Francisco Aguirre Arias, comisionado en funciones de presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, presentó una denuncia formal en contra del exgobernador el estado, Carlos Lozano de la Torre, ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado. La denuncia presentada a nombre del Sistema Estatal Anticorrupción es contra Lozano de la Torre y/o quien resulte responsable por el caso “NISSAN II” en donde se señalan presuntos actos de corrupción, conflicto de intereses y ejercicio indebido del cargo público.
La demanda emana de los hechos revelados el pasado 9 de febrero de 2020 en el reportaje titulado, “Operación NISSAN II: La gran inversión que exprimió el dinero público de un Estado”, publicado por el medio nacional Proceso con el título “Nissan y el gobernador Lozano armaron negocios con terrenos donados” en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. En el reportaje, elaborado por las periodistas Jennifer González y Mónica Cerbón, se hace un análisis a detalle de [mark]las negociaciones, acuerdos, transacciones y disposición de los terrenos para la instalación de la Planta No.2 de Nissan en el Estado.[/mark]
Esta es la denuncia interpuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes ante la Fiscalía Anticorrupción del estado:
Aguascalientes, Ags. a 17 de febrero de 2020.
Lic Jorge Humberto Mora Muñoz.
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Presente.
Francisco Miguel Aguirre Arias, mexicano, casado, mayor de edad, con estudios de maestría, actualmente Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, conforme al acuerdo CPC-SEA-039-23/01/2020, así como integrante del Comité de Participación Ciudadana desde el dos de febrero de 2019 según consta en el acuerdo CSSA-A01/19 del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y, documentos que exhibo mediante copias simple y certificada respectivamente, anexas al presente escrito; y señalando como domicilio para oír todo tipo de notificaciones: Avenida Las Américas 1622 piso 3 , fraccionamiento Valle Dorado, código postal 20235 de la ciudad de Aguascalientes en el estado del mismo nombre, ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo que:
Derivado de que el objeto del Sistema Anticorrupción es la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, por medio del presente ocurso, hago del conocimiento de esta honorable autoridad, los siguientes hechos, para que en caso de que constituyeran algún delito, se ejerza acción penal en contra del C. Carlos Lozano de la Torre Gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes en el periodo 2010 a 2016 y/o en contra de quien o quienes resulten responsables.
HECHOS:
1.- En fecha 09 de febrero de 2020 conocí que la revista que se comercializa bajo el nombre de “PROCESO”, en su semanario de información y análisis No. 2258, del 09 de febrero del presente año, publicó lo que a continuación se describe:
I.- En la cuarta página se puede leer: “ÍNDICE” /No. 2258. 9 de febrero de 2020” “10 CORRUPCIÓN Nissan y el gobernador Lozano armaron negocios con terrenos donados/ Mónica Cerbón y Jennifer González”.
II.- En las páginas numeradas del 10 al 12, puede leerse:
“Nissan y el gobernador Lozano armaron negocios con terrenos donados.
El gobierno de Aguascalientes encabezado por el priísta Carlos Lozano adquirió terrenos de tres comunidades para donarlos a la armadora de automóviles Nissan, entre otros incentivos a la inversión. Sin embargo, la transnacional vendió esas tierras en 2015, transacción que gestionó un hombre de confianza de Lozano y que sólo fue legal por las modificaciones a la Ley que impulsó el entonces gobernador.
Aguascalientes, Ags. En Agoto de 2015 Nissan Mexicana vendió en 17 millones de dólares los terrenos que el gobierno de Aguascalientes le donó entre 2011 y 2014 para instalar su segunda planta. Reformas legales impulsadas por el entonces gobernador priista Carlos Lozano permitieron que personas cercanas a él y la transnacional recibieran millonarios recursos públicos; a cambio, Nissan prometió generar empleos, pero en los últimos años estos disminuyeron y sus condiciones son cuestionables.
