- El Estado debe abstenerse de establecer políticas que obstaculicen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
- Criminalizar el aborto daña gravemente la salud y los derechos humanos de la mujer al estigmatizar un procedimiento médico seguro y necesario
- Anteponiendo los derechos humanos y las vida libre de violencia de las mujeres, los congresos locales deben despenalizar el aborto voluntario
Hace unas semanas, las bancadas del PES, del Verde, del PAN y del PRI presentaron en total opacidad a la Oficialía de Partes del Congreso de Aguascalientes otra iniciativa de reforma para modificar el artículo 2 de la Constitución local con la inclusión de la oración “derecho a la vida desde la fecundación”. Lo que seguía era lograr el consenso de los demás diputados, subirla a pleno y votarla a favor con una mayoría calificada, 18 diputados como mínimo. Pero nada de esto pasó. Aunque no es la primera vez ni será la última que lo intenten.
La iniciativa
Este nuevo documento inicia con un discurso sobre “el derecho a la vida”, pues establece que la mortal ola de violencia que padece el país, asesinatos de hombres, mujeres y niños, es precisamente por la falta de respeto a la vida que se observa en la indolencia de la sociedad y los gobiernos. Así, resalta que el Estado debe “entablar una conducta que dé lugar a la privación arbitraria de la vida, daño deliberado por acto u omisión”; también destaca que se ha instalado de forma progresiva una cultura de la “invisibilidad de la persona en cualquiera de sus etapas”, para después olvidar todos estos puntos, darle un giro y enfocarse en el “análisis científico”, sesgado e intencional de “la vida desde la concepción”.
Con todo el aparato y recursos de los que dispone el Congreso, incluyendo un Instituto de Investigaciones Legislativas, los 19 diputados -dos más de los que presentaron la iniciativa anterior en diciembre del 2018, 17- que participan en el “Proyecto de Decreto” para reconocer “la vida desde la concepción”, justificaron sus motivos en investigaciones e indagaciones de hace 50, 40, 30, 20 años, en notas periodísticas y artículos de opinión, lecturas a modo que benefician este discurso “provida” conservador. Más insultante y añejo aún: En este documento, los diputados firmantes citaron a William Harvey, un biólogo nacido en ¡1578!, de un texto que pomposamente a pie de página referencian al fragmento extraído del libro The evolution of man, de Ernst Haeckel, publicado en 1876.
La investigación sesgada es obvia cuando en sus consultas y referencias pudieron incluir otras notas informativas actuales, de este mismo año, como “El científico de la UNAM, Antonio Lazcano, explicó que las razones por las que un embrión no es considerado como una persona”, pues “A decir del biólogo desde la existencia de un óvulo y un espermatozoide hay vida, pues ‘están vivos como un cigoto’, pero la actividad nerviosa y la diferenciación celular que crea el sistema nervioso central de un embrión, no empiezan sino hasta la doceava semana de gestación: ‘Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales.’”
La criminalización a las mujeres no sólo es jurídica
Aunque esta reforma constitucional no implica la modificación al Código Penal local, que establece sanciones por Aborto a la mujer o persona que lo realice, la “iniciativa” favorece por completo un discurso y análisis retrógrada e ignorante para impedir la garantía a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, por decir lo menos, que ha sido impulsado por grupos conservadores no únicamente en Aguascalientes, sino en todo el país, con el objetivo de incluir “proteger la vida desde la concepción” o el “derecho a la vida desde la fecundación” en el artículo 2, además que negarse a retomar el tema de las ampliaciones de las causales del aborto o su despenalización para procurar el aborto legal y seguro. Incluir esta “definición” en el artículo 2 atenta directamente contra la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las violenta y las criminaliza de múltiples formas, más allá de lo jurídico.
Retomo el tema, unas semanas después, porque es obvio que estos diputados promoventes no desistirán de su propósito hasta que tengan seguros los votos necesarios para que la iniciativa se transforme en reforma, por lo que es necesario continuar con la discusión. Apenas hace unos días, un grupo de mujeres rezaba frente al Congreso para que la misericordia de dios no permita que se apruebe, repetían, la matanza de bebés. Nos urge el debate con todo y su discusión, la información, los datos científicos y la difusión de que esto no es un tema moral, sino de derechos humanos.
