CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado 3 de septiembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó la muerte de 137 lobos marinos de California (Zalophus californianus) –136 machos y una hembra—en las costas de Baja California Sur.

En atención a una comunicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Profepa activó el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos en Playa San Lázaro, Bahía de Ulloa, municipio de Comondú.

Fue así como personal de la Profepa de oficinas centrales y de su representación estatal realizó un recorrido terrestre durante tres días en aproximadamente 130 kilómetros, y contabilizó 137 cadáveres de lobos marinos.

De acuerdo con el parte oficial, no se observó en ellos marcas de origen antropogénico provocadas por redes (artes de pesca) o golpes y cortes causados por algún tipo de embarcación.

Lo único que se pudo constatar es que cuatro de los ejemplares muertos se encontraron recién varados, por lo que, conforme al “Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos”, se procedió a su medición y se les tomaron muestras de cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón y grasa corporal para determinar las posibles causas de muerte.

La Profepa dijo que distintos laboratorios practicarán análisis histopatológicos, toxicológicos y bacteriológicos de las muestras tomadas a fin de que expertos las estudien y determinen las posibles causas del varamiento y muerte de los ejemplares de lobos marinos hallados sin vida.

CIUDAD DE MÉXICO. – Una investigación publicada este lunes en la revista Nature Astronomy detectó gas fosfina o fosfano en nubes de Venus, que sería indicativo de la presencia de algún tipo de vida orgánica microbiana en ese planeta.

“Nuestro vecino más cercano, Venus, tiene cubiertas de nubes que son templadas pero hiperacídicas. Aquí reportamos la aparente presencia de gas fosfina (PH3) en la atmósfera de Venus, donde el fósforo debería estar en formas oxidadas”, señala parte del resumen de la publicación firmada por un grupo de astrónomos encabezada por Jane S. Greaves, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge.

Esta fosfina, explica “podría originarse a partir de una fotoquímica o geoquímica desconocidas o, por analogía con la producción biológica de PH3 en la Tierra, de la presencia de vida”.

Aun cuando el hallazgo provocó entusiasmo en la comunidad científica, el estudio advierte que deben buscarse otras características espectrales de este gas, mientras que el muestreo in situ de nubes y superficie podría examinar las fuentes de este PH3.

Y es que, de acuerdo con los científicos, la huella de fosfina descrita en el estudio podría ser una señal falsa introducida por los telescopios o por el procesamiento de datos.

La fosfina es conocida por ser un gas inflamable, maloliente y venenoso. De acuerdo con National Geographic, sólo puede ser producida por la vida, ya sea humana o microbiana.

Fue utilizada como arma química durante la Primera Guerra Mundial y todavía se fabrica como fumigante agrícola y se usa en la industria de semiconductores. Aunque también es producida naturalmente por algunas especies de bacterias anaeróbicas.

“Esto abre la posibilidad de que se puedan detectar organismos vivos en las nubes de Venus”, destacó Greaves. “A lo largo de toda mi carrera me he interesado en buscar vida en otras partes del Universo, por eso me impresiona que esto sea posible”, añadió.

Los coautores detallaron su experiencia en una conferencia de prensa virtual auspiciada por la Royal Astronomical Society.

“Me asusté inmediatamente, por supuesto. Supuse que era un error, pero quería mucho que no fuera un error ”, dice una de las coautoras del estudio, Clara Sousa-Silva, investigadora postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Si la fosfina realmente está flotando a través de la cubierta de nubes de Venus, su presencia sugiere una de dos posibilidades intrigantes: que formas de vida extraterrestres unen hábilmente átomos de fósforo e hidrógeno, o que una química completamente inesperada está elaborando fosfina en ausencia de vida, añade National Geographic.

“Cualquier PH3 detectable que se encuentre en la atmósfera de un planeta rocoso es un signo prometedor de vida y demostramos que la producción biológica de PH3 se ve favorecida por condiciones frías y ácidas.

“El modelo inicial basado en la bioquímica terrestre sugiere que la reducción bioquímica de fosfato a PH3 es termodinámicamente factible en las condiciones de las nubes de Venus. También hemos descrito un posible ciclo de vida de una biosfera aérea de Venus”, detalla el texto de Nature Astronomy en el apartado dedicado a explicar la fosfina y la hipótesis sobre la probable vida venusina.

El equipo encabezado por Greaves identificó por primera vez la fosfina en Venus por medio de los telescopios James Clerk Maxwell en Hawái y Atacama en Chile.

Aun cuando Venus es un planeta extremadamente caluroso, la posibilidad de que exista vida en sus nubes fue expuesta en 1967 por los astrónomos Carl Sagan y Harold Morowitz en 1967.