Fue Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, que en octubre de 2011, le expuso al Gobierno Estatal la intención de invertir 2,000 millones de dólares en una nueva planta, A cambio exigió condiciones preferenciales: que se le donaran aproximadamente 500 hectáreas de terreno y se desarrollara infraestructura suficiente para dar viabilidad a su inversión.
El gobierno aceptó. Entre 2011 y 2014 adquirió, através del Fideicomiso de Inversión y Administración para el desarrollo Económico del Estado (FIADE), 523.9 hectáreas de los Ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina por un monto superior a 814 millones de pesos y posteriormente donó 437.84 hectáreas a Nissan Mexicana. El Acuerdo del Comité Técnico en el que se aprobó la compra y donación de las tierras, igual que todas las actas de cesión de ese Organismo, están clasificados como información reservada.
Con el argumento de que se generarían 3 mil empleos directos, en 2012 el Congreso Local autorizó a Lozano para contratar deuda pública hasta por 1055 millones de pesos. Además de los terrenos, que ya habían comenzado a adquirirse, con la deuda se otorgarían otros incentivos a Nissan y se construirían infraestructura urbana para su nueva planta.
REFORMAS A LA MEDIDA
En 2012 Carlos Lozano envió una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Patrimonial que le permitiría donar bienes públicos sin solicitar la aprobación del Poder Legislativo –lo que implicaba negociar con otras fuerzas políticas- ni detallar las condiciones u objetivo específico de las donaciones.
Además del perredista Gilberto Carlos Ornelas, que votó en contra, 7 priistas encabezados por el Diputado Gabriel Arellano dejaron el recinto para abstenerse de votar.
Al preguntarle a Arellano si existió presión del Ejecutivo Estatal, relata; “sí la hubo. Recuerdo muy bien a uno de los Diputados que estaba ahí y le habló el jefe del gabinete (Javier Aguilera); lo puso en el altavoz; “son indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro cabrón. Sales y votas como yo te lo mando.”
Sin embargo la reforma se aprobó por mayoría con ayuda de la bancada del PAN. A partir de entonces, los fideicomisos estatales pueden donar inmuebles y bienes públicos sin transparentar las condiciones de la operación.
Gracias a eso, Nissan Mexicana pudo vender en 17 millones de dólares los terrenos donados. En junio de 2015 la armadora Japonesa y su socia Alemana, Daimler AG, anunciaron la apertura de una fábrica de automóviles de lujo y construyeron la empresa Coperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS), que el 25 de agosto de 2015 pagó a Nissan Mexicana 17.3 millones de dólares (293.6 millones de pesos al tipo de cambio de la época) por 109.65 hectáreas del mencionado terreno.
El convenio entre el gobierno de Aguascalientes y Nissan estableció que los recursos públicos entregados a la armadora, tenían la finalidad de instalar una fábrica de vehiculos pero el FIADE le dio a la transnacional carta libre para disponer de los predios al incluir en las escrituras una cláusula de donaciónn “sin restricción alguna”.
Al respecto, el abogado fiscalista Marco Ramírez señala que la venta de las tierras y las correspondientes reformas legales son inconstitucionales.
“Todo lo que son bienes del Estado tiene una finalidad y un destino, que siempre va a ser público. Eso es por Constitución (…). El Estado puede tener bienes para el uso privado pero, aunque el uso del bien sea particular, es parte del patrimonio del Estado y se tiene que utilizar para el interés social (…). Si dicen que no hubo un daño al erario, sí lo hubo porque el Estado lo donó y Nissan lo vendió. Ahí se comprueba que (el Estado) lo pudo haber vendido.”
Sobre la venta de tierras a Compas, el experto en Derecho corporativo Saúl Favela precisa que no fue ilegal, pero sí una operación poco común entre alianzas corporativas como la establecida entre Nissan y Daimler.
“Por lo menos en la escritura de donación, no hay ninguna restricción. El gobierno del Estado debió justificar por qué está donando y establecer por lo menos alguna condición para que la empresa adquiriente pudiera destinar los bienes a los fines que se establecen y no para venderlo”, explica.