Los diputados contra los derechos humanos
Porque los diputados no soltarán el tema hasta cumplir con su propósito. Uno de los firmantes de la iniciativa, el coordinador de la bancada panista, Guillermo Alaniz de León, amenazó con que será hasta el próximo periodo ordinario o en un extraordinario cuando estará lista la nueva propuesta para su discusión y posible aprobación, con el dictamen de las comisiones unidas de la Familia, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales para llevarla al pleno: “Lo hemos comentado, es una iniciativa que ha presentado el PAN y que han suscrito algunos otros diputados, la idea es que tenga una muy buena mayoría para poderla presentar. Ya se presentó al Pleno en Asuntos en Cartera y pasará a comisiones como cualquier otra iniciativa, en el entendido que no se presentará si no se tiene una mayoría (…) de entrada tenemos 19 firmas, lo que nos permite de alguna manera con eso poderla presentar pero no queremos que esto suceda, queremos todavía que sea platicada y consensuada con los 27 diputados y si hay la oportunidad de presentarla, la presentaremos y si no estaremos a expensas de ello”.
La iniciativa fue expuesta por los medios de comunicación ante de que se subiera al pleno, lo que reveló la falta de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto con que debería actuar el Congreso del Estado al actuar “en lo oscurito”, por lo que la diputada por el PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, al verse descubierta su firma en el documento y preocupada por quedar bien con dios y con el diablo, aseguró que su partido se retiraría de promover la iniciativa si no se cumplían las condicionantes necesarias para no criminalizar a las mujeres.
Según ella, el texto no repercute en este acto, la criminalización, pues la mujer que aborte puede pagar “su delito” (las comillas son mías) con una pena de trabajo comunitario o “de otra índole” y se otorgarían garantías para procurar “la vida” en Aguascalientes. Dos pájaros de un tiro, tal vez pensó.
Lo que no consideró la diputada priista es que en este país no sólo se criminaliza a las mujeres con la prisión, sino con el escarnio público o familiar; tampoco destacó cuál es el beneficio para la mujer ante este tipo de sanciones: expiar el pecado, cumplir su condena, reinsertarse en la sociedad. Su limitada perspectiva de género y de derechos humanos no le permitió analizar el contexto en el que las mujeres nos desarrollamos precisamente porque el Estado detiene nuestro libre ejercicio de decisión. Al parecer, la diputada Landín Olivares desistió de su apoyo a la iniciativa después de que saliera a edulcorar las razones de su firma en esta iniciativa, que sirve totalmente para que las mujeres denunciadas por aborto sean sometidas a procesos penales largos y revictimizantes, con múltiples repercusiones sociales y económicas.
No consideró, igual que sus compañeros diputados, el estigma que el aborto aún tiene en la sociedad y que llevan consigo, en el ejercicio de sus funciones, policías, médicos, ministerios públicos y jueces, aquellos que atienden a víctimas de violación o a mujeres que sufren abortos espontáneos y que inmediatamente son tratadas como criminales, estos prestadores de servicios que niegan u obstaculizan la atención precisamente por estos estigmas, reforzados por las instituciones ante las omisiones o desatenciones, lo que repercute directamente en sus obligaciones.
El discurso es contra las mujeres
Mientras en el Congreso de Aguascalientes sigan priorizando el discurso del aborto como un atentado contra la vida, como un acto que realizan las mujeres por carecer de educación sexual o por pobres, mientras se siga considerando un delito y no un servicio de salud, el Estado continuará enviando un mensaje que incide en las creencias y prejuicios de la sociedad entera, pero sobre todo, recalco, en estos funcionarios públicos que ejercer todo su poder en contra de las mujeres cuando sospechan que se han provocado un aborto.
Y la deuda con las mujeres de parte de las autoridades continúa. En el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México, que publicó en 2018 GIRE, se destaca que es una obligación del Estado mexicano el reconocer las normas sociales y estructuras de poder que impiden el ejercicio del derecho a la salud reproductiva en igualdad de condiciones, como los papeles asignados a cada género con medidas que deben abordar y eliminar los estereotipos discriminatorios, las presunciones y las normas en relación con la sexualidad y la reproducción que subyacen en este tipo de leyes restrictivas, así como los estereotipos vinculados con la maternidad que permean el sistema penal y se materializan, entre otras cosas, en la criminalización del aborto, que castiga a las mujeres que desafían las normas establecidas con respecto a su reproducción.
