- Emilio Lozoya debe ser juzgado por delincuencia organizada transnacional para, como en Italia, desarticular el pacto mafioso de impunidad, plantea en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en seguridad. “Peña Nieto debería comparecer”, apunta
EMEEQUIS/ Témoris Grecko
Tipificar las conductas criminales atribuidas a Emilio Lozoya Austin como asociación delictuosa y no como delincuencia organizada es un grave error, asegura el experto en crimen organizado internacional Edgardo Buscaglia. El tipo de asociación delictuosa no permite activar los protocolos de cooperación entre jueces, fiscales y policías necesarios para identificar redes, procesar a los sospechosos y detectar y repatriar fondos ilícitos.
En entrevista para EMEEQUIS, que concede desde la provincia meridional turca de Hatay, que es fronteriza con Siria y en donde se encuentra brindando asesoría en seguridad, Buscaglia explica los alcances que debe tener una serie de procesos a fondo en los casos vinculados con Lozoya, tanto los que ya son conocidos públicamente –Odebrecht, Agronitrogenados– como el que ahora tiene un estatus no aclarado –Fertinal–: maxiprocesos con imputados en todos los niveles –quizás el expresidente Enrique Peña Nieto– y sectores políticos, incluidas figuras que ahora están en Morena y en el gobierno actual.
Es cierto, admite, que en países como Brasil e Italia los maxiprocesos crearon vacíos políticos que fueron aprovechados por personajes peligrosos, como Jair Bolsonaro y Silvio Berlusconi. La diferencia con el caso mexicano es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es una figura políticamente débil y bajo sospechas de involucramiento en las tramas corruptas, sino que tiene respaldo popular y se mantiene libre de acusaciones.
Mala tipificación criminal
Aunque esto no lo pone a salvo de todo riesgo. Por ejemplo, de un deterioro de su imagen a causa de una mala conducción de los procesos judiciales. “El principio de igualdad es fundamental para que la democracia pueda funcionar”, advierte Buscaglia, “la percepción del trato preferencial al señor Lozoya, dada su condición de imputado, llama muchísimo la atención”, empezando por la forma en que llegó a México y lo llevaron una suite cinco estrellas en un hospital. “Falta transparencia”, que el fiscal general salga a explicar qué reglas se le aplican a Lozoya y por qué. Además las audiencias tienen que ser públicas, “lo que no significa que sean presenciales”.
Sobre todo, reflexiona el académico de la Universidad de Columbia, “me preocupa que no se haya tipificado una causa por delincuencia organizada”. Sí se tipificó lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, “pero eso no es suficiente, eso también se le imputó a Javier Duarte y el caso terminó en la impunidad”. La imputación de “asociación delictuosa” contra Lozoya “es una tipificación muy limitada, diseñada para no abarcar la red criminal que presuntamente lo acompañó” y no permitirá llegar “a esos 2 mil millones de dólares que en su mayoría están fuera de México. Toda esa dimensión internacional no se puede abarcar adecuadamente sin una tipificación de delincuencia organizada, que incluya no solamente a los políticos mexicanos que acompañaban, presuntamente, a Lozoya, sino también a los cientos de empresas y personas físicas involucrados en el extranjero”.
Normalmente, continúa Buscaglia, el tipo de “asociación delictuosa” es aplicado por las entidades federativas para casos “en los que tres o cuatro personas, del mismo rango, cometen delito, una vez o varias, pero es un grupo simple de personas”, a nivel local. En cambio, “delincuencia organizada” describe una “estructura organizacional de políticos, empresarios, sociedad civil, sicarios, con jerarquías. Cuando el señor Lozoya dice ‘a mí se me intimidaba, se me presionaba, se me instrumentalizaba’, está implícitamente diciendo ‘había una organización alrededor mío en donde yo solamente era un peón’”. Además, los tratos se hacían con una empresa transnacional como Odebrecht. Entonces, “ahí se aplica delincuencia organizada transnacional”.
Este es un tipo penal enmarcado en una Convención de las Naciones Unidas que México ratificó y que lo que hace es “automáticamente agilizar la cooperación internacional, sin cancillerías, sin intermediarios, entre jueces, fiscales y policías mexicanos y jueces, fiscales y policías de decenas de países” para facilitar la recuperación de activos. Si tipificas por asociación delictuosa, la Convención no se aplica y “la cooperación internacional es tremendamente engorrosa, limitada, y nunca vas a llegar a identificar a esos cientos de políticos, empresas, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, para recuperar esos más de 2 mil millones de dólares”.