PROMESA INCUMPLIDA
Inicialmente, la armadora rebasó los 3 mil empleos que había prometido, pero fueron mal pagados y recientemente ha recortado las plazas…
(…)
EL GESTOR DE LOS LOZANO
Los contratos de compraventa obtenidos del Registro Público y los ejidatarios entrevistados identifican a Juan Antonio Jáuregui Verdín como la persona que gestionó la venta de parcelas al FIADE en 2011.
Un ejidatario de Peñuelas describe la forma en que lo consiguió: “llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas con él. Visitaron a todos los que tenían tierras. Iban a negociar, los manipulaban. Ellos ponían el precio, uno según negociaba, pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado, con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido y, ¿Cómo iban a pasar a su tierra? Fueron encerrando a la gente por que quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus propiedades, los acorralaron”.
Según los contratos de compraventa notariados, por cada terreno el FIADE hizo una transferencia bancaria a nombre del vendedor y otra a favor de Jáuregui Verdín, que cobró una comisión del 2.5% del precio por metro cuadrado. El fideicomiso le pagó al menos 19.5 millones de pesos.
Pero oficialmente Jáuregui es un desconocido. El FIADE respondió a dos solicitudes de información que no tiene registro de contratación o pagos por gestoría a su nombre. Sin embargo, entregó una lista de transferencias que reconoce y de las cuales admitió que no conserva respaldo documental, pero en ninguna de ellas aparece Jáuregui Verdín.
Jáuregui no es desconocido para la familia Lozano. En enero y julio de 2011, meses antes de que gestionara los terrenos para el FIADE, vendió poco más de 20 hectáreas de los predios Corpus Cristi y la Campana, contiguos al rancho del Gobernador Lozano, a la esposa de este, Blanca Rivera Río Flores.
El conocido de los Lozano, volvió a gestionar la venta de tierras que Nissan hizo a través del fideicomiso 15053-02-02 en Peñuelas. Pese a ser privado, ese fideicomiso también recibió recursos públicos (39.2 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas Estatal) para adquirir un terreno del Instituto de vivienda y 4.6 millones del FIADE para la compra de otro terreno.
Además, el FIADE asesoró a este fideicomiso en la adquisición de más tierras.
Según los contratos de las compraventas realizadas mediante el mencionado fideicomiso de Nissan, Jáuregui Verdín elevó su comisión al 6% del precio por cada metro cuadrado que la compañía compró. En consecuencia, cobró 3.2 millones de pesos más.
Otro personaje cercano a Lozano que se benefició con ésta inversión fue José de Jesús Aguirre Campos. Su constructora, Grupo PROFEZAC, aplanó los terrenos donde se construyó la Planta A2 trabajos para los cuales el Gobierno de Aguascalientes entregó 276.3 millones de pesos a Nissan Mexicana.
El convenio marco firmado entre el Gobierno de la Entidad y la empresa el 23 de marzo del 2012 establece los lineamientos para otorgar a esta recursos públicos. Aunque la SEDEC del actual gobierno, encabezado por el panista Martín Orozco los reservó a inicios de la Administración y hasta 2022, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) resolvió un recurso de revisión presentado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y ordenó entregar una versión pública del documento en un plazo que vence después del cierre de esta edición.
Un funcionario de la Administración del priista Carlos Lozano permaneció en la de su sucesor el panista Martín Orozco: Mario Vega Garza, actual administrador del FIADE. Lo fue también en 2015, cuando además fungió como Coordinador Jurídico, y en 2012 fue Delegado Fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE. Hasta el cierre de esta edición no accedieron a ser entrevistados Vega Garza ni representantes de Nissan Mexicana.”
De las afirmaciones vertidas por la revista Proceso que se transcribieron anteriormente, se desprenden acciones presuntamente realizadas por el Exgobernador del Estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, las cuales, podrían encuadrar algunos tipos penales.