A pesar de la abundante presencia de ácido sulfúrico, en las nubes puede germinar vida gracias a la luz solar y el agua, además de temperaturas un poco más semejantes a las de la Tierra, explicaron.

CIUDAD DE MÉXICO. – Aunado a la epidemia de covid-19 en el país, este año se registró un brote de sarampión, con 196 casos, reconoció la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología, Santa Elizabeth Ceballos Liceaga.

“En América, en 2020, ha habido países que han presentado casos de sarampión. ¿Qué países? Canadá, Estados Unidos, Brasil, con casi ocho mil casos, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y México con 196 casos en este brote”, resaltó en la conferencia de prensa vespertina sobre el covid-19.

El 28 de febrero de 2020 se notificó el primer caso de sarampión en México a la Dirección General de Epidemiología. Se trató de una menor de edad. Una vez que tuvieron un resultado positivo por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), iniciaron el seguimiento del brote porque es una enfermedad que ya no es endémica en México.

Se hizo la identificación de todos los contactos y los casos derivaron del primero. Finalmente, confirmaron 196 casos, tres de los cuales ocurrieron en personal de salud que atendió a los pacientes que solicitaron la atención y no contaba con el antecedente de vacuna.

De estos 196 casos, la mayoría fue identificada en un grupo de edad entre 20 y 39 años. Sin embargo, cuando lo analizaron por taza de incidencia eran los menores de uno o de un año de edad. Además, lograron encontrar casos que presentaron el exantema (granitos o manchas en la piel) desde el 12 de febrero.

“Recordemos entonces que nuestro Esquema Nacional de Vacunación indica que la primera dosis de vacunación se aplica al año, por lo tanto, estos niños menores de un año no tenían la posibilidad de tener la vacuna, pero el resto de la población debería haber contado con el antecedente para brindarles la protección. El 80% de estos casos no estaban vacunados. Esto es importante porque las vacunas previenen”, indicó.

Al día de hoy, a casi cien días del último caso, dijo, no han identificado otro caso de sarampión en México.

“La enfermedad es conocida, contamos con vacuna, hay estrategias específicas, ya probadas e implementadas que están de manera constante en el país para tratar la enfermedad. Contamos con un sistema de vigilancia eficaz y eficiente que tiene décadas funcionando en el país y el personal de salud conoce la enfermedad, la puede identificar y sabe cómo tratarla para no llegar a las complicaciones”, añadió.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Veras Godoy, explicó que, de los 196 casos de sarampión, 22 se registraron en menores de un año, 135 no habían sido vacunados y 39 si lo estaban con dos dosis, lo cual, consideró, se debió a que se “bajó la guardia” en cuanto a la vacunación porque no se habían detectado casos de sarampión en México.

“Pero si ya no hay casos es importante seguirse vacunando para generar un escudo y no volverse susceptible”, añadió y convocó a la población a ser más responsable en cuanto a la vacunación de niños, porque eso ayudará a evitar que haya casos.

Se han invertido 3 mil 283 millones de pesos en vacunas como en todas las acciones operativas para vacunar en localidades donde no hay sistema de salud. Para cubrir las brechas, dijo, se está planteando las Jornadas de Salud Pública para seguir con el esquema de vacunación, del 19 de octubre al 6 de noviembre. Se espera, añadió, vacunar a 11.5 millones de niños. “La vacunación es gratuita, hagamos uso de ella”, sentenció.

Fiestas patrias

En cuanto a la posibilidad de que se reporte un aumento de contagio durante las fiestas patrias, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell destacó que existe un riesgo de que se relajen las medidas sanitarias y de prevención de contagios entre la población.

“Hay siete entidades federativas que, en concreto, hemos estado presentando que todavía tienen una etapa de meseta, como la Ciudad de México, Jalisco o bien están en ascenso como Querétaro, Colima, Nuevo León y algunas otras entidades federativas. Hay que tener un cuidado especial, la epidemia no ha acabado. Es una excelente noticia que llevemos siete semanas seguidas de descenso, que 25 de las 32 entidades federativas tengan, al menos, tres semanas de descenso y algunas ya 11 semanas de descenso en casos, pero la epidemia no ha acabado”, indicó y recomendó a la población seguirse cuidando.

Al final recordó que martes y miércoles no habrá conferencia de prensa en Palacio Nacional y que éstas se reanudarán el jueves.

