APRO/Gloria Leticia Díaz
Cesado en dos ocasiones, de dos áreas distintas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Miguel Ángel Segura Vizcarra decidió emprender un litigio en contra del organismo, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, ante la falta de respuesta a la pregunta que, dice, tienen decenas de sus colegas: “¿Quién ve por los derechos del personal de la CNDH?”
El cese de Segura Vizcarra se suma a la serie de despidos de exfuncionarios de la CNDH que han denunciado abusos dentro de la institución, tras un año de gestión de Piedra Ibarra que ostenta como su mayor logro apegarse a la Ley de Austeridad Republicana, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortando el ejercicio presupuestal y la devolución de fondos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Invitado a formar parte del organismo en 2011, Segura Vizcarra mantiene un juicio de amparo en contra la CNDH, tras no recibir respuesta por parte de Piedra Ibarra a que explicara los motivos de las dos destituciones injustificadas de las que fue víctima durante este año, la primera en febrero del área de la Secretaría Técnica, y la segunda del área de Recursos Humanos.
“Hasta ahora la CNDH no ha podido demostrar que haya tenido un bajo desempeño, como se ha tratado de justificar mi cese, y la presidenta no ha respondido a mis solicitudes de audiencia para que me dé una explicación puntual.
“No se me permitió tener acceso a mi equipo para realizar una adecuada entrega del cargo y se me intentó obligar a acudir a las instalaciones cuando en mi familia se presentaron casos de covid-19 y yo presentaba fiebre”, cuenta el exfuncionario en entrevista.
Segura Vizcarra, quien fungió como Director de Atención al Consejo Consultivo y Control Operativo, así como subdirector de Profesionalización, interpuso sendas denuncias por acoso laboral en su agravio y de sus subalternos desde 2015 en la propia Secretaría Técnica, ante el Órgano Interno de Control, la Oficialía Mayor y el Comité de Ética.
Con la llegada de Piedra Ibarra, “confiaba que la situación cambiaría para bien de la institución, siendo ella una víctima por la desaparición forzada de su hermano”, apunta.
Después de nueve años de colaboración eficiente, en febrero pasado el entones secretario técnico del consejo consultivo, Joaquín Narro Lobo, firmó el cese de Segura Vizcarra apoyado en un acta firmada por su secretario particular, Orlando Montiel Marrón, bajo señalamientos de falta de entrega de material informativo solicitado por algunas organizaciones civiles, así como por haber enviado una convocatoria a sesión del Consejo Consultivo en nombre del exombudsman Luis Raúl González Pérez, situación que en su momento el funcionario corrigió una vez que fue advertido del yerro.
Cesado por “pérdida de confianza”
Pese a que el cese fue firmado el 14 de febrero, “en virtud de existir pérdida de la confianza”, fue hasta la tarde del 17 de febrero, después de que se llevó a cabo la sesión del Consejo Consultivo mencionado, que se le notificó a Segura Vizcarra de esa situación.
“Si para el secretario técnico ya no era digno de confianza el 14 de febrero, no entiendo por qué el 17 por la mañana me encomendó organizar la sesión del Consejo, ¿por qué se me permitió realizar esas funciones si era incompetente?”, cuestiona.
Al día siguiente de la notificación, Segura acudió a las que en su momento eran las oficinas de Piedra Ibarra, en la calle de Cuba, para solicitar una entrevista con ella y denunciar lo que consideraba un despido injustificado.
Tras varias horas de espera, al edificio llegó el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa, quien dijo que él lo atendería en representación de Piedra Ibarra.
Segura entregó a Estrada prueba de su desempeño dentro de la Secretaría Técnica, así como las quejas por acoso laboral que había presentado desde 2015, y reiterado en 2016 y 2019, por acoso laboral contra el coordinador ejecutivo de la Secretaría Técnica, Armando Alvarado Jiménez, quien habría sido protegido por Joaquín Narro Lobo, al hacer caso omiso de las denuncias.
El recién cesado funcionario explicó en un oficio dirigido a la Oficialía Mayor, que, como parte de la Secretaría Técnica, se había negado a “firmar documentos correspondientes a gastos y comidas de oficina”, mientras hubiera algún director general en la oficina, siendo obligado a hacerlo de manera excepcional, “para no entorpecer las actividades”.