Ahora bien, por parte del ciudadano que suscribe y con mi carácter de Comisionado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, al realizar un análisis de los hechos vertidos con anterioridad, se expresan las siguientes posibles inconsistencias o irregularidades encontradas:
1.- Que un particular (Nissan) condicione su inversión a la entrega gratuita de tierras (alrededor de 500 hectáreas), y aceptación del Estado de esa condición.
2.- Contratación de deuda pública para adquirir los terrenos expresamente solicitados por Nissan, por conducto del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE), instancia que comenzó la compra antes de que el Congreso del Estado aprobara dicha deuda.
3.- Compra irregular de tierras ejidales y falta de pago de entre 3 y 5 hectáreas, hoy propiedad de Nissan.
4.- Reforma legislativa para permitir a los fideicomisos donar inmuebles y otros bienes públicos sin sujetarse al trámite que se requiere para los bienes del Estado, trámite que prevé, por ejemplo, autorización del Poder Legislativo.
5.- Acuerdos de reserva de información sin sustento constitucional, en este caso, sobre el Convenio Marco firmado entre el Gobierno del Estado y Nissan Mexicana del 23 de marzo del 2012.
A efecto de robustecer mi dicho, anexo al cuerpo de la presente denuncia un ejemplar original de la revista que se comercializa con el nombre de “PROCESO”, No. 2258. 9 de febrero de 2020; la solicitud de información con folio 00104420 realizada al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, cuyo contenido es el siguiente:
- Contratos y/o convenios realizados por el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes en el que comprende desde el 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2016.
- Actas y dictámenes de las Comisiones Técnicas de Infraestructura Productiva; de Financiamiento para el Desarrollo Empresarial; de Integración de Cadenas Productivas y Desarrollo de Proveedores y de atracción de inversiones, en periodo que comprende desde el 01 de enero de 2010 al 31 de enero de 2016.
Del mismo modo se adjuntan copias de los oficios obtenidos de la solicitud de información número 00528919 y que se describen a continuación:
- Oficio dirigido a Lic. Hipólito Treviño Lacea Secretario Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de Aguascalientes, signado en fecha 20 de noviembre de 2011 por el titular del Poder Ejecutivo Carlos Lozano de la Torre, así como por Antonio Javier Aguilera García, entonces Jefe de Gabinete, en el que le propone al Comité mencionado la adquisición de “500 hectáreas de terreno que en su momento alguna o algunas empresas le requieran”.
- Misiva de fecha 05 de diciembre de 2011 firmada por el Ing. Armando Ávila Moreno, Vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana en el que sugiere al Lic Treviño Lacea se realice la adquisición de un predio consistente en 436.51 hectáreas.
Se incluye copia de la resolución 0492/19 del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes que en su resolutivo número quinto ordena crear versión pública, impresa o electrónica de la solicitud de información 00528919 en la que se pide “versión digital de los documentos que contengan el intercambio de comunicaciones (informes, oficios, correos electrónicos de cuentas institucionales, etc.) sus respuestas y archivos adjuntos entre funcionarios públicos de esta dependencia y con otras entidades públicas y privadas respecto a la instalación de la planta A2 de Nissan en el Estado de Aguascalientes, de enero 2010 a diciembre de 2016”.
Por todo lo anteriormente vertido, de la manera más atenta, eficiente y eficaz le solicito a Usted ciudadano Fiscal especializado en Combate a la Corrupción, tenga a bien iniciar las correspondientes indagatorias a fin de determinar si se está ante la comisión de hechos que pudieran resultar constitutivos de delito y en su defecto se sancione a los partícipes o involucrados en dicha comisión de los hechos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo primero de la Ley Orgánica del Ministerio Público: el artículo 127, 221, 222 del Código Nacional de Procedimientos penales.
Atentamente
Francisco Miguel Aguirre Arias