Y sí, la garantía de la salud reproductiva implica que las mujeres tengamos acceso a otros derechos, como la educación, el acceso a información de métodos anticonceptivos y a éstos, lo que repercute en la eliminación de la discriminación dentro de la familia, donde sucede un alto índice de violencia doméstica y sexual y, en general, todas las formas de violencia hacia las mujeres.
El castigo de ser madre
De cualquier manera, la prohibición y criminalización del aborto no impide que las mujeres interrumpan su embarazo, pero prohibir que las mujeres tomen decisiones de forma autónoma, penalizarlas o impedirles que accedan a servicios de salud garantizados en la ley -como la NOM 046 para niñas mayores de 12 años víctimas de violación- son actos intrínsecamente discriminatorios.
GIRE señala que criminalizar el aborto, cito: “[…] daña gravemente la salud y los derechos humanos de la mujer al estigmatizar un procedimiento médico seguro y necesario. En los países donde el aborto provocado está restringido por la ley o no está disponible, la interrupción segura del embarazo es un privilegio de los ricos; las mujeres con recursos limitados no tienen más remedio que acudir a proveedores y prácticas de riesgo. Esto se traduce en una grave discriminación contra las mujeres económicamente desfavorecidas […]”, por lo que negar el acceso a abortos seguros obliga a las mujeres a ser madres o a buscar formas de interrumpir el embarazo que pueden poner su salud y su libertad personal en peligro.
Cuántos casos hemos conocido en donde las mujeres llegan a pedir atención médica por complicaciones obstétricas, abortos espontáneos, y el personal de salud la juzga, castiga y denuncia sin haberle otorgado los servicios de forma pertinente y sin respetar la presunción de inocencia, como señala GIRE, en casos de países donde las leyes contra el aborto permite que las mujeres sean encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo, pero en México, la falta de legislación, los prejuicios y la criminalización del aborto sí han llevado a someter a cientos de mujeres que llegan a hospitales con abortos en proceso y que son sujetas a tratos discriminatorios, aunque no enfrenten al final una sanción penal.
De fondo, es erradicar discriminaciones estructurales
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) establece que el Estado tiene la obligación de otorgar medidas que eliminen lo que repiten constantemente los diputados, pero sin trabajar en ello, las violencias hacia las mujeres, a través de las discriminaciones estructurales, así como la obligación de proporcionar resultados. Que no se ofrezca la igualdad en la salud reproductiva propicia y fomenta que “los factores sociales y culturales que alimentan y perpetúan el estereotipo de las mujeres como meros agentes de reproducción” se perpetúen entre la sociedad. Todas las políticas públicas, las iniciativas en materia de salud para las mujeres que suben en el Congreso se limitan a la salud materna, lactancia, sin que se incluya la anticoncepción, menos el aborto. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos han determinado que, en algunos casos, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado equivale a un trato cruel e inhumano. La criminalización de las mujeres por abortar es producto de la falta de voluntad política del Estado para cumplir con sus obligaciones.
En 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, determinó que el Estado debe abstenerse de:
- Promulgar y aplicar leyes que tipifiquen como delito los servicios y la información de salud sexual y reproductiva;
- Promulgar y aplicar leyes que penalicen el aborto;
- Establecer políticas que obstaculicen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, los requisitos de autorización de padres, madres o tribunales para acceder a los servicios, en particular para el aborto y la anticoncepción;
- Tergiversar o difundir información errónea en materia de salud sexual y reproductiva, o establecer censura.
Debe proteger:
- Y adoptar medidas para evitar que terceros obstaculicen de manera directa o indirecta el disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva.
- Prohibir e impedir que agentes privados obstaculicen el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, mediante la obstrucción física a las clínicas o la difusión de información errónea;
- Regular adecuadamente la objeción de conciencia de manera que en la práctica no impida a ninguna persona el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva;
- Velar por que las y los adolescentes tengan pleno acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva, independientemente del consentimiento de sus padres o tutores o de su estado civil, y respetando su privacidad y confidencialidad.