CIUDAD DE MÉXICO. – Las agresiones contra el gremio periodístico en México se incrementaron 45% durante los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo d 2019, alertó la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

La organización destacó que, mientras en el primer semestre de 2019, primer año de gobierno de López Obrador, se registraron 280 agresiones contra periodistas, en los primeros seis meses de 2020 documentó 406 actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, cifra que equivale a los reportes de todo el año 2015.

Lo anterior quiere decir, según la organización, que hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas.

“De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Artículo 19 tiene registro”, señaló la organización en un comunicado.

Artículo 19 sostuvo que durante la administración de López Obrador han sido asesinados 15 periodistas, de los cuales cuatro han ocurrido este año. Las víctimas son María Elena Ferral y Jorge Valdivia, en Veracruz; Jorge Armenta, en Sonora; y Pablo Morrugares, en Guerrero.

Entre las agresiones registradas por Artículo 19 este año destacan 96 amenazas, 40 de ellas de muerte, que implican un aumento de 26% con respecto al año pasado; 91 casos de intimidaciones y hostigamiento, que representan 40% más; 36 campañas de desprestigio, que casi alcanzan las 39 reportadas el año pasado.

Artículo 19 documentó 61 casos de bloqueos informativos y alteraciones de contenido, que representan el doble del año pasado, en tanto que la organización enumeró 47 ataques físicos, que implican 80% más que las del año pasado.

En cuanto a las cinco entidades más peligrosas para ejercer el oficio periodístico por el número de agresiones registradas, la organización identificó a la Ciudad de México, con 64; Puebla, con 49; Oaxaca, con 32; Veracruz con 26 y Quintana Roo con 24.

En materia de presuntos perpetradores de las agresiones, Artículo 19 identificó en 199 casos como responsables a funcionarios públicos; en 97 a particulares; en 16 a integrantes el crimen organizado; en 7 a miembros algún partido político, y en 87 casos no se pudo ubicar al responsable de la violencia contra el gremio periodístico.

La organización destacó que, en el caso de los funcionarios, 94 corresponden a nivel estatal; 60 municipales y 45 federales.

Los tipos de coberturas de los periodistas agredidos corresponden en 192 casos temas de corrupción política; en 74, seguridad y justicia; en 65 protesta o movimientos sociales; derechos humanos 51; sector privado 10 y 5 tierra y territorio.

Para Artículo 19 resultó revelador que prácticamente la mitad de las agresiones reportadas en los primeros seis meses se hayan cometido por funcionarios como un reflejo de la “intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público”, sobre todo en el abordaje de temas como la pandemia, de ahí que 68 casos estuvieran relacionados con esa cobertura, ante la “negativa de los gobernantes a responder preguntas o recibir críticas sobre el manejo de la pandemia”.

Agregó que “existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados. En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, tanto el presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa”.

Entre los gobernadores que han incurrido en señalamientos a la prensa, la organización a Jaime Bonilla en Baja California, donde hubo 11 bloqueos y estigmatizaciones a medios críticos, y a Miguel Barbosa, en Puebla, donde se reportaron 25 agresiones.

En cuanto al papel de la delincuencia organizada en las agresiones, Artículo 19 consideró que en Quintana Roo, Guerrero, Baja California y Sonora, hay indicios de que los perpetradores de la violencia contra la prensa tendría su origen en grupos delincuenciales.

“Los asesinatos, la desaparición de un periodista por más de 48 horas, y las amenazas de muerte por grupos del crimen organizado son una constante en regiones donde la frontera entre el gobierno y el crimen organizado se vuelve difusa”, asentó.

Los meses de mayor violencia para la prensa fueron enero y marzo, con 73 registros cada uno, seguidos por febrero con 70; mayo con 67, en tanto que en abril y junio se reportaron 61 y 62 agresiones.

Además de los ataques arriba mencionados, Artículo 19 también registró 35 casos de uso ilegítimo del poder público; 26 privaciones de la libertad; 12 ataques a bienes materiales; 10 casos de remoción de contenido; 7 ataques de denegación de servicio; acceso ilícito o dominios falsos o cuentas falsas, seis casos en cada uno de estos tipos de agresiones.

La organización también documentó dos casos de desplazamiento forzado de periodistas, un caso de desaparición y uno de vigilancia ilegal de comunicaciones.

Artículo 19 destacó que, de las 406 agresiones, en 236 casos las víctimas eran hombres, 111 mujeres y 59 medios de comunicación.

La organización urgió a los tres niveles de gobierno “revertir esta tendencia de violencia”, por lo que recomendó fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas; desarrollar políticas públicas integrales que garanticen la libertad de expresión, para lo cual es necesaria “la abstención de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad”.

