En los últimos meses y días han sonado fuerte las alarmas respecto a los recortes implementados por el gobierno federal. Algunos -curiosamente los consabidos neoliberales- las aplauden, otros las critican. Pero la historia no es sencilla, y si deseamos comprender (y criticar) las medidas, bien haríamos en insertar estas acciones dentro de la narrativa de la cuarta transformación de la vida pública de México.
“Por el bien de todos, primero los pobres”. Esta sentencia, que resuena en las oficinas de la administración pública, tiene todo de loable, aunque suele estar vacía de contenido. Durante la transición, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, nombró a Gerardo Esquivel, un economista diestro y sumamente calificado, como el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Esquivel, ideológicamente progresista y de izquierda, era el encargado de diseñar el presupuesto de egresos. Su tarea no era fácil: el presidente electo le había comisionado un diseño complejo de reorientación del gasto. ¿Por qué? Pensemos un instante: si necesitas dinero para llevar a cabo arriesgados programas sociales que impacten en los grupos menos favorecidos, y no deseas subir los impuestos, tu primera opción es gastar el dinero con el que cuentas de otra manera. Esquivel, comentan sus cercanos, realizó la tarea con un fino bisturí: logró liberar el dinero necesario para llevar a buen puerto al menos dos de los programas sociales más ambiciosos del nuevo gobierno, en particular aquel que tendría de operadora a Luisa María Alcalde, quien sería la próxima secretaria del Trabajo. Esquivel, adicionalmente, no puso en riesgo el presupuesto para las áreas más sensibles de un gobierno de izquierda: salud, educación y pensiones.
El inicial llamado a la austeridad tenía como a sus principales afectados a los burócratas de primer nivel y a gastos claramente superficiales dentro de la administración pública. Adiós a los lujos innecesarios y a los privilegios de la clase política. Las medidas fueron aplaudidas al unísono tanto por los neoliberales, los socialdemócratas, y los anarquistas y comunistas trasnochados. De manera adicional, estas medidas fueron acompañadas por actos de un simbolismo que a algunos les parecía necesario: la venta del avión presidencial y otros vehículos de lujo del gobierno, la apertura pública de Los Pinos y su transformación en un espacio cultural, y la disolución del Estado Mayor Presidencial.
En esta primera etapa el gobierno no estuvo ajeno a las críticas. “Separaremos el poder político del poder económico”, era la nueva sentencia que resonaba en las oficinas gubernamentales. Pero al presidente electo estas primeras medidas le parecían insuficientes. Cancelar el NAIM a través de una consulta popular y viajar en vuelos comerciales le acarrearon críticas innumerables que sostenían tanto el mal cálculo económico detrás de la cancelación del nuevo aeropuerto, como el riesgo al que imprudentemente se sometería el presidente de México.
A partir de su toma de posesión, el presidente aceleró sus malas decisiones y sus imprudencias. Éstas vinieron acompañadas por la salida de Esquivel de Hacienda rumbo al Banco de México, así como por la inestabilidad interna de su movimiento social, ahora partido político hegemónico. Al parecer, el nuevo gobierno comenzó a enterarse del “cochinero” (así le llaman ellos) que les dejó la administración pasada. En particular, al interior de Pemex.
Los recortes se han hecho sentir los meses pasados. El gobierno federal ahora recorta con un grueso machete: no le importa si con ello se afectará al sector salud, o si la educación, la investigación y la cultura se volverán inviables. Dichos recortes se justifican a posteriori apelando a dos argumentos distintos. Por un lado, se afirma que se están combatiendo nuevas mafias e hiperélites: las de la ciencia, las de los artistas y las de los docentes de educación superior. Por otro lado, se argumenta que la nueva reorientación del gasto hacia Pemex es un asunto de “seguridad nacional”. Sobra decir que cualquiera que hable de mafias e hiperélites en ciencia y cultura no conoce la inestable precariedad en la que viven la enorme mayoría de mujeres y hombres de ciencia y cultura. Adicionalmente, resulta por lo menos contencioso vincular las condiciones administrativas actuales de una empresa estatal como Pemex con un asunto de seguridad nacional.
Los problemas que ocasionará esta política de austeridad boba y ramplona están a la vuelta de la esquina: ya se han acrecentado sustantivamente los casos de dengue, no se han realizado miles de tamizajes neonatales, empieza a haber una grave escasez de medicamentos en los hospitales públicos debido a la centralización de las compras, están en riesgo los estímulos docentes cuyo objetivo es compensar los malos salarios, está en riesgo la viabilidad de decenas de centros de investigación públicos, y se ha rumora ya la próxima cancelación de las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
¿Qué se ha hecho mal? Como lo he escrito en este espacio en variadas ocasiones los últimos meses, el principal problema que presenta el nuevo gobierno es su renuencia a una profunda reforma fiscal. Si ya es inviable la reorientación del gasto sin afectar áreas sensibles, la única posibilidad consiste en terminar el pacto fiscal imperante y subir los impuestos. Sin medidas fiscales, lo que veremos durante este sexenio es la destrucción de la incipiente clase media mexicana, así como afectaciones relevantes a la clase menos favorecida: los pobres. Seguir con el pacto fiscal en nuestras condiciones no ejemplifica esa máxima lopezobradorista de “primero los pobres”, sino la de “tengamos contentos a los inmensamente ricos”. A diferencia de otros movimientos de izquierda mundiales, como el sanderista en los Estados Unidos y el laborista en la Gran Bretaña, el enemigo de la 4T no es el 1% (como suele llamársele en breve a poquísimas familias más ricas de un país). La austeridad del nuevo gobierno, no nos confundamos, es una austeridad neoliberal: a menos que muy pronto se empiece a trabajar en una reforma fiscal.
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