En Brasil, Perú y Panamá, ejemplifica el especialista, ya hay expresidentes de la República sentenciados, mientras que en Colombia llamaron a otro a dar testimonio. En México, el expresidente Peña Nieto “debería comparecer” ante “un juez de control para determinar qué es lo que sabía o no sabía, es lo mínimo indispensable”. En todos los países del caso Odebrecht “se investigó a actores que iban mucho más allá de simplemente Lozoya, la hermana, la madre, la esposa”. A medida que la Fiscalía General de la República “tome estos seis meses adicionales (que le concedió el juez) para ampliar su investigación, esperemos que esto los obligue a realmente ampliarla desclasificando la tipificación por asociación delictuosa e incluyendo delincuencia organizada”.
Maxiproceso, no “casitos”
Los sistemas político y judicial de México jamás han enfrentado un maxiproceso y siempre han optado por castigar a pocos para que se salven casi todos, por los chivos expiatorios. Ante el cuestionamiento de si, en este escenario, serían capaces de resistir un enjuiciamiento masivo de personajes de alto perfil, Buscaglia responde que, para empezar, el presidente López Obrador ha dicho que quiere incluso que se conozca el modus operandi que emplearon Lozoya y sus cómplices y que aparece también en mucho otros casos. Si es así, AMLO quiere “un procesamiento como el de Brasil, donde terminaron siendo procesados el expresidente Lula y el expresidente Michel Temer” e incluso “el político más poderoso de la centro derecha, Eduardo Cunha. O sea que llega a todos los actores del sistema, si las cosas se hacen bien, y surgen vacíos políticos”.
Cuando esto ocurrió, había presidentes muy débiles, primero Dilma Roussef y después Temer. El actual presidente Jair Bolsonaro “aprovechó ese vacío político” pues “el único payaso que quedaba en pie era él, Bolsonaro”, un hombre “que en condiciones normales jamás se lo consideraría viable como presidente”.
En Italia, en los años 90, los procesos antimafia llegaron a todos los partidos italianos y ante ese vacío, “llegó Berlusconi. Entonces hay un peligro de que los maxiprocesos generen un vacío”. Sin embargo, Buscaglia enfatiza una diferencia fundamental: “en los países donde el presidente de turno, como el señor López Obrador, no está involucrado, no hay ninguna acusación contra él (y en cambio) tiene un amplio margen de apoyo popular, no habría vacío”.
Es cierto que “son usados políticamente, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué no se haga justicia? No le temo al uso político de los maxiprocesos. Le temo más a la impunidad” que “ha desangrado a México por décadas con ríos de sangre. Esta es una gran oportunidad histórica que tiene México para pegarle a la delincuencia organizada de Estado como red criminal: no como casito contra Elba Esther, no como casito contra el hermano de Salinas, no como casito contra Lozoya”.
Sin embargo, la FGR no parece estar considerando abrir un proceso por el caso Fertinal, que tuvo un impacto de 635 millones de dólares y en el que se involucra al segundo multimillonario más rico de México, un aliado del presidente tan incómodo como necesario, Ricardo Salinas Pliego. “Si hay casos no incluidos en las investigaciones y hay una percepción de que personas cercanas al presidente López Obrador están influenciando la decisión de la Fiscalía”, replica Buscaglia, “esa percepción es venenosa por más que no sea verdad porque inmediatamente incorpora al presidente y lo coloca en el medio de la crisis, y sí tendríamos un problema de vacío político posterior. Eso sería una torpeza enorme si fuese así. Entonces el fiscal tiene que darle la cara al pueblo” en una conferencia de prensa semanal en la que explique temas complejos como, por ejemplo, “por qué el caso Fertinal no está siendo llevado como el caso Agronitrogenados. El fiscal muy bien puede venir más tarde y darnos una explicación técnica impecable de por qué no está abarcando Fertinal. Bueno, que la dé”.
¿Por qué no baja el crimen?
Si el crimen organizado creció al amparo de figuras de gran poder en los gobiernos del PRI y del PAN, ¿cómo es que ahora que lo perdieron no parece estar cediendo terreno y la violencia continúa en auge?