Asimismo, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República ejercer si facultad de atracción en casos graves contra la libertad de expresión, en tanto que recomendó a las fiscalías estatales “investigar con la debida diligencia para identificar y conducir ante los órganos judiciales a los responsables de agresiones contra la prensa”, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de delitos contra la Libertad de Expresión.

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador ya es marca registrada y su uso será gratuito siempre que sea usado “para hacer cosas buenas”.

El titular de los derechos es el propio López Obrador, hoy presidente México, quien ha dado así su autorización y la garantía de que no cobrará por el uso de su nombre y aseguró que lo hizo por pura formalidad.

“Es un asunto, vamos a decir, de formalidad, no es nada de fondo. Desde algún tiempo se tiene registrado lo del movimiento nuestro, bueno… hasta como me dicen amigos y enemigos “peje” ¿pero está registrado? Lo tiene registrado un compañero, un amigo, entonces ahora se registró el nombre, pero yo no cobro con eso”.

Es más, siendo marca registrada, el mandatario dijo que no es marca:

“No, yo no sé de marcas, es un procedimiento, vamos a decir, formal… pueden utilizarlo, autorizo, para cosas buenas a que usen mi nombre”.

El asunto ha sido objeto de seguimiento por el diario El Universal que de hecho encontró un trámite previo de Carlos Alberto Puga Bolio, que data de 2005, actualmente funcionario responsable del proyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec, a quien al parecer se refería el mandatario al hablar de un colega o amigo que tenía el registro, durante su conferencia de prensa de esta mañana.

WASHINGTON.- Lauren F. Louis, jueza federal del distrito sur de Florida, negó nuevamente la libertad condicional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lo que seguirá encarcelado para enfrentar su juicio de extradición a México.

Acusado por el actual gobernador panista, Javier Corral, de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el exmandatario priista solicitó a la corte su libertad condicional, con el argumento de que no escaparía de Estados Unidos; además, aseguró que por las restricciones de salud de la pandemia no ha podido organizar su defensa.

En un documento de cinco páginas, la juez Louis rebatió los argumentos de Duarte Jáquez y sostuvo que desde prisión el detenido ha podido comunicarse por teléfono con el equipo de su defensa.

Asimismo, rechazó la apelación de que no huirá porque siempre ha cooperado con el gobierno federal estadunidense desde hace tres años, cuando salió de México.

El exgobernador explicó que desde que llegó a Estados Unidos “se puso en comunicación y a disposición” del Departamento de Justicia cuando se enteró de las acusaciones en su contra.

La jueza le respondió que “pese a sus comunicaciones con el gobierno (estadunidense), nunca oralmente expuso su disposición a ser detenido” ante el pedido de tal acción con fines de extradición por parte del gobierno mexicano.

“La aceptación de responsabilidad que normalmente se entiende como cooperación no está presente bajo estas circunstancias, y no encuentro que sus comunicaciones con el gobierno fortalezcan sus argumentos de que no representa riegos de fuga”, se lee en la respuesta de la jueza Louis.

El exmandatario priista también alegaba que su extradición a México pone en riesgo su vida, lo que a su vez fue rebatido por la magistrada federal a cargo de la extradición.

Detenido el pasado 8 de julio en uno de los suburbios de la ciudad de Florida, Duarte Jáquez es señalado por el gobierno de Chihuahua como el responsable del saqueo directo al erario estatal por más de 4 mil millones de pesos, y del robo y desaparición de obras de arte del estado.

“Duarte sostiene que, debido a las restricciones para visitas en la prisión por covid-19, no ha sido adecuada su asistencia a sus abogados para preparar su defensa; aunque la corte reconoce las dificultades, no encuentra limitaciones que constituyan una circunstancia especial para pagar una fianza ante la petición de la extradición”, acotó Louis.

El exgobernador de Chihuahua, quien se mantenía escondido en Estados Unidos, eludió por casi tres años su captura y proceso de extradición a México, gracias a que en el último año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, éste no presionó para que se lograra.

Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, el nuevo gobierno mexicano revisó los pedidos de extradición hechos con anterioridad, y mejorando los argumentos legales logró unificar el pedido con solidez y tuvo el efecto esperado.

Ahora se espera que la juez dicte los procedimientos normales de un proceso de juicio de extradición. Y de encontrar válidos los argumentos del gobierno de México en contra de Duarte Jáquez, el exmandatario priista será entregado a las autoridades mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La propuesta, de acuerdo con la bancada morenista tiene como objetivo que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan los probables delitos cometidos durante su sexenio.

