- Lejos de aquel documento que presentó López Obrador en una de sus conferencias, los brotes de rebelión despiertan en diversos puntos del país. Gobernadores que se alían contra el pacto fiscal y el semáforo, alcaldes que rechazan la militarización de sus territorios….
EMEEQUIS/Alejandra Crail
“Somos muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la Federación”, dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, en abril pasado, en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19. “Ya estuvo bueno del maltrato que se nos da”.
Hablaba de la repartición “inequitativa” de los recursos fiscales por parte de la Federación. Un par de días antes, representantes del sector empresarial –impulsados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que dirige Gustavo de Hoyos– habían solicitado la revisión del pacto fiscal.
Alfaro lanzó una amenaza: “O se revisa el pacto fiscal o lo que va a generar en este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía tendremos que tomar una decisión”.
Su queja se sustenta en que Jalisco produce el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero sólo recibe menos del 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente”.
Su voz no fue la única que se levantó. Se sumaron el gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; el de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca; el de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme; Silvano Aureoles, perredista y gobernador de Michoacán; José Rosas Aispuro, panista y dirigente de Durango; así como José Ignacio Peralta, del PRI, al mando de Colima. Todos pidieron la sustitución del viejo pacto fiscal, que no considera las aportaciones al PIB de los estados.
El pacto fiscal está vigente desde 1978 y se encarga de recaudar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de ese total, sólo el 20% regresa a los estados.
Javier Corral, panista y gobernador de Chihuahua, también se postuló en la misma línea: una reforma fiscal para modificar la fórmula del 80-20: “Le dan igual a los que no hacen nada, que a los que sí”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tomó estos primeros comentarios con tranquilidad. Se dijo dispuesto a analizar el pacto fiscal, pero fue claro: la contingencia sanitaria no es el momento para hablar del tema.
Así comenzaron las rebeliones a lo largo del país. Gobernadores, presidentes municipales –en algunos casos con el apoyo de empresarios o sociedad civil– han comenzado a alzar la voz para exigir autonomía, recursos y libertades.
En contraste a lo que difundió el presidente el 9 de junio, respecto a un documento que, según su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, no se sabe si es o no auténtico, denominado Rescatemos a México y creado por un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), estas rebeliones sí han tenido efecto.
El BOA es un plan que presuntamente busca derrocar a Morena en las próximas elecciones intermedias de 2021 y entre los participantes están empresarios de la Coparmex, medios de comunicación, partidos políticos, gobernadores, entre otros.
Contra el semáforo
Pero el tema no quedó ahí. El grupo que se conformó a partir de esta solicitud siguió presionando más tarde, bajo la línea de rescatar la economía, herida por el virus que llegó de Wuhan, China, a finales de febrero. Fue así que apostaron por rechazar el semáforo, que se había establecido a nivel nacional para dar paso a la nueva normalidad.
El inicio de la nueva normalidad se programó para el 1 de junio, con lo que se abría la esperanza de la reactivación económica y avanzar hacia la apertura de negocios, actividades de construcción e incluso que aquellos estados que dependen del turismo pudieran comenzar a recibir viajeros.
Pero resultó que no. El primer mapa que mostraba el semáforo epidemiológico mostraba un México pintado de rojo, con una especie de corazón naranja que mostraba que sólo Zacatecas avanzaba hacia esa normalidad.
Los gobernadores de nueve estados rechazaron el semáforo. Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima, Guanajuato y Jalisco se negaron a seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud Federal.
“Los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados, por el contrario, parece ser que tiene un propósito político para culpar a los estados por los muertos”, sentenció Silvano Aureoles, representante de Michoacán, quien habló a nombre de siete estados del noreste y occidente del país en una conferencia conjunta.
Alfaro también arremetió en contra de la SSA. “Es impresionante el nivel de cinismo de López-Gatell. Ahora nos quiere echar la responsabilidad a los estados de iniciar un proceso de reactivación de la economía porque ya pintó a todo el país de rojo”.
Al otro lado del país, el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, dijo: “Hemos determinado que las decisiones en Yucatán no sean tomadas desde la Ciudad de México, sino que sean los expertos yucatecos quienes las tomen en el estado, por lo tanto, anunciamos el inicio de la ola uno de nuestra reactivación económica”. Así abría la puerta a la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas, despachos, hoteles y restaurantes, con una reducción en el aforo.
Más tarde, este mismo bloque le solicitaría a AMLO posponer las obras de la refinería Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía para encauzar esos recursos a la atención de la crisis sanitaria.
Por medio de redes, conferencias conjuntas y comunicados, estos gobernadores demuestran que jalan parejo, incluso para defender a uno de ellos, como a Enrique Alfaro, en torno a la represión de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López, un joven albañil presuntamente asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, a principios de junio. “Hay quienes aprovechan para querer desestabilizar”.