Debe cumplir:
- E implementar las medidas que sean necesarias -legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales- para dar plena efectividad al derecho a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo:
- Asegurar el acceso universal de las personas a una serie de servicios de calidad, particularmente la atención de la salud materna, los servicios de anticoncepción y la atención para el aborto sin riesgo;
- Garantizar la atención de la salud física y mental a víctimas de violencia sexual, especialmente anticonceptivos de emergencia y servicios de aborto sin riesgo;
- Adoptar medidas para eliminar obstáculos como costos elevados y la falta de acceso físico o geográfico a establecimientos de salud sexual y reproductiva.
- Elaborar normas y directrices para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, las cuales deben ser constantemente actualizadas para incorporar los avances médicos;
- Proporcionar una educación adecuada en función de la edad, con base empírica y científicamente exacta en materia de salud sexual y reproductiva.
El documento de GIRE también establece que en México los derechos establecidos en papel están muy lejos de los servicios a los que tienen acceso las personas, en este caso el aborto por causales, ya sea por desconocimiento de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones, porque imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto y se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; así como, otra vez, se continúa con criminalización de mujeres con emergencias obstétricas. Deja muy claro que el enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las personas denunciadas, su familia y la relación con su comunidad.
Con esto y anteponiendo los derechos humanos y las vida libre de violencia de las mujeres, los congresos locales deben despenalizar el aborto voluntario, por lo menos durante el primer trimestre de la gestación.
En el Congreso de Aguascalientes volverán a subir otras iniciativas similares que dicten “el derecho a la vida desde la concepción”, mientras que Michoacán podría ser el segundo estado del país en donde se legalice el aborto. ¿Por qué? Porque ahí sí hubo un diputado que, junto con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, presentara una vez y otra más, la iniciativa de ley para despenalizar el aborto en ese estado. El diputado Tony Martínez aseguró que su interés es que principalmente las mujeres no corran ningún riesgo al practicarse abortos de manera clandestina. Si ese es su argumento, está bien, a ninguna se obliga a abortar, pero todas tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
En Aguascalientes, no hemos dejado de pronunciar los nombres de los 19 diputados que pretender “defender la vida desde la concepción”, pero ¿y el resto de los diputados alguna vez han tenido en sus agendas presentar la iniciativa de despenalización del aborto?
¿La propondrá la bancada de Morena y sus diputados José Manuel González Mota, Heder Pedro Guzmán Espejel, Erica Palomino Bernal, Cuauhtémoc Cardona Campos, Natzielly Teresita Rodriguez Calzada? ¿La trae en su agenda de izquierda el PRD con Jorge Saucedo Gaytán? ¿Lucía Armendáriz del PRI; Mario Armando Valdez del Panal? ¿El costo político es demasiado como para priorizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres? Todos ellos votarán en contra la iniciativa, un regalo mínimo si ninguno de ellos ha propuesto la despenalización del aborto, no para que sea aprobado como acto de fe, en Aguascalientes esa lucha será larga y complicada, sino para mantener la discusión vigente, para que la sociedad debata, se informe, se arranque los estigmas, para propiciar la discusión urgentísima, consciente, lejos de dogmas religiosos y basada en las investigaciones científicas y en los derechos humanos. Las mujeres seguiremos abortando con o sin permiso. Garantizar los derechos reproductivos y sexuales nos alejará un poco de la violencia que vivimos.
@negramagallanes
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Consulta aquí el informe de GIRE: https://bit.ly/2zEl3AU
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Ellos son los diputados que pretenden frenar nuestro derecho a una vida sin violencia: Dennys Gómez; Guadalupe de Lira Beltrán; José Manuel Velasco Serna; Mónica Becerra Moreno; Alejandro Serrano Almanza; Guillermo Alaniz; Karina Ivette Eudave Delgado;María Irma Guillén Bermúdez; Salvador Pérez Sánchez; Paloma Amézquita; Enrique García López; Aida Karina Banda Iglesias; Patricia García García; Gladys Ramírez Aguilar; Mónica Jiménez Rodríguez; Sergio Augusto López; Margarita Gallegos Soto; Juan Manuel Gómez Morales; Elsa Amabel Landín.