Si la consulta arrojara que no se les perdonan sus probables delitos se retiraría el proyecto pero ya se habría obtenido una opinión colectiva a favor de que se castigue a los exmandatarios.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de los legisladores de Morena aclaró que la presentación de esta iniciativa es un camino alterno a la consulta para enjuiciar a los cinco presidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018.

La iniciativa de Morena que está firmada por Pablo Gómez Álvarez y un grupo de legisladores de esa bancada se plantea si el pueblo de México puede olvidar las ofensas cometidas desde el poder ejecutivo en ese periodo de 30 años.

Delgado Carillo explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que no es válida la solicitud de consulta para enjuiciar a los expresidentes, sería muy difícil negar un ejercicio ciudadano sobre la aprobación de una ley, porque ahí no se viola nada.

De esta manera, detalló el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), si la Corte no considerara válida la petición de juicio a exmandatarios, se tendría la alternativa de la consulta sobre una Ley de Amnistía cuyo objetivo es lo que se quiere que no se apruebe.

En el cuerpo de la iniciativa presentada por Pablo Gómez se pregunta: ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los expresidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato?

Y explica el objetivo: Si la decisión mayoritaria fuera por el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el poder ejecutivo tendría que promulgarla.

Si por el contrario, la respuesta mayoritaria fuera no, el legislativo desecharía la iniciativa, pero se tendría una especie de Ley de no Olvido.

CIUDAD DE MÉXICO.- Felipe Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012, se dijo “hostigado” por  Andrés Manuel López Obrador, quien promueve una consulta popular para que la sociedad decida si juzga o no a sus antecesores en el cargo.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, respondió Calderón en un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter.

Calderón, quien fundó el proyecto de partido México Libre que aún espera sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que la consulta viola la ley y el debido proceso, además de que representa un “circo romano”.

“(La) petición de López Obrador de consulta de juicio a exPresidentes es violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad (sic)”, enfatizó.

“Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.

Y agregó: “López Obrador está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”.

Calderón, quien es señalado de otorgar un contrato ventajoso a Odebrecht, citó a José María Morelos y Pavón, prócer de la Independencia:

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

Y preguntó: “¿Quién es hoy, en el día de México, el fuerte y el arbitrario? Más respeto al ideal de nuestros próceres, presidente López Obrador”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, entregó al Senado de la República el documento con la solicitud de consulta popular sobre sobre si se debe enjuiciar o no a los expresidentes del país por la presunta comisión de delitos durante sus gestiones.

A las 11:00 de la mañana y en apenas 15 minutos, Scherer Ibarra entregó el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar una consulta popular sobre un juicio a los últimos cinco expresidentes de México, que se llevaría a cabo, según la petición, “en la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución”.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, fue el encargado de recibir la solicitud y se la entregó al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, quien debe enviarla de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva su constitucionalidad, según la Ley Federal de Consulta Popular.

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la misma, cuando la solicitud de consulta popular lo hace el Ejecutivo Federal, su titular, el presidente de la Republica, el Senado como cámara de origen debe de turnarlo de inmediato al poder Judicial federal”, dijo Ricardo Monreal al recibir el escrito.

El senador dijo que este martes el documento será enviado a la SCJN, que dispondrá de 20 días naturales para emitir una resolución sobre “la constitucionalidad o no sobre la consulta y sobre la pregunta”.

Una vez concluido el plazo, el Senado tendrá que ser notificado de la resolución 24 horas después y continuar con el trámite correspondiente. En caso de ser favorable, según el artículo 26, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación o a las comisiones que correspondan. El dictamen tendrá que ser votado por la mayoría del Congreso y de ser aprobado entonces se expediría la convocatoria de la consulta popular mediante decreto.

En este caso la pregunta que plantea al presidente López Obrador, la cual tendrá que ser analizada por la Suprema Corte, es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

De acuerdo al documento firmado por el titular del Ejecutivo Federal la pertinencia de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes se debe a “que es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales”.

Sobre su constitucionalidad, la presidencia afirma que “no contraviene la limitación establecida en el numeral 3°, fracción VIII del artículo 35 constitucional”, según la cual “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”, con el argumento de que “la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”.

El documento que el presidente envió al Senado tiene un error al citar equivocadamente el artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular como el que marca el procedimiento que debe seguir la solicitud de consulta popular enviada por el Ejecutivo y con base en ese artículo pide que la solicitud sea turnada a la Comisión de Gobernación para seguir su cauce legal.

Sin embargo, como explicó el senador Monreal, la solicitud tiene que ser remitida primero a la SCJN para que defina si es constitucional con base en el artículo 26 de la ley que es el que en realidad establece el procedimiento que debe seguir la consulta cuando es solicitada por el presidente.