De acuerdo con el exfuncionario, Estrada coincidió en que el error en la convocatoria de reunión de Consejo Consultivo “no era motivo de cese”, le reveló que contra Alvarado Jiménez había al menos otras 15 quejas por acoso laboral, le pidió que le diera “elementos” para poder destituir a Narro, y se comprometió a reubicarlo.
A pesar de que su reubicación en la Dirección de Recursos Humanos, implicaba tener un cargo menor, Segura aceptó la subdirección de Profesionalización, y estuvo insistiendo en que se dieran solución a las denuncias de acoso, tanto en los órganos al interior de la CNDH como en mensajes por correo electrónico y de Whats App a Estrada Correa.
Segura solicitó incluso medidas cautelares a la CNDH al considerar que, por denunciar a Narro Lobo y a su secretario particular, Orlando Montiel, su integridad corría peligro, demostrando con un contrato de arrendamiento que el temor lo había obligado a salir de su domicilio particular para rentar un departamento.
Segundo despido
El 13 de noviembre, Miguel Segura fue cesado una vez más, pese a que durante su gestión el área de Profesionalización realizó 515 cursos, 9 diplomados y dos talleres en línea, además de cuatro cursos presenciales, otorgando constancias a 10 mil 158 personas, mil 259 de ellas personal del organismo, todo con un presupuesto de 783 mil 520 pesos, muy por debajo de los más de 3.4 millones de pesos ejercidos el año anterior en que sólo se capacitó a 794 empleados, y se realizaron 48 actividades.
Segura fue obligado a dejar su oficina por el director de Gestión de Capital Humano, Moisés Tonatiuh Villegas Campos, luego de leerle un breve escrito con su cese derivado de la “pérdida de confianza” por haber cometido “actos contrarios a los principios” que rigen la CNDH, así como por “las deficiencias e irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones”, según se lee en el oficio 240/CNDH/OM/2020, firmado por el oficial mayor Armando Morales Loya.
“Cuando pedí una explicación por el cese, Villegas me dijo que como mi jefe inmediato tenía el derecho de cesarme y que no era el foro para dar explicaciones”, narra.
Entre el lunes y el martes 16 y 17, el exfuncionario notificó a Rosario Piedra en dos correos lo que había ocurrido y una vez más le solicitó audiencia, siendo Estrada Correa quien respondió el correo, el 21 de noviembre.
En la respuesta, Estrada desconoce el intercambio de comunicaciones que sostuvo con Segura desde febrero, “por ser objeto ajeno” a sus funciones, pese a que en el mensaje original enviado a Piedra Ibarra y que ésta le reenvío a Estada, hay una copia de un correo que el exfuncionario envió al secretario ejecutivo el 31 de agosto.
Previo a ello, Segura recibió el ofrecimiento de una indemnización de 523 mil pesos, a cambio de entregar el documento de cese, documento que para el exfuncionario “es prueba de un despido injustificado”, oferta que fue retirada después de que Estrada respondió el correo dirigido a Piedra Ibarra, a la par de que se le ponían obstáculos para hacer el proceso de entrega-recepción, como el impedimento a ingresar a las instalaciones de la CNDH y deshabilitarle el correo electrónico institucional, impidiéndole el acceso a la información generada durante su gestión.
Para colmo, en medio de la pandemia algunos de sus familiares se contagiaron de covid-19 y él tuvo fiebre, por lo que pidió le fuera considerada esa situación, lo cual le fue negado, por lo que recurrió a un amparo que mantuvo suspendido el proceso administrativo.
“El proceso en el juzgado de Distrito en materia administrativa continúa, la presidenta como máxima autoridad es quien tiene que darme respuesta a mi petición de audiencia; por lo pronto, ya con un certificado de que no tengo covid, he pedido ponernos de acuerdo para la entrega-recepción, pero ahora ya no me responden en la CNDH”, apunta.
Al destacar que sus quejas por acoso en la CNDH siguen sin esclarecerse, e incluso al menos el coordinador administrativo de la Secretaría Técnica, Armando Alvarado, seguía en funciones en su último cese, Miguel Ángel Segura, sostiene que va a continuar su proceso hasta al final.
“Tengo derecho a que Rosario Piedra me dé una audiencia y ella me expliqué por qué fui cesado, que me responda quién defiende los derechos humanos del personal del organismo encargado de defenderlos; de no haber respuesta, podría decir que he sido revictimizado por una persona que se ostenta como víctima, y que así llegó a la presidencia de la CNDH”, concluye Miguel Ángel Segura.