“El presidente no tiene las instituciones mínimanente funcionales para combatir la delincuencia organizada, en México no existen”, responde Buscaglia. “Tiene una buena Unidad de Inteligencia Financiera que congela cuentas bancarias” pero después el asunto se traslada a una FGR cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, dice “que le tienen que traer pruebas”, lo que es “un disparate jurídico. El fiscal tiene que producir datos de prueba”. Faltan además unidades de investigación patrimonial (de bienes físicos) a nivel nacional y en los estados; la Policía Federal no ha sido limpiada de corrupción; el Ejército “es conocido por violaciones a los derechos humanos” y lo han puesto “en una situación imposible, de intentar desmantelar una organización criminal compuesta por políticos, empresas privadas, sociedad civil, ningún ejército del mundo está preparado para eso y si lo sacás a la calle a ciegas como hizo Calderón, como hizo Peña Nieto y en parte como está haciendo México, con la Guardia Nacional, eso conlleva mayores violaciones de derechos humanos y mayor captura por parte de la delincuencia organizada de esos cuerpos. Entonces básicamente el presidente López Obrador está combatiendo este cáncer de delincuencia organizada heredada con buenas intenciones, con excelentes discursos con los cuales yo estoy de acuerdo en 99%, pero no tiene los instrumentos institucionales”.
Segundo, en el pasado, la delincuencia organizada se disciplinaba ante la autoridad política, que castigaba a los grupos criminales que se salían de la raya. Eso ya no existe. Diversos gobernadores actúan como señores feudales y han alimentado al crimen. “La delincuencia organizada lo sabe” y cuando llega AMLO, no lo ven como “a un interlocutor válido, entonces se desplazan hacia los gobernadores y los grupos criminales tienen el incentivo de competir entre ellos como pirañas asesinándose, asesinando a la población civil, asesinando a más candidatos y candidatas para colocar a los propios y descentralizadamente controlar territorios”. Entonces, “paradójicamente, la llegada del presidente López Obrador, con la buena característica de relativa honestidad de este gobierno, más allá de sus casos dudosos, que siempre los hay en México, ha conducido a que la delincuencia organizada no tenga interacción con el gobierno federal como la que tenía con el gobierno de Calderón y por lo tanto ahora estén más a sus anchas para capturar territorios, sin ningún tipo de efecto disciplinario del sistema político”.
¿Se rompe el pacto de impunidad?
Buscaglia introdujo en México el concepto del pacto de impunidad, el vínculo de mutua protección y de silencio que le ha dado marco a la vida política y económica de México, y cuyo rompimiento es una de las promesas del gobierno actual. ¿Se está dando?
“Cuando comience a ver maxiprocesos como los que vi en Brasil, en Colombia, en Italia, en Rumania, y comience a ver a presidentes compareciendo, a los principales políticos que antes estaban en el PRD y ahora están en Morena, PAN, PRI, el Verde, para dar explicaciones sobre su rol en casos de delincuencia organizada, ahí voy a empezar a pensar que el pacto de impunidad mafioso se rompió”, responde Buscaglia.
Lozoya ha dicho que dará nombres de presuntos responsables de delitos, “si esto conduce a una investigación en cadena, a un maxiproceso, con cientos de empresarios y políticos involucrados en estos negocios, privatizaciones, que no solamente involucran a Pemex, (sino a) todas las áreas del Estado mexicano, políticas de medio ambiente, políticas sanitarias, políticas energéticas, ha sido el mismo patrón de comportamiento que en el caso Odebrecht. Cuando comience a ver que esa gente es imputada, más allá de su inocencia o no, ahí voy a empezar a creer que el pacto de impunidad mafioso se rompió. Cuando periodistas que hoy están refugiadas en el exterior, como Lydia Cacho, comiencen a ver que los gobernadores Marín, que los empresarios ligados a esos gobernadores, son procesados a través de un juicio oral público, en donde el pueblo mexicano pueda palpar su justicia, ahí voy a empezar a pensar que se rompió el pacto de impunidad mafioso como se rompió en Italia. Todavía no se ha roto. Esa es la manera en que el presidente López Obrador puede pasar a la historia mexicana como uno de los grandes presidentes de ese gran país”.
@temoris