El BOA: bloque de gobernadores anti 4T
De acuerdo con el “Proyecto Boa”, son 14 estados los que conformarían el bloque anti Cuarta Transformación, todos gobernados por políticos de la oposición.
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán.
La mayoría de los dirigentes de estos estados han rechazado abiertamente políticas federales, principalmente aquellos que alzaron la voz en contra del pacto fiscal y los que rechazaron el semáforo de la Secretaría de Salud, que marca el paso de la reactivación económica.
Este documento se dio a conocer tan sólo días después de que los gobernadores hicieran el frente contra el semáforo epidemiológico.
En municipios y alcaldías también se rechaza el federalismo
Es 21 de octubre de 2019 y decenas de alcaldes se manifiestan en las afueras del Palacio Nacional. Exigen tener una audiencia con el presidente Andrés Manuel para obtener más recursos para obra pública.
Con cohetes, tambora y pancartas demandan que les abran las puertas de Palacio, reporta la prensa. “Salvemos a los municipios”, se lee en sus carteles. Todo termina con las y los alcaldes bañados en gas lacrimógeno.
Al otro día, López Obrador lamentó los hechos, pero culpó a los alcaldes: “Aquí no es el lugar para reclamar”. Lo llamó provocación y les recomendó que, si quieren más recursos, lleven a cabo una política de austeridad y que eviten la corrupción en sus municipios.
Los miembros de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) dijeron que no quitarían el dedo del renglón y que si era necesario cerrarían también San Lázaro. Ninguna de sus demandas prosperó.
Ahora, en medio de la Covid, lanzan un comunicado conjunto, también para sumarse a la discusión de un nuevo pacto fiscal. “Los municipios se enfrentan a diversas problemáticas derivadas del Covid-19 que demandan soluciones inmediatas y directas” y denuncian que los ingresos propios de las demarcaciones se han reducido hasta en un 50% como consecuencia del confinamiento y la falta de liquidez de las familias para cubrir sus obligaciones frente al gobierno municipal.
La carta, firmada por Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC y alcalde de Huixquilucan, Estado de México, busca así conseguir un pacto fiscal que permita a los municipios desarrollarse institucionalmente.
Pero estos brotes no han sido los únicos. La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) hizo un llamado a presidentes municipales y alcaldes a “defender la autonomía de sus municipios y alcaldías” el 18 de junio pasado.
Crearon un documento descargable para cualquier interesado que quiera ingresar una controversia constitucional y así enviarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misión: exigir que se respete y sea la propia Corte la que disponga los límites de la intervención del Ejército en la seguridad pública.
“Tienen miedo de oponerse al Gobierno Federal”
Julio Salazar, abogado de MUCD, explica en entrevista que la respuesta de presidentes municipales y alcaldes a la convocatoria fue positiva, pero que sí encontraron un temor legítimo al gobierno federal desde estas áreas: “Sistemáticamente se ha buscado debilitar a estados y municipios para que todo lo absorba la Federación. Había una tendencia a la centralización desde Calderón, pero en este gobierno ha sido más radical, incluido ir en contra de quien se oponga. Ahora es más notorio, porque el presidente sale a decir que quien no esté de acuerdo con él es la oposición, es fifí, es corrupto”.
Desde la perspectiva de la organización “es necesario que volvamos a tener contrapesos al Gobierno Federal”, por eso surgió esta iniciativa que busca impulsar la no militarización de la vida pública.
“Llevamos años viendo cómo incrementa la violencia. La presencia del Ejército en las calles sólo aumenta las violaciones a derechos humanos y la inseguridad, es más urgente que nunca, porque ahora son los militares los que, con una acción inconstitucional, están atendiendo la seguridad, que debería ser coordinada por organismos civiles”.
Según el abogado, sí hubo respuesta positiva de alcaldes que ingresaron la acción de inconstitucionalidad, que busca que la SCJN se pronuncie sobre si es o no constitucional que el Ejército haga las tareas de seguridad pública en los municipios. Pero dijo que serán ellos quienes hagan pública su postura los próximos días.
Asimismo, señaló que si bien la militarización del país no se dio en esta administración, sino en la de Felipe Calderón, fue esta la que le otorgó un marco legal que va en contra de la misma Constitución, un cambio de nombre que esconde a mandos militares realizando labores que deberían ejercer civiles: “El Congreso de la Unión está básicamente controlado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atiende las necesidades del presidente y no en materia de derechos humanos. Es un contexto político que va a empeorar la situación del país. Por eso tenemos que jalar todos hacia el mismo lado, para terminar con los años de guerra y dejar romper récords de violencia”.
Hasta el momento, sólo el Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, dirigido por Cuauhtémoc Escobedo Tejada, en Aguascalientes, ha hecho pública la presentación de la controversia constitucional en contra de la militarización: “Nuestro municipio se suma a las tareas en defensa del orden constitucional. Creemos que iniciativas como ésta vulneran los intereses del ciudadano y lo condenan a un estado de indefensión”, dijo el perredista.
@AleCrail
