamentales de trabajo, avanzar con las autoridades para que realmente puedan entender el marco jurídico y aplicarlo.
LJA.MX: En el contexto mexicano, las decisiones del Gobierno Federal en materia de seguridad, la estrategia fallida de la militarización de las calles, por ejemplo, han repercutido directamente en la integridad de las mujeres, ¿qué plantea Spotlight ante este tipo de violencia que ya se refleja en un aumento alarmante de asesinatos de mujeres?
JG: Nosotros entendemos que el fenómeno del feminicidio es multicausal, la violencia de género que existe en el país no tiene que ver necesariamente con una causa en particular, sino que tiene que ver incluso con aspectos de normas sociales, de formas de pensamiento, institucional, de las leyes, de los servicios esenciales para atender a las personas que son víctimas de violencia, legales, judiciales, que no tienen suficiente calidad y atenderlo, así como también si hay participación de los grupos organizados de la sociedad civil, grupos de mujeres que promueven sus derechos, hay muchos aspectos. También hay una situación preocupante con los datos que contamos para poder tomar decisiones informadas de políticas públicas, la insuficiencia y la falta de calidad en la recolección de datos, que es necesario mejorar para tener estrategias para monitorear.
LJA.MX: ¿Habrá algún tipo de recomendación a instancias o a gobiernos?
JG: Vamos a empezar la etapa de difusión, por supuesto que se debe trabajar de la mano con los municipios, los estados, la propia Federación, hay ya una serie de acciones a plantear con estas órdenes de autoridad, empezando por un diagnóstico, una propuesta para cambiar el marco regulatorio, una revisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus leyes estatales, porque estamos buscando mecanismos que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas. También quisiéramos mejorar las áreas de gestión y administración estadística, por ejemplo en salud y justicia en relación con la violencia hacia las mujeres; también propondremos un modelo de trabajo alternativo con hombres agresores, que eso es un tema muy importante, trabajos con periodistas, con los medios, tendrán una labor importante en términos de amplificar la importancia del fenómeno en México pero con perspectiva de género, la eliminación de estereotipos y roles de género,
Es muy importante desarrollar estrategias que permitan que los sistemas de información realmente generen y hagan uso de esta información, hay estándares internacionales y lo que recomendaremos a las autoridades es que se apeguen a esos estándares para generar información confiable, sobre todo pensando en identificar a las víctimas, a los servicios, a los sistemas de gestión que nos permitan hacerle frente al fenómeno.
LJA.MX: ¿Cuál será la metodología para incitar a la participación de la Iniciativa Privada?
JG: La Iniciativa Privada es fundamental no sólo por el potencial que tiene de aportar recursos o destinar esfuerzos de responsabilidad social hacia acciones directas para prevenir, sancionar la violencia, sino también porque puede hacer actividades en el ámbito de su propio trabajo cotidiano, es decir, en sus centros de trabajo tienen también la posibilidad de realizar una comunicación más amplia respecto a este problema, de trabajar con sus empleados y empleadas, primero cuando se tiene un problema de frente, identificarlo con toda claridad y después reaccionar conforme al tema, solicitar y denunciar ante las instancias correspondientes cuando sea necesario, pueden contribuir a este cambio de mentalidades que nos hagan avanzar como sociedad, hacia un estado libre, los centros de trabajos, el sector privado, las cámaras, los colegios de profesionistas son indispensables para esparcir este mensaje, pero también para los cambios internos de actitud y prevención contra a violencia de género.
LJA.MX: El sexto pilar de Spotlight plantea promover el empoderamiento de mujeres y la sociedad civil organizada a través del apoyo de movimientos, ¿cuáles son las estrategias para lograrlo?
JG: Hay varias acciones en este pilar, una de ellas es robustecer las capacidades de las organizaciones civiles locales, ellas necesitan ser mucho más estratégicas en cuanto a diagnósticos, monitoreo, la evaluación de la violencia, pero también podemos capacitarlas en cuanto al litigio estratégico acercarles experiencias y mejores prácticas de otros países y de otras organizaciones y que puedan consolidar este rol de observación para que contribuyan a que las autoridades rindan cuentas. Un segundo tema es que podamos fortalecer los esfuerzos de las y los defensores de los derechos humanos y de los periodistas, pues precisamente esa sería una de sus funciones, defender los derechos humanos de las mujeres, implementar una capacidad de involucramiento de los movimientos de mujeres y niñas más amplio, sobre todo los mecanismos de derechos humanos internacionales, son fundamentales para poder mantener en lo más alto de la agenda de la atención a este problema con en todo el mundo, pero especialmente en América Latina y México.
LJA.MX: La iniciativa plantea abarcar desde la prevención hasta la impunidad, ¿cómo se le dará seguimiento a la actuación de los primeros respondientes en el ámbito municipal, estatal que han sido omisos?
JG: Nosotros pretendemos abordar todas las etapas desde el proceso de política pública, cómo se implementan las intervenciones, cómo se monitorean, cómo se evalúan. Vamos a trabajar con policías, ministerios, médicos, enfermeras, quienes atienden en una primera instancia a la víctima de violencia, ahí también hay un trabajo no sólo de sensibilización sino de fortalecimiento en derechos humanos, del tratamiento efectivo, cómo canalizar para las siguientes etapas; la iniciativa busca acciones contra la impunidad que tanto ha lastimado al país, vamos a ofrecer capacitaciones pero enfocado en lo que no ha funcionado hasta ahora, sí ha habido esfuerzos pero no nos han satisfecho como país, entonces estamos generando contenido para los diferentes actores, no es lo mismo un policía que un agente del ministerio público, se necesita diferenciar los contenidos de acción con características muy específicas; también eso de modificar conductas sociales, eso debe hacerse al interior de las instituciones, hablamos de las familias, de los centros de trabajo en la Iniciativa Privada, pero los y las servidoras públicas son las que tienen que internalizar los contenidos, cambiar sus formas de pensamiento y motivar el cambio conceptual que nos dé resultados efectivos a mediano plazo.
LJA.MX: La iniciativa cuenta con un presupuesto de siete millones de euros, ¿ya saben cómo se distribuirá el dinero, de qué forma se realizará?
JG: Este es un proyecto directo de las Naciones Unidas, no se hará una transferencia de recursos ni a los gobiernos ni a las organizaciones, las agencias de las Naciones Unidas se encargarán de establecerlo, así como del diagnóstico, son seis agencias, la oficina de ONU Mujeres; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el Fondo de Población de las Naciones Unidas; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también serán responsables de la administración financiera, el diagnóstico inicial se retomó de la estadística con la que cuenta el país.
Este es un proyecto a cuatro años, desde luego que se llevará desde el marco de monitoreo y evaluación que nos permita ver en tiempo real cómo va la implementación de proyecto, habrá una evaluación de medio término